En el segundo trimestre de 2023, registran mil 189 agresiones contra defensoras y organizaciones
*Dos defensoras fueron asesinadas, ambas en Guanajuato, México: la buscadora Teresa Magueyal y la defensora trans Ivanna Pantoja.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) dio a conocer a través de su “Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras: abril a junio 2023”, mil 189 agresiones contra 319 defensoras y 24 organizaciones.
De esas agresiones, 687 se produjeron en el marco de acciones colectivas de defensa de derechos humanos, afectando a al menos 204 defensoras. Mientras que, 445 tuvieron carácter personal, afectando a 127 defensoras.
Además, 57 estuvieron dirigidas contra 24 organizaciones. Siendo el hostigamiento (13%) la agresión más frecuente, seguida de amenazas (7%) y de la desprotección legal ante procesos de judicialización arbitrarios (5%).
Los Estados siguen siendo nuestros principales agresores, siendo responsables de 6 de cada diez agresiones registradas, dijo IM-Defensoras.
Por otro lado, durante este trimestre, en México registraron agresiones contra quienes defienden el derecho a la información y libertad de expresión (27%). Destacaron el ataque sufrido por el portal feminista SemMéxico, cuyo trabajo informativo es la defensa y promoción de los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista, al ser hackeado y objeto de amenazas y mensajes de carácter intimidatorio.
También, indicaron que siguen siendo muy significativas las agresiones contra defensoras que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación (25%), en la figura de madres y familiares buscadoras.
En especial, les pareció doloroso es el asesinato de Teresa Mayaguel, buscadora del colectivo “Una promesa por cumplir”; mientras que resultan muy preocupantes los actos de intimidación y vigilancia al que son sometidas integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Acerca de El Salvador, resaltaron las agresiones que se siguen perpetrándose en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022. Destacando el despliegue militar alrededor del territorio de la Comunidad de Santa Marta, ocurrido en mayo.
Dicha comunidad, histórica por su rol fundamental en la aprobación de la ley contra la minería metálica, está enfrentando la criminalización de sus líderes y ataques contra sus familiares.
A ello, se suman otras agresiones contra defensoras ambientalistas y líderes comunitarios, así como acoso digital y estigmatización en redes sociales por parte de cuentas de supuestos simpatizantes del partido de gobierno y cuentas troll.
En Honduras, las agresiones contra las defensoras que defienden la tierra, territorio y medio ambiente (82%), quienes sufrieron al menos 438 agresiones, de las cuales 420 fueron durante acciones colectivas.
No cesan la persecución y los ataques contra el pueblo garífuna, continúan los asesinatos contra líderes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), así como los ataques contra la espiritualidad y cosmovisión garífuna, como la quema de la Casa de Salud Ancestral, ubicada en la comunidad de San Juan, indicó la Iniciativa Mesoamericana.
Así mismo, realizaron un llamado a la acción por la liberación de Nolvia Obando, criminalizada por defender la tierra, a quien le fue otorgada la posibilidad de defenderse en libertad tras permanecer presa desde marzo, cuando fue detenida de manera ilegal durante el desalojo policial que vivió junto a sus compañeras de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas.
En Nicaragua, está en primer plano las agresiones contra quienes defienden el derecho a la participación política y a participar en espacios de toma de decisiones (35%). Desde el mes de marzo, han identificado un nuevo patrón de redadas territoriales y barriales acompañada de detenciones arbitrarias masivas y criminalización a defensoras de derechos humanos o sus familias.
Algunos de esos procesos de criminalización están ligados a medidas sustitutivas distintas a la prisión, pero en la práctica han observado que el aislamiento provoca los mismos efectos y una mayor dificultad de las organizaciones para monitorear su situación.
Por otra parte, la Iniciativa ha documentado agresiones contra quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación (27%). Destacaron que continua la política de aniquilamiento de la sociedad civil y la organización popular a través del cierre de organizaciones feministas y que trabajan por los derechos de las mujeres, persecución y criminalización de liderazgos locales y comunitarios.
Desde 2018, un total de 233 organizaciones que trabajan los derechos de las mujeres, feministas, niñez y juventud nicaragüense han sido canceladas de forma ilegal, y a 15 de éstas les han sido confiscados sus bienes.
La violencia contra las defensoras en el ámbito digital cada vez está más presente. Durante este segundo trimestre hemos registrado 33 agresiones digitales a nivel regional, agregó IM- Defensoras.
De estas, 19 agresiones estuvieron dirigidas contra defensoras en lo personal. Entre las más significativas destacan el ciberacoso o ciberbulling y el hackeo de redes sociales, correo electrónico o página web.
Y, 13 fueron perpetradas contra organizaciones, destacando acciones que promueven el odio y la violencia en redes, así como la suplantación, usurpación y robo de identidad electrónica; hackeos y ciberacoso o ciberbulling.
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