Aeropuertos intensifican el modelo extractivista, despojo y saqueo de territorios
*La publicación del nuevo informe destaca la lucha de más de cinco siglos de los pueblos indígenas por su autodeterminación y autonomía.
El nuevo informe «Aeropuertos y conflictos en México» de Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas A. C. y Stay Grounded-Permanecer en la Tierra, ofrece un análisis del sector de la aviación en el país.
Así mismo, incluye una categorización de aeropuertos, aerolíneas operadoras, movilidad de los pasajeros aéreos, planes de inversión actuales, así como los intereses que impulsan la inversión masiva en infraestructura aeroportuaria.
Dicho informe señala a 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados.
Así pues, Castro señala que México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina; 41% de habitantes del país vive en la pobreza, las posibilidades de la mayoría de viajar a un destino nacional o internacional son bajas. Y, destaca la poca importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.
Antes de la pandemia de Covid-19, el número de pasajeros aéreos estaba en constante aumento, llegando a los 97.3 millones de pasajeros en 2018 – 46 millones de tráfico aéreo internacional y 49 millones de viajes aéreos nacionales-, un aumento del 58.8% y 62.5% en comparación con los niveles de 2013.
Sin embargo, Castro indica que la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como única. Tan solo grupo ADO movió alrededor de 476 millones de pasajeros en 2018, lo que representa casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos en el país.
Por otro lado, enfatiza que la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino en el actual. Desde 2018, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado nuevas inversiones aeroportuarias en el país.
En 2019, dice que la infraestructura aeroportuaria fue el sector más beneficiado bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal. Sólo entre 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la “mejora y ampliación” de 28 aeropuertos.
En todo el periodo de la presente administración, registró inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos. Por ello, el informe describe con mayor detalle el estado actual de 40 que si serán ampliados y/o modernizados, 5 que están en construcción, 4 tienen planes de construcción y 1 caso de cancelación, la del aeropuerto de Texcoco.
Tras determinar lo que implica un conflicto aeroportuario, Castro identifica cómo esos proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas.
Sumándose a cuatro casos ya documentados: Aeropuertos Internacionales de Creel, Guadalajara, Texcoco y Felipe Ángeles en Santa Lucía.
El informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit: el aeropuerto de Puebla, los aeropuertos de Chetumal y Tulum en Quintana Roo.
Los conflictos son similares en sus dinámicas y demandas. La lucha por la defensa de la tierra resiste al acaparamiento de la misma, los reclamos de compensaciones, la lucha por los bienes comunes, así como la lucha por la autodeterminación y la autonomía son predominantes.
Mientras tanto, la violencia moral y física, las constantes amenazas a la vida y la división interna de las comunidades son habituales. En el peor de los casos, el conflicto del aeropuerto en el territorio indígena de la Sierra Tarahumara es el culpable del desplazamiento forzado del pueblo rarámuri y del asesinato de defensores comunitarios indígenas como Antonio Montes Enríquez.
En el informe, el integrante de Otros Mundos A. C. admite que la imposibilidad de identificar algunos conflictos no significa que no los haya. Dado que las infraestructuras aeroportuarias se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes, la posibilidad de que surjan nuevos conflictos es y seguirá siendo alta.
No es de extrañar que los aeropuertos de las ciudades más grandes y de las regiones turísticas, así como el de Tijuana, hayan atraído las mayores inversiones públicas entre 2019 y 2021, indica el informe.
Así mismo, Castro señala que los megaproyectos emblemáticos que impulsan la inversión masiva en infraestructura aeroportuaria son el Tren Maya, responsable del acaparamiento de tierras y del desplazamiento de numerosas comunidades indígenas y campesinas.
Aunado a ello, esta el megaproyecto turístico Barrancas del Cobre, el Canal Transístmico del Istmo de Tehuantepec y sus ciudades industriales, la refinería de Dos Bocas, la ampliación de puertos como Coatzacoalcos, Salina Cruz, Tuxpan y Puerto Madero, el gasoducto del sur, los complejos turísticos, los mega parques eólicos en el Istmo, el Autódromo de Fórmula 1 de la Riviera Maya, y las 19 estaciones del Tren Maya.
Otro fenómeno preocupante es el papel central de los militares mexicanos en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armadas.
Un ejemplo es el aeropuerto de Tulum, el informe describe cómo la administración de López Obrador está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares, cuyos ingresos cubrirán las pensiones y reformas de las fuerzas armadas, lo que ya ocurre con el aeropuerto de Santa Lucía, junto al de Tulum contemplan la construcción de ciudades militares contiguas.
Por último, la principal conclusión del informe es que mientras los gobiernos y los actores financieros internacionales sigan invirtiendo de forma masiva en infraestructuras aeroportuarias en México en beneficio del ejército, turismo y extractivismo, se verá un número creciente de conflictos en territorios comunales indígenas y campesinos.
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