Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, publican radiografía de la situación actual de Chiapas
Chiapas un desastre. Cortesía: Frayba
*Confirmaron que, de los fenómenos con mayor agudización en el estado es el desplazamiento forzado interno. Sus dinámicas muestran formas particulares de violencia que involucran patrones de acción local y cotidiana vinculados al control territorial.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó su informe “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”; en la que entre otras conclusiones, indicaron que el Estado se encuentra en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados; quienes utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial.
Lo anterior, marcado por una estrategia contrainsurgente continúa, así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social. El aumento de la violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos: desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos y tortura.
Hemos documentado, entre el año 2010 y el mes de octubre del 2022, el desplazamiento forzado de al menos 16 mil 755 personas. Del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2 mil personas (400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos criminales, apuntó el Frayba.
El periodo en que se enfoca el informe 2020-2022, está caracterizado también por una disputa abierta de la tierra recuperada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, lo que ejemplifica cómo está operando la contrainsurgencia hacia el proyecto zapatista. Ya que son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones corporativistas alineadas con el Estado, así como por una reconfiguración territorial a partir del proyecto “Sembrando Vida” de la actual administración federal.
Dicho periodo está marcado también por una crisis pandémica que hizo más notorio y profundizó el racismo estructural y la discriminación, al evidenciar la marginación, altos índices de pobreza, precariedad y falta de acceso a servicios sanitarios básicos, al no existir cobertura en las zonas en que se encuentran.
En ese ámbito, las Naciones Unidas hicieron un llamado a tomar medidas particulares, por ejemplo, “asegurar la disponibilidad de datos desglosados sobre los pueblos originarios, en particular sobre las tasas de infección, mortalidad, repercusiones económicas, carga de la atención y la incidencia de la violencia, incluida la violencia basada en el género”.
Así mismo, el Frayba ubicó las condiciones actuales inducen a profundizar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, tierra y territorio, así como de periodistas y comunicadoras, lo que trae consigo un aumento de las agresiones; que constituyen un fenómeno constante y sistemático para silenciar las voces de denuncia, con actos como amenazas e intimidaciones, y campañas de desprestigio.
En la mayoría de los casos los perpetradores no son identificados, investigados, ni castigados, la impunidad continúa en este gobierno de la “Cuarta Transformación”. Pues, en el ámbito global, México es uno de los países con más asesinatos de personas defensoras y periodistas, y con mayor impunidad en este tipo de crímenes.
Predomina la violencia estructural facilitada por las instituciones y las leyes, al no garantizar ni proteger los derechos humanos, por un sistema normativo que se aplica de forma discriminatoria y como estrategia represiva, agregó el Centro de Derechos Humanos.
Bajo esas circunstancias, las defensoras y defensores de derechos humanos están sujetos a sufrir abusos y amenazas en el marco de sus actividades de defensa. La falta de reconocimiento a su labor sería uno de los patrones que se repiten en América Latina y llamarlos: delincuentes, terroristas, amenazas para la seguridad o “extremistas, es un ejemplo de desprestigio y abona a su agresión.
Aldama, Chiapas; marzo de 2018. Desde el pasado 25 de febrero inició lo que a la fecha son 750 personas en situación de desplazamiento forzado a manos de grupo armado de las comunidades de koko, Tabak y San Pedro Coizilnam en em municipio de Aldama, región Altos del estado de Chiapas, México.
Tierra y territorio
Por otra parte, el informe precisa la política económica gubernamental con características neodesarrollistas del Estado mexicano en un rol activo en las políticas públicas y en el mercado, lo que impulsa la explotación de recursos naturales, materias primas, además provoca un aumento del gasto social para poblaciones vulnerables.
Aunado a ello, justifica el apoyo de megaproyectos de infraestructura, junto a una promoción de actividades productivas bajo el argumento de crecimiento de la economía, creaciones de empleos y desarrollo de las regiones como el sur del país.
