Familiares de tseltales privados de su libertad denuncian a la Fiscalía Indígena y a jueza por falta de seriedad
*El Poder Judicial del Estado de Chiapas sentenció a 25 años de prisión a los defensores tseltales Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, quienes fueron detenidos de manera arbitraria por defender su territorio en 2022.
A los 15 meses de su detención, encarcelamiento y condena de 25 años de cárcel, familiares de Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, dieron a conocer que, este 22 de agosto se llevó a cabo la audiencia de apelación de los cinco presos de San Juan Cancuc.
Así mismo, el pueblo creyente, derechos humanos y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) se unieron a las familias de los presos, para denunciar a la Fiscalía Indígena y a María Guadalupe Flores Rocha, jueza de primera instancia, por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados.
Lo anterior, se debe a que no tomaron en cuenta las pruebas. Por ejemplo, “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo -del miembro de la Policía Municipal del cual son culpados- realizada hasta los 40 días después su fallecimiento y el no realizarle la prueba de taxología, así como la alteración del acta de defunción corregida a mano y con corrector”.
Tampoco, investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, y la policía recogió con vida a Antonio Aguilar Pérez a las 05:00 horas y hasta las 10:00 horas fue entregado ya muerto a su familia.
Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal, dijeron los familiares de los presos.
Por lo que, exigieron a los magistrados Julio Cesar Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josué Alejandro Utrilla Bravo de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, dicten una sentencia de segunda instancia apegada a derecho y a la constitución.
Al mismo tiempo, ordenen la liberación inmediata de los cinco presos de manera injusta, ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena.
Caso
El 6 de junio de 2022, Manuel Sántiz Cruz compareció ante el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, y fue ligado a proceso por el supuesto delito de “homicidio calificado” contra un miembro de la Policía Municipal de San Juan Cancuc.
Mientras que, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, fueron arrestados el 01 de junio de ese mismo año, al acudir al juzgado a testificar a favor de Sántiz Cruz, además de ser vinculados a proceso por el mismo delito.
De acuerdo con el Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), durante la audiencia, la Fiscalía aportó pruebas que no determinaban la causa de la muerte del miembro de la Policía Nacional. Además, los testimonios aportaron información contradictoria.
Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) recordó que Sántiz Cruz fue arrestado el 29 de mayo de 2022, por miembros de la Policía Municipal de San Juan Cancuc y de la Guardia Nacional, quienes no presentaron una orden de aprehensión ni informaron al defensor tseltal sobre el motivo del arresto.
Tras comparecer ante el Ministerio Público el 30 de mayo, por el supuesto delito de “posesión de drogas”, fue liberado sin cargos al día siguiente. Sin embargo, después de su liberación, fue de nuevo arrestado, esta vez por el supuesto delito de “homicidio calificado”.
Por lo que, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 el 01 de junio. Pérez Velasco y Pérez Domínguez fueron arrestados por el mismo delito en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas y trasladados al mismo penal que el Sántiz Cruz.
La detención arbitraria y criminalización de Sántiz Cruz se dio en un contexto de oposición a la presencia del Ejército de México y de la Guardia Nacional en Chiapas, así como a la ampliación de la llamada “Carretera de las Culturas”, por parte del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc y de 45 comunidades indígenas tseltales del municipio de San Juan de Cancuc.
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