Consejera Zelmira Gutiérrez, una decisión unilateral del ejecutivo

Procesos de designación judiciales en el país. Cortesía: México Evalúa.

 *A nivel federal y local, la investigadora observa una baja calidad de los procesos de designación, su escasa transparencia y los nulos espacios para la participación ciudadana; cuyo efecto es generar incertidumbre en torno a la idoneidad de los perfiles seleccionados.

Alejandra Quezada, investigadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, dio a conocer que el reciente episodio de la detención de Angélica Sánchez, jueza estatal de Veracruz, demostró lo dañino que puede resultar la captura política de los altos cargos judiciales.

Y, detalló lo que pasa cuando las magistradas y magistrados son designados no con base en criterios “meritocráticos”, sino por sus afinidades políticas. Por ello, señaló que de manera lamentable, la mayoría de los procesos de designación judiciales en el país siguen respondiendo a una lógica que puede generar infortunadas consecuencias.

Pues, es recurrente que tanto a nivel federal como local los nombramientos de magistradas, magistrados o consejeras y consejeros de la judicatura estén cobijados por la opacidad, discrecionalidad y el reparto de cuotas, o están “congelados” por falta de acuerdo político.

No olvidemos que hace más de un año que el Senado no designa a un consejero o consejera de la judicatura federal, proceso que antes de mandarse a la congeladora se caracterizó por su falta de transparencia y de participación ciudadana, detalló Quezada.

En ocasiones, no se realiza el proceso o se hace con deficiencias, y en otras los perfiles designados no sean idóneos para el cargo, ni independientes. Esto le preocupa porque incumple con los estándares internacionales referentes a los procesos y perfiles para las designaciones del personal judicial.

De manera reciente, dos de esos procesos llamaron en particular la atención. Uno, la designación de cuatro personas magistradas en Jalisco, y otro más de una consejera de la Judicatura en Chiapas.

En el caso de Jalisco, las vacantes se “abrieron” cuando dos magistrados se retiraron por haber alcanzado los 70 años, uno más optó por la jubilación de retiro voluntario y otro no fue ratificado para ocupar el cargo en un segundo periodo.

Congreso del Estado de Jalisco. Cortesía: UDG

Así, en la primera quincena de diciembre se emitieron dos convocatorias públicas para designar a quienes ocuparían las cuatro vacantes disponibles, “bajo el principio de paridad de género”, subrayó la investigadora.

Ambas convocatorias anunciaban la postulación y publicación de perfiles en enero, la realización de las evaluaciones –de entorno social, examen de conocimientos, entrevistas individuales y evaluaciones de currículum por parte del Comité de Participación Social– durante febrero y la designación por parte del Pleno del Congreso de Jalisco a más tardar el 9 de marzo. Sin embargo, se llegó a mitad del año y las designaciones no se han realizado.

Sólo se dio a conocer el motivo de tal omisión en el caso de una de las vacantes. El mismo 12 de diciembre, cuando se aprobaron las convocatorias, se supo que el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez había presentado un amparo y obtenido una suspensión provisional, con el que se mantendría en el ejercicio del cargo hasta que se resolviera el fondo del litigio, comentó la investigadora.

En consecuencia, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco, en sesión extraordinaria del 18 de enero, acordó suspender la convocatoria respecto a esa vacante, precisando que la otra vacante de la misma convocatoria seguiría su curso.

No obstante, el 24 de enero el Congreso suspendió en su totalidad las dos convocatorias sin explicar por qué, y hasta hoy no las ha reactivado ni ha emitido nuevas, lo que ha generado afectaciones en el Tribunal, pues a decir de su presidente, tres magistrados han tenido que trabajar el doble para “sacar” el trabajo.

Por otro lado, en Chiapas, la designación de una consejera de la Judicatura sí se realizó, pero el proceso no cumplió con estándares de objetividad, rigor, transparencia y participación ciudadana, lo que impide saber si la persona nombrada es apta.

