Comuneros de Frontera Corozal acusan inacción contra crimen organizado, continuan policías retenidos

La Selva Lacandona ocupa formalmente 1.8 millones de hectáreas. Foto: Ángeles Mariscal

Pobladores de Frontera Corozal, comunidad ubicada en la Selva Lacandona, colindante con Guatemala, mantienen retenidos a 8 policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, desde el pasado 12 de octubre.

Los policías retenidos son Ramón Sánchez Cruz, comandante; Thania Alejandra Sánchez Blass, Gilberto Nanguelu Moreno, Juan Carlos Hernández Salinas, Edivaldo Vázquez Pérez, Pascual Roque Bolóm, Julio Cesar Bolón Martínez y Daniel Alberto Gómez Jiménez.

Los policías iban a bordo de dos patrullas cuando la población, la mayoría indígenas lacandones, les impidió el paso y les pidió que se identificaran, ya que desde el pasado mes de septiembre, la comunidad se organizó e instaló retenes para impedir que integrantes del crimen organizado entren al lugar.

Según los pobladores, los policías no se quisieron identificar, por lo que decidieron bajarlos de las patrullas, desarmarlos y retenerlos. Luego, quemaron las patrullas y exigieron al gobierno de Chiapas su intervención para detener a integrantes del crimen organizado que usan a la comunidad para el tráfico de mercancía y personas.

La comunidad asegura que los cuerpos policiales y de seguridad han actuado en complicidad con los cárteles de la droga, por lo que el pasado 8 de septiembre hicieron una marcha multitudinaria para exigir al gobierno su intervención; sin embargo las amenazas contra la población se incrementaron, particularmente contra las autoridades de la comunidad.

Una semana después de la manifestación, ante las amenazas y la imposibilidad de transitar por la selva sin ser emboscado, el gobierno federal tuvo que usar un helicóptero para sacar a cuatro autoridades y sus familias.

Tres de ellos son ex autoridades comunales: Chankin Kimbor Chambor I; Pepe Chambor Yuc y Oscar Kimbor Chambor Chanajkin, así como el actual presidente del Consejo de Vigilancia, Chankin Kimbor Chambor II.

Desde entonces, la población de Frontera Corozal mantiene retenes en la entrada a su poblado, y fue en uno de ellos donde retuvo a los policías el 12 de octubre. De acuerdo a los familiares de los policías retenidos, algunos uniformados les llamaron para decirles que los tenía la comunidad, y que lo que piden es que la SSyPC los identifique como integrantes de la corporación y garantice que no trabajan para alguno de los cárteles de la droga.

Los familiares, esposas, hermanas e hijas, mantienen desde el sábado una manifestación afuera de las instalaciones de la SSyPC. La señora Rosa Aurora, esposa del policía Pascual Roque Bolón, pidió la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno “les dé a esas personas (comuneros de Frontera Corozal) lo que están pidiendo”

“Que nos dé la cara y nos diga qué es lo que está pasando. ¿Porque no le dan a esas personas lo que piden? Que atienda el problema, son sus elementos (…) Tememos por su vida”, dijo la mujer.

Yuriver Vázquez, hermana de otro policía, explicó que las autoridades de Chiapas les dijeron que la retención de los uniformados “es supuestamente conflictos políticos». No nos dicen más”.

En tanto, a través de un comunicado, la SSyPC dijo que “los elementos de la Policía Estatal Preventiva se encontraban realizando sus funciones policiales en dicha comunidad; sin embargo, al existir inconformidad por parte de un grupo de habitantes, fueron retenidos”.

Explicó que han sostenido reuniones de diálogo en Palenque y en dicha comunidad, “y se continúan realizando acciones de atención a través del área de Derechos Humanos de esta institución para que a la brevedad los compañeros sean liberados”.

Además de Frontera Corozal, habitantes San Javier y Nueva Palestina, las tres comunidades más grandes de la selva Lacandona, han realizado marchas multitudinarias para exigir al gobierno su intervención para detener las acciones de los grupos del crimen organizado en la zona.