Defensores tseltales de San Juan Cancuc a la expectativa del recurso de apelación
*Existe un patrón de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos, quienes suelen ser acusados de delitos que no cometieron, detenidos de manera arbitraria, en varios casos torturados y su detención ha sido prolongada a través de la prisión preventiva oficiosa: Frayba.
La Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas celebró el 22 de agosto, la audiencia de alegatos de segunda instancia por el caso de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.
Los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc fueron privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022,; en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, ubicado en esa ciudad de los Altos.
Por lo que, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó ante el Tribunal las violaciones cometidas durante el proceso de fabricación de culpables. Así pues, fueron exhibidas las deficiencias y contradicciones probatorias resultantes de un montaje de pruebas y que pese a ello la juez de primera instancia resolvió condenarlos.
El Frayba indicó que, el Tribunal también escuchó las innumerables violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia que los jueces de primera instancia no tomaron en cuenta para perpetuar ese proceso de represión.
Así mismo, enfatizó que los magistrados Julio César Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josué Alejandro Utrilla Bravo, tienen hasta el 25 de agosto para decidir sobre el recurso de apelación.
Es decir, tienen una nueva oportunidad de dictar una sentencia absolutoria, que permita que los defensores tseltales puedan recobrar su libertad y su proyecto de vida junto a sus familias.
Los cinco compañeros defensores tseltales han caminado en diferentes procesos de defensa de la tierra y el territorio, así como en contra de la militarización, acentuó el Centro de Derechos Humanos.
También, recordó que ese 29 de mayo de 2022, en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Municipal, tres de los defensores fueron detenidos de manera ilegal en San Juan Cancuc, para después ser desaparecidos por más de 24 horas.
Por si fuera poco, fueron acusados por la Fiscalía de Justicia Indígena de haber sido detenidos en flagrancia, por posesión de drogas en San Cristóbal, en una fecha posterior a la de su real detención.
Después, los tres defensores fueron acusados, procesados de manera judicial y condenados por un homicidio del cual no tienen ninguna responsabilidad, delito fabricado por el que se encuentran luchando por su libertad.
El Frayba agregó que, con motivo de la acusación por delitos contra la salud, dos integrantes de la comunidad acudieron a atestiguar la falsedad sobre la versión de la detención. Como reacción, la Fiscalía Indígena decidió detenerlos y acusarlos del homicidio mencionado.
Esta simulación no hace sino visibilizar la perversión del sistema en el que se articulan autoridades de los tres niveles de gobierno para estigmatizar a defensores indígenas en Chiapas. Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que hemos observado se trata de un patrón que es necesario desmantelar, apuntó el Frayba.
Por lo expuesto, hicieron un llamado urgente a las personas, organizaciones y colectivos solidarios a instar al Poder Judicial del Estado a dictar una sentencia que sea absolutoria, de carácter progresista, imparcial, acorde a derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos y con perspectiva intercultural.
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