Dejen de utilizar el derecho penal quién puede acceder al aborto, piden ONG´s a personas candidatas de 2024

Foto: Alma Martínez

Decenas de organizaciones locales y nacionales hicieron una declaratoria, tras una serie de encuentros realizados en los anteriores días. Entre los acuerdos que se alcanzaron, se destaca la armonización de los marcos normativos, códigos penales y leyes de salud de todas las entidades federativas, con los más altos estándares de garantía de derechos, eliminando el tipo penal y atendiendo el aborto como un asunto de salud pública.

Ddesser Chiapas y Mi Útero Feliz A.C, organizaciones reconocidas a nivel local, participaron en dicha reunión nacional desde la Ciudad de México del 19 al 21 de octubre. Entre ellas, participaron personas trans, no binaries, indígenas, afromexicanas, activistas, acompañantes de aborto, y mujeres con discapacidades, todas feministas procedentes de organizaciones, colectivas y redes de 28 estados del país.

Nos congregamos con un propósito claro y urgente: fortalecer una visión compartida sobre el estado actual del aborto en nuestro país, y propiciar un espacio de análisis, reflexión y construcción colectiva de una agenda hacia el futuro en materia de despenalización y acceso al aborto seguro en México,  externaron.

Coincidieron en la necesidad de implementar una variedad de estrategias para avanzar en la despenalización y acceso al aborto seguro, incluyendo enfoques legales, judiciales, de acompañamiento y despenalización social.  Así como que la legalización no debe ser un mero gesto simbólico, sino un proceso integral y sostenible que garantice la libertad de decisión sobre nuestro propio cuerpo.

Por tanto, en la antesala de las elecciones del 2024, consideraron fundamental abordar los desafíos para garantizar la salud y los derechos reproductivos, incluyendo el aborto legal y seguro.

En primer lugar, hicieron un llamado a las personas quienes aspiran a puestos públicos y de representación –locales, estatales, federales y autoridades comunitarias– para que se comprometan a dejar de utilizar el derecho penal para determinar quién, en qué condiciones y bajo cuáles circunstancias puede acceder a un aborto de manera legal y segura, abandonando el modelo de plazos, causales y escenarios para erradicar así la posibilidad de criminalizarlo.

Asignar presupuestos suficientes, a nivel federal y local, destinados a garantizar servicios de salud de calidad para acceder a abortos seguros, para garantizar que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan acceder a servicios oportunos, adecuados y de calidad.

Asegurar el abastecimiento de medicamentos y otros insumos necesarios para la práctica segura de abortos en los sistemas de salud pública. Asimismo, instamos a eliminar barreras que obstaculizan el acceso a medicamentos como el misoprostol y la mifepristona. Al mismo tiempo asegurar el acceso integral a servicios de salud reproductiva, considerando tanto la orientación sexual e identidad sexo-genérica, como las condiciones de salud y situación migratoria de cada persona.

Por último, capacitar y sensibilizar para que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso a servicios de salud reproductiva para mujeres y personas con capacidad de gestar, incluyendo a todas las que han sido históricamente vulneradas.