En un año, Chiapas triplico agresiones a personas y comunidades defensoras de derechos ambientales

La protesta pacífica es un derecho que se encuentra protegido por el derecho internacional de los derechos humanos; es también una vía para exigir otros derechos humanos y para denunciar violaciones a los mismos. Cortesía: Amnistía Internacional

*23 de las 32 entidades federativas tienen registrado, por lo menos, un evento de agresión. Chiapas se ubica en la quinta posición con un incremento alarmante al pasar de 5 en 2021 a 19 en 2022.

Redacción por Leonardo Montoya

En México, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan graves riesgos. El Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA) registró 197 eventos de agresiones a personas y comunidades defensoras de derechos ambientales.

Dichos eventos, incluyen 24 casos de asesinatos, 7 de desaparición forzada, 7 de ejecución extrajudicial, 148 casos de intimidación, 116 de hostigamiento, 64 de amenazas, 61 de agresiones físicas, 20 de estigmatización y 2 casos de espionaje preocupantes debido al posible uso del aparato estatal como mecanismo de vigilancia.

Al menos el 45% de los eventos de agresión fueron responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno. En el contexto de protestas, CEMDA registró 3 casos de represión que presentaron un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales.

En ese sentido, Amnistía Internacional (AI) presentó el informe “México: tierra y ¿libertad?  criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”, donde aborda el estudio de cuatro casos de criminalización de protesta: dos en Chiapas, uno en Puebla y otro en Yucatán.

La protesta de la Colonia Maya

Miembros de la Comunidad Colonia Maya, Chiapas. Foto: Amnistía Internacional / Nicole Millar

El primer caso presentado en Chiapas es la de Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, Eustacio Hernández Vázquez, Lucero Aguilar Pérez, Martín López López y Miguel Ángel López Martínez, quienes integraban la Mesa Directiva de la Colonia Maya. Iniciaron la defensa por la tierra y el medio ambiente en contra de la construcción de un fraccionamiento.

Dicho centro poblacional, fue desarrollado por la inmobiliaria Bienes Raíces la Moraleja, en la zona de conservación ecológica del predio rústico “Carmen Guadalupe”, ubicado en la Colonia Maya, en San Cristóbal de Las Casas.

Todo esto debido a que causarían daños ambientales, desequilibrio ambiental y provocarían inundaciones y daños en la Colonia Maya. Adicional a ello, la construcción se inició sin desarrollar evaluaciones de impacto ambiental y social.

En la mañana del 7 de abril de 2017, realizaron una protesta pacífica bloqueando el acceso de los vehículos de construcción e impidiendo la salida de una máquina retroexcavadora y su operador, su salida se permitió con la condición de que se construyera una zanja de infiltración. Esto duró 20 horas, periodo en el que no se presentó ninguna clase de daños materiales resultantes del bloqueo.

De izquierda a derecha: Martín López López, Miguel Ángel López Martínez, Elizabeth del Carmen Suárez Díaz y Eustacio
Hernández Vázquez, parte de la mesa directiva de Colonia Maya. Foto: cortesía.

Sin embargo, el 23 de mayo de ese mismo año, el apoderado de la inmobiliaria presentó una denuncia en contra de la Mesa Directiva de la Colonia Maya, por asociación para delinquir en modalidad de pandillerismo, asociación delictuosa, ataques a la vía pública, daño a la propiedad y delincuencia organizada.

Posterior a ello, el operador los denunció por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Esto ocasionó que el 16 de agosto de 2018, se librara una orden de aprehensión en contra de la Mesa Directiva, por el delito de privación de la libertad agravado por ser cometido por más de dos personas.

Pese a esto, el 26 de junio de 2019, del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Chiapas, otorgó el amparo y protección en contra de la orden de aprehensión para los integrantes de la Mesa Directiva de la Colonia Maya y lideres de la comunidad.

La construcción de un cuartel de la Guardia Nacional

Comunidad de Chilón, Chiapas. Foto: Amnistía Internacional / Nicole Millar

Por otro lado, la mañana del 15 de octubre de 2020, el pueblo de Chilón se manifestó de manera pacífica en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en su territorio.

Como respuesta, el gobierno mandó alrededor de 300 integrantes de policías municipales, del estado y de la GN, quienes reprimieron la protesta ejerciendo violencia.

Al menos 11 personas resultaron heridas y se llevaron a cabo las detenciones de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores comunitarios tseltales pertenecientes a esa región, ambos siendo heridos en la cabeza al momento de su detención.

Los defensores fueron acusados del delito de motín en agravio de la sociedad, siendo trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14 “El Amate”.

En la audiencia del 1 de noviembre se modificaron las medidas cautelares para que llevaran su proceso en libertad bajo caución, debiendo presentarse a firmar de manera periódica cada 15 días al Juzgado, y restringidos a no salir más allá de los municipios de Chilón y Ocosingo.

El 3 de mayo de 2023, se condenó a Hernández Feliciano y Gutiérrez Hernández a 2 años de prisión por el delito de motín, recuperando su libertad al pagar una multa de poco más de 6 mil pesos mexicanos.

Cuartel de la Guardia Nacional, Chilón, Chiapas. Foto: Amnistía Internacional / Nicole Millar.

Ante lo expuesto, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades nacionales para que valoren el papel de dichos individuos y refuercen su protección a través de mecanismos existentes.

Por último, instaron a investigar las violaciones de derechos humanos, retirar los cargos en los casos activos y proporcionar capacitación a los fiscales para abandonar los procesos penales en contra de las personas defensoras.