COPINH exigen confirmar sentencia en contra de David Castillo por el asesinato de Cáceres

La justicia para Berta Cáceres está en peligro. Cortesía: COPINH

*En noviembre de 2018, un veredicto histórico condenó a siete hombres por el asesinato de Cáceres. Sin embargo, tres años después, la justicia aún no ha confirmado las sentencias y desde 2022 se espera que se confirme en uno de los principales responsables: David Castillo.

*Para firmar por la Justicia para Berta Cáceres: No Más Impunidad, da click aquí.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) comunicó que continúa luchando por la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres, líder indígena y defensora de los derechos humanos.

A pesar de algunos avances en el proceso judicial, indicaron que todavía persisten obstáculos que impiden la confirmación de las sentencias para los responsables. Entre ellos, se encuentran: David Castillo, ex-director ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), propiedad de la familia Atala Zablah, quien fue señalado como coautor del crimen.

Así como, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, también está implicado. Pues, se le acusa de haber identificado a Cáceres como objetivo para acabar con la oposición al proyecto.

Sumándose, Douglas Bustillo, exjefe de Seguridad de DESA, quien coordinó acciones con Castillo, miembros del ejército hondureño y grupos paramilitares en relación al ataque mortal contra la líder indígena.

El Tribunal de Sentencia condeno a David Castillo, coautor del asesinato de Cáceres a 22 años y 6 meses de prisión. Cortesía: COPINH.

Así mismo, Mariano Díaz Chávez, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Edilson Atilio Duarte Meza, todos miembros de un grupo sicarial, quienes fueron implicados en el asesinato de la defensora.

El COPINH enfatizó que, a pesar de los avances logrados en el caso, aún no se ha afirmado de manera definitiva las sentencias para los responsables del asesinato. Ya que, en noviembre de 2018, siete hombres fueron declarados culpables, entre ellos se encontraban Bustillo, Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Rápalo Orellana, Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez y Hernández Rodríguez.

Las defensas de los siete condenados presentaron el recurso de casación, una herramienta legal que permite impugnar una sentencia ante un tribunal de mayor jerarquía. Además, se utiliza para revisar si se cometieron errores de derecho en el proceso judicial.

El caso de David Castillo, quien fue hallado culpable en 2021 y sentenciado en 2022, también enfrenta la falta de confirmación de su sentencia, agregó el Concejo Civico.

Por lo que, es imprescindible que se confirme la sentencia y se brinde justicia a la familia de Cáceres, al COPINH y a las víctimas involucradas en el caso. Aunado a ello, la sociedad hondureña espera con urgencia la confirmación de las sentencias como un paso crucial hacia la justicia plena.

Desde el COPINH continuamos luchando por la justicia y la memoria de Berta Cáceres, una incansable defensora de los derechos humanos. Es necesario mantener la presión y la solidaridad para garantizar que la justicia prevalezca y que se ponga fin a la impunidad en este caso emblemático, dijo el Concejo.

La justicia para Berta Cáceres está en peligro. Cortesía:

Por otro lado, resaltaron que el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso ha alcanzado un punto crítico y la demora en resolver el caso está teniendo un impacto significativo en las víctimas y en la búsqueda de justicia.

Ya que, la tardanza en resolver ese caso envía un mensaje preocupante a nivel nacional e internacional. Al ponerse en duda la capacidad del sistema de justicia hondureño para actuar de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Ante la prolongada demora en resolver el caso de la defensora, el COPINH hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia presidida por Rebeca Ráquel, a que confirme las sentencias ya emitidas.

Mientras que al Ministerio Público le solicitó que realice las capturas y enjuiciamiento las personas responsables.

Al Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, y al poder ejecutivo, presidido por Xiomara Castro, que realicen los cambios normativos y de política pública para que se garantice la justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición para las víctimas, comunidades indígenas y personas defensoras de los territorios por los crímenes cometidos.