La reconfiguración territorial del sur-sureste incluye la fragmentación de pueblos y comunidades, a partir de corredores multimodales o grandes vías de comunicación y flujo energético, que impactan de manera directa elementos que son parte de la vida social comunitaria o espiritual, lo que modifica dinámicas sociales y culturales.
La región está afectada tanto por la ruta marcada por el Tren Maya, que da la apertura a regiones ricas en biodiversidad, expuestas a diversas formas de explotación, junto a una integración económica con las economías de los países centroamericanos, a partir de retomar el planteamiento del corredor biológico mesoamericano, mencionó el CDH.
En ese sentido, señalaron que Programas como Sembrando Vida o Moscamed sirven para profundizar el despojo a partir de la implementación de proyectos en pueblos y comunidades que consolidan el corporativismo territorial y tensionan las estructuras comunitarias hasta generar conflictos que permiten su administración y control territorial a partir de la fragmentación y violencia.
Un ejemplo del uso de la violencia, corporativismo y la fragmentación comunitaria es Chicomuselo, en donde empresas mineras, políticos y grupos criminales ejercen a través de violencia y miedo el control territorial, político y económico.
En el ámbito global, México es uno de los países con más asesinatos de personas defensoras y periodistas, y con mayor impunidad en este tipo de crímenes.
Gobernanza criminal
En Chiapas se ha agudizado el tráfico y consumo de drogas, homicidios, feminicidios y desapariciones. Es decir, se fortaleció la triada gobierno, empresas y delincuencia organizada.
Actúan e interactúan con funcionarios, en las estructuras de gobierno, con planes políticos y económicos; las autoridades de los diferentes niveles tienen también una participación variada con distintos grupos criminales, expuso el Frayba.
Lo anterior, genera disputas por el control territorial, violaciones graves a los derechos humanos a nivel estatal y federal por acción y omisión, aquiescencia respecto a su obligación de proteger, respetar y garantizar la vida, libertad e integridad personal, seguridad y paz a la población.
Su presencia es histórica, sin embargo, hay un punto de quiebre, el evento del mes de julio de 2021, cuando en la capital del estado iniciaron los reacomodos y disputas en la región. Desde entonces se han presentado en la entidad disputas por el control del territorio por grupos criminales con una violencia exacerbada, particularmente en Frontera Comalapa, La Trinitaria y con intensidad en comunidades como Chamic, añadió el Frayba.
No obstante, el 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, fue asesinado Simón Pedro Pérez López, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, por denunciar la violencia de un grupo criminal que controlaba el municipio de Pantelhó a través del terror y la violencia.
Familia de Simón Pedro. Foto: Frayba
Un mes después, Gregorio Pérez Gómez, fiscal de Justicia Indígena, fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas. Otro evento registrado es la del 8 de junio de 2022, con la ejecución de Rubén Valdez Díaz, alcalde de Teopisca, ejecutado por hombres armados que le dispararon en la cabeza mientras abordaba su vehículo afuera de su domicilio.
Un año después, en junio del 2022, en medio de una disputa por el control del Mercado de la zona Norte de San Cristóbal, por más de cuatro horas fue tomada esa parte de la ciudad por decenas de hombres con armas de grueso calibre y equipo táctico de comunicación.
Fue una zona de guerra que recordó las férreas disputas por el control de la plaza en estados como Tamaulipas, Sinaloa o Jalisco, con coches incendiados, calles cortadas, y grupos criminales y células delincuenciales armadas a plena luz del día en medio de la inacción de los distintos niveles de gobierno, detalló el Centro de Derechos Humanos.
La violencia más al sur se hizo visible luego del proceso electoral de junio de 2021. De acuerdo con notas periodísticas, en Frontera Comalapa habrían ocurrido los primeros hechos de violencia de carácter postelectoral, tras el pacto del ex candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con un grupo civil armado.
Enseguida, la crisis de violencia se generalizó a todos los municipios de la frontera de México con Guatemala, con enfrentamientos armados entre grupos que se disputan el control territorial y económico del corredor fronteracentro.
