REMA y familia de Mariano Abarca denuncian al Estado canadiense ante el CIDH

*Representantes de REMA y la familia de Mariano Abarca hicieron un llamado al gobierno de México para que se de paso a la reparación de daños y la justicia en ese caso, tal como plantearon en su petición en contra de México ante la misma Comisión en el 2017, y actualizada en el 2020.

Representantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca estuvieron en Canadá para anunciar la denuncia interpuesta en contra del Estado canadiense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia interpuesta con la colaboración del Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial y Alerta Minera Canadá, señala las acciones y omisiones realizadas por la embajada canadiense en México y que incrementaron el peligro que corría Abarca antes de su asesinato, el 27 de noviembre de 2009.

Así mismo, indicaron que esta es la primera petición ante la CIDH que cuestiona la práctica de “diplomacia económica” de Canadá, una estrategia mediante la cual ese país dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero, y en la práctica se realiza sin considerar los daños que generan esas mismas inversiones en los países receptores, ni la violencia que gira en torno a éstas.

La “diplomacia económica”, explicaron, es un mecanismo de presión corporativa que se hace utilizando los instrumentos del Estado canadiense.

El caso de Abarca presentado en la denuncia, así como en la petición hecha en contra de México por el mismo caso en 2017, dijeron que resulta clave para entender la gravedad de esa estrategia corporativa, más aun considerando la escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero.

Mariano Abarca fue fundador de la REMA y padre de dos hijas y dos hijos. Desde 2008, inició una lucha junto con la organización Otros Mundos Chiapas, así como con otros defensores y defensoras del territorio y de la vida en el pueblo de Chicomuselo, para evitar que la empresa minera canadiense Blackfire Exploration siguiera contaminando el agua y la tierra de su comunidad por la explotación de barita que se llevaba a cabo, dio a conocer REMA.

Hay un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio. Foto: Cortesía

Desde antes de que Blackfire estableciera la mina en operación, indicaron que la embajada tuvo conocimiento del descontento que había entre la población local frente a la empresa, y tuvo información sobre Mariano y los riesgos que enfrentaba al oponerse a ese proyecto.

En julio de 2009, el defensor viajó a la Ciudad de México junto con compañeros de Chicomuselo y otros aliados para manifestarse frente a la embajada canadiense por lo que estaba pasando en torno a la mina de Blackfire.

Posterior a ello, expusieron los impactos negativos ambientales y sociales, además de las amenazas que había recibido en su contra por su movilización.

En documentos que sus aliados canadienses lograron obtener tras solicitudes bajo la ley de acceso a la información, pudieron percatarse que la información que tuvo la embajada fue muy detallada.

También, se dieron cuenta de que la empresa consideraba esencial el apoyo de la embajada, primero, para arrancar su mina, y luego para seguir operando pese a la oposición social del pueblo.

Antes de que lleváramos nuestra petición ante la CIDH en contra de Canadá, presentamos una denuncia ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública en Canadá, resalto la REMA.

Sin embargo, se encontraron con una falta de voluntad y seriedad para investigar el caso, la misma con la que se han topado en México, donde viven en un contexto de impunidad para las empresas y quienes las apoyan.

Por ello, denunciaron que, contrario al discurso del gobierno canadiense en torno a los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial, el proceso que han recorrido en Canadá demuestra el “singular interés del gobierno canadiense” en promover y proteger el capital canadiense, y no a las personas.

Mientras que en el curso de la revisión del caso que se ha hecho en las cortes federales, el gobierno canadiense “se defendió” argumentando que no son vinculantes sus compromisos con la vida de las y los defensores de los derechos humanos.

La poca seriedad y poca profundidad con lo cual se ha tratado este proceso revela, además, un desprecio colonialista y una gran falta de respeto hacia quienes sufren los daños de la industria minera, dando prioridad al enriquecimiento de unos pocos empresarios a costa de la vida y la naturaleza, enfatizó la Red.

Mariano Abarca pugnaba porque la industria minera no dañara el medio ambiente en su natal Chicomuselo. Foto: Archivo Familia Abarca

Además, recordaron que unos pocos meses después de presentar su denuncia original, en febrero de 2018, el Comisionado negó una investigación.

Lo anterior, diciendo que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de Canadá, las declaraciones de representantes del gobierno y los compromisos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hechos por Canadá sobre la protección de las y los defensores de los derechos humanos, “no son políticas oficiales del Gobierno de Canadá” y “no parecen dictar acciones específicas que la Embajada debería haber tomado o no en el momento pertinente”.

Por lo que, la Embajada no estaba obligada a seguirlas y, en consecuencia, no se justificaba ninguna investigación.

