Exigen no utilizar a personas en movilidad como moneda de cambio en las elecciones

Foto: Especial/Gabriela Coutiño

Las 32 organizaciones e integrantes de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica reunidos en la asamblea 2023 manifestaron su preocupación y ratificaron su compromiso con las personas migrantes forzadas y las condiciones que enfrentan en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá.

Entre ello, pidieron se eliminen los obstáculos para acceder al asilo y promover alternativas accesibles de regularización migratoria.

Así como no utilizar a las personas migrantes como moneda de cambio en las próximas contiendas electorales que tendrán lugar en varios países de la región. Ni priorizar los intereses económicos o políticos como factor de negociación en los acuerdos y cumbres migratorias.

Sin olvidar la garantía de protección de la vida, la seguridad, integridad y la no criminalización de quienes les defienden y acompañan.

En nuestro trabajo de acompañamiento directo, investigación e incidencia, hemos sido testigos de la agudización de las condiciones de vulnerabilidad e inseguridad de las personas en contexto de movilidad, expresaron.

La Red visibilizó las diferentes formas de violencia que obligan a las personas a huir han provocado un cambio en el perfil tradicional, que se traduce en una mayor presencia de familias, mujeres, niñas y niños en las rutas migratorias.

Hemos observado la llegada de diversas nacionalidades que se suman al flujo histórico, lo que hace más complejas las necesidades de acompañamiento. A pesar de que la migración es un fenómeno intrínseco a la historia de la humanidad, cada vez más interconectada, nos encontramos en un contexto de absolutización de la soberanía, que se evidencia en la política de externalización de fronteras impulsada por EE.UU con la colaboración de los países de la región, puntualizaron.

Al mismo tiempo, las organizaciones detectaron un recrudecimiento de las políticas contradictorias e intencionalmente confusas, que atrapan a las personas migrantes en las distintas etapas del proceso migratorio, y prolongan sus trayectorias dejándolas en un callejón sin salida.

Una muestra de ello, son los acuerdos bilaterales y regionales poco transparentes que se han realizado desde la Declaración de Los Angeles de 2022, a espaldas de la ciudadanía, profundizando la securitización y militarización, bajo el falso e hipócrita discurso de atender las causas de la migración y de promover una migración ordenada, segura y regular,  ejemplificaron.

Dichas políticas han creado obstáculos al derecho al asilo, especialmente para las personas más vulnerables, un derecho fundamental que ha existido desde la Convención de Ginebra de 1951 y, para el continente americano, en la Declaración de Cartagena de 1984.