Congreso del Estado de Chiapas. Foto: Congreso del Estado

La investigadora resaltó que, la Constitución de Chiapas establece que la composición del Consejo es de cinco integrantes, el presidente y cuatro personas que sean o que hayan sido magistradas y magistrados o juezas y jueces, estos son designadas por el Legislativo; dos a propuesta de quien presida el Tribunal Superior de Justicia del Estado y dos por el titular del Poder Ejecutivo.

La designación más reciente correspondió con este último supuesto; es decir, intervinieron únicamente órganos políticos: el Poder Ejecutivo para la propuesta y el Legislativo a cargo de la decisión final, añadió Quezada.

En contraste, con la recomendación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de las magistradas, magistrados, abogadas y abogados, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apunta a que un órgano independiente sea el que realice ese tipo de designaciones.

Por lo demás, señaló que no fue posible encontrar una convocatoria o documento con el que se diera inicio al proceso de selección emitido por el Ejecutivo.

Pero, afirmó que esto no es extraño, ya que por lo regular no se realiza una convocatoria, ni existe un proceso de selección como tal, pues se trata de una decisión unilateral del Ejecutivo. El problema es que resulta imposible saber bajo qué criterios el Ejecutivo llegó a la propuesta que presentó.

Ficha realizada a la magistrada de Chiapas
Ilustración México Evalúa.

Es así que a mitad de la opacidad y sin un proceso objetivo y meritocrático visible, el gobernador de Chiapas entregó al Congreso el oficio OG/0020/2023, que tampoco se encuentra publicado, a través de este hizo del conocimiento de los diputados y diputadas locales que “nombró como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a Zelmira Perla de Rocío Gutiérrez Beltrán, quien se desempeña como Jueza de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

El proceso en el Congreso fue exprés, sin transparencia, participación ciudadana ni un análisis minucioso. En efecto, según el acta de la sesión del Congreso del 13 de abril, apenas tres días después de la recepción del oficio del Ejecutivo se dio lectura a dicho oficio y al currículum de Gutiérrez Beltrán, y se sometió a discusión.

Ésta debió permitir la intervención de dos oradores en contra y de dos a favor, lo cual no tuvo lugar, ya que nadie solicitó el uso de la voz. Por ello, acto seguido el nombramiento se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, aun y cuando la lista de asistencia de esta sesión solo comprendía a 30 legisladores. En ese mismo momento se tomó protesta a la jueza, ahora como consejera, expuso la investigadora.

De la consejera Gutiérrez Beltrán, dijo que se sabe que es licenciada en Derecho, con maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho Penal, con varios cursos acreditados, un par de actividades docentes y una trayectoria de casi 30 años en el Poder Judicial estatal, donde inició su carrera como actuaria.

En la prensa se reporta que en 2019, cuando era jueza de control, fue cambiada de adscripción, luego de señalamientos por parte de policías y abogados en su contra, según por haber ordenado la no vinculación a proceso de presuntos delincuentes a cambio de sobornos.

No se sabe si estas acusaciones fueron investigadas, comprobadas o desmentidas. De cualquier forma, la simple existencia de los señalamientos ameritaba que los órganos encargados de la designación realizaran el análisis, con mayor razón cuando la designación corresponde a un puesto que tiene entre sus responsabilidades la vigilancia, disciplina y sanción del personal del Poder Judicial, indicó Quezada.

Por todas esas deficiencias, el proceso dejó inquietudes. Aunque al menos la designación se realizó, cosa que no se puede decir para los casos del Poder Judicial de Jalisco o del Consejo de la Judicatura Federal.

De no haberse hecho, el Pleno del Consejo de la Judicatura no podría sesionar ya que sólo tiene tres miembros, es decir, funciona apenas con el quorum mínimo, y no se sabe por qué siguen vacantes las dos posiciones cuyos aspirantes deben ser propuestos por quien presida el Tribunal Superior de Justicia del Estado.