Grupo trabajo sobre detención arbitraria de la ONU visitará Chiapas

Presos indígenas.  Cortesía Chiapas denuncia.

El Grupo Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detención Arbitraria informó que visitará el país; entre ellos al estado de Chiapas, del 18 al 29 de septiembre de 2023, para evaluar la situación de la privación de libertad.

Durante la visita, el Grupo de Trabajo visitará diversas partes del país incluyendo la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas. Todo ello, para reunirse con representantes de instituciones gubernamentales, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y con otros actores interesados.

La delegación de personas expertas está compuesta por Matthew Gillett, Ganna Yudkivska y Miriam Estrada-Castillo.

Dicha delegación visitará lugares de privación de la libertad, incluidas cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial.

En especial, las personas expertas realizarán una conferencia de prensa el próximo 29 de septiembre a las 13:00 hora local en el Salón de Conferencias Prebisch de la CEPAL México, ubicado Ciudad de México.

Contexto local

Familiares de presos. Foto: Ángeles Mariscal

En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó la campaña “Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas”; donde exigen la libertad inmediata a personas defensoras acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron que existe un patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas bajo las siguientes características: colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del estado de Chiapas para la fábrica de culpables.

Además de la complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación.

También, se caracteriza por las acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, así como la participación de autoridades comunitarias y privaciones arbitrarias a la libertad (PAL).