Cabe resaltar que, desde hace años, Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán son utilizados como vías para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro de personas; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica, resaltó el Frayba.
El informe es un esfuerzo realizado desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, por llevar a cabo una radiografía de la situación actual con énfasis en Chiapas y con un corte temporal que va del año 2020 al 2022.
Desplazamiento
Para finalizar, los conflictos comunitarios, políticos y desastres naturales han sido a lo largo de la historia recurrentes en el estado.
En la actualidad la construcción de megaproyectos como presas hidroeléctricas, extracción de hidrocarburos, minería, fracking, así como carreteros y turísticos, aunado a la violencia generada por una diversidad de grupos armados que controlan las regiones, constituyen las amenazas más evidentes y principales motivos de expulsión de los pueblos de su territorio.
A nivel nacional, el fenómeno se ha incrementado en la última década, a raíz de la espiral de violencia vinculada a la complicidad de funcionarios del Estado mexicano con la delincuencia organizada, dijo el CDH.
Si bien no hay cifras oficiales, organizaciones no gubernamentales estiman que hoy en día existen entre 400 mil a 700 mil personas desplazadas internas en México. Al respecto, Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló la necesidad de crear un registro federal de personas desplazadas.
El desplazamiento afecta a pueblos originarios como a mestizos, e impacta en la vida de las personas y en sus dinámicas de vida social y comunitaria. Esto implica la pérdida de proyectos de vida y fractura la vida cotidiana, recuerdos, prácticas culturales, así como bienes materiales e inmateriales.
En el caso de pueblos y comunidades, ese fenómeno los expulsa de sus tierras y los aproxima a una búsqueda de la vida en medio del vacío al verse obligados a salir para sobrevivir. En el caso de Chiapas, el fenómeno se sitúa dentro de un proceso más amplio de violencia generalizada que parte del Conflicto Armado no resuelto desde 1994, que dejó miles de personas desplazadas.
Desplazados de Chalchihuitán. Foto: Ángeles Mariscal
Así pues, el Frayba documentó entre 2010 y octubre del 2022, el desplazamiento de al menos 16 mil 755 personas. Tan sólo entre el 2018 y el 2022, se desplazaron de forma permanente como intermitente 3 mil 499 personas del municipio de Aldama y 5 mil 023 de Chalchihtitan.
En julio de 2021, en Pantelhó y Chenalhó documentaron 3 mil 200 personas en esa situación, en el ejido Guayabal Esquipulas, municipio de Chapultenango, 87 personas salieron de sus hogares, mientras que en 2022, en el ejido Santa Martha, municipio de Chenalhó, se desplazaron 250 personas.
Así mismo, el territorio zapatista ha sufrido los agudos efectos del desplazamiento, en la región del Caracol 10, «Floreciendo la Semilla Rebelde», de la Junta de Buen Gobierno «Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad», con sede en el municipio oficial de Ocosingo, 150 personas han sido desplazadas, con el uso de armas de grueso calibre, por grupos corporativistas.
Frente a los hechos, el Frayba ha intervenido ante los gobiernos federal y estatal denunciando las agresiones, amenazas y desplazamiento forzado hacia las Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), perpetrados por grupos vinculados al poder local y bajo la protección de funcionarios del gobierno mexicano.
A través del diálogo con las iglesias, organizaciones que trabajan en la zona y casos documentados por el Frayba, se estimó que en la región fronteriza se han registrado un aproximado de 2 mil personas que tienen que abandonar sus comunidades a raíz de la violencia derivada de las disputas entre grupos criminales por el control del territorio.
Las consecuencias físicas, psicológicas y los efectos sociales sobre las poblaciones afectadas, derivados de ese fenómeno, así como de su prolongación en el tiempo, constituyen daños irreversibles equiparables a la tortura, pues las condiciones que se generan, marcadas por la precariedad y la violación sistemática de derechos humanos, se prolongan a menudo de manera indefinida implicando un desgaste emocional de angustia y desesperación, indicó el Frayba.
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