La Corte Federal y la Corte Federal de Apelaciones sostuvieron esa decisión. Para ello, hicieron casi nulo el análisis de toda la información que la familia junto a la Red había proporcionado.

Sin duda, a los solicitantes les hubiera gustado que la Embajada hubiera actuado de cierta manera, y (de haber sido así) tal vez el señor Abarca no habría sido asesinado, admitió Keith Boswell, juez federal.

Ante la Corte Federal de Apelaciones, intervinieron tres grupos: Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson.

Los grupos argumentaron la obligación de Canadá de cumplir con el derecho internacional, de investigar y garantizar un remedio efectivo, y señalaron que la ausencia de una investigación podría perjudicar la confianza que el público tiene en la administración pública. Sin embargo, nada de eso fue tomado en cuenta.

Al final, la Suprema Corte de Canadá no admitió su solicitud de revisión del caso, a pesar de su importancia para las comunidades y las organizaciones de defensoras y defensores de la vida ante el despojo y la destrucción social y ambiental, y pese a haber cientos de empresas mineras canadienses operando alrededor del mundo, lo que representa un peligro cada vez mayor para las organizaciones que se oponen a esos proyectos.

Hoy, después de agotar los pocos e inadecuados mecanismos disponibles en Canadá, recurrimos a la CIDH para pedir una respuesta, que abra un camino hacia la justicia, la remediación y, sobre todo, hacia cambios de fondo dentro del modelo extractivo que exporta Canadá al mundo, dijo la Red.

Considerando las condiciones actuales de violencia en el país y frente a los daños a perpetuidad que siempre acompañan la minería, familia de Abarca y la Red insistieron que Canadá debe dejar de proporcionar cualquier apoyo diplomático a la codicia empresarial, misma que les sigue despojando y matando en México y otras partes del mundo.

Queremos que nuestra denuncia contra el Estado canadiense, interpuesta en la CIDH nos ayude a demostrar y argumentar la gravedad de esta estrategia corporativa, para establecer así un precedente sobre la responsabilidad que tienen los Estados, como Canadá, en la promoción, cobijo y complicidad que les brindan a sus empresas. Canadá está lejos de ser el único caso, finalizó la Red.

Petición contra Canadá

MODEVITE recibe Premio por la Defensa de la Vida y el Territorio «Mariano Abarca»

En junio de 2023, el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP) presentó una denuncia ante la CIDH en nombre de la familia de Mariano Abarca, quien era un líder comunitario y defensor de los derechos humanos, asesinado con impunidad el 27 de noviembre de 2009, en Chiapas.

Abarca fue asesinado por defender los derechos de la comunidad de Chicomuselo, en relación con el proyecto minero “Payback”, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd.

En su denuncia alegan que la embajada de Canadá en México puso en peligro al defensor comunitario, debido al apoyo que brindo a Blackfire, y no hacer nada para proteger a Abarca, después de que la embajada se enteró que estaba en peligro.

Además, Canadá se negó a investigar el papel de la Embajada en el periodo previo del asesinato.

Por lo que, la denuncia se basa en gran medida en documentos obtenidos a través de una solicitud canadiense de acceso a la información, que reveló más de mil páginas de informes y correos electrónicos internos de la embajada.

Por otro lado, la denuncia argumenta la responsabilidad jurídica que Canadá tiene por los abusos contra los derechos humanos relacionados con su industria extractiva en el extranjero.

En primer lugar, sostiene que la Comisión está facultada para escuchar el caso de Abarca porque Canadá tenía la obligación legal de respetar y proteger su derecho a la vida. Es decir, que puede escuchar casos en los que un país perteneciente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos viola los derechos de una persona en otro país miembro.

Por ello, la denuncia alega que la embajada canadiense se desvivió por implicarse en el conflicto minero relacionado con Payback y por extensión, en los derechos del defensor, incluido su derecho a la vida.

También, agrega que el personal de la embajada sabía que Abarca era un defensor de los derechos humanos, y que sus acciones u omisiones podían elevar el riesgo real para su vida. Esa combinación de influencia y previsibilidad de daños graves creó una obligación legal para Canadá de hacer lo que estuviera a su alcance para evitar que aumentara el riesgo a su vida y ayudar a protegerlo.

Canadá tenía la obligación de investigar lo sucedido y animar a México a que rindiera cuentas a los responsables del asesinato de Abarca. En lugar de ello, su respuesta fue la de intentar distanciarse de manera pública de él y de la investigación mexicana, mientras seguía apoyando a Blackfire.

Lo anterior, a pesar de saber que los grupos que trabajan con Abarca culpaban a Blackfire de su muerte y criticaban a Canadá por su falta de supervisión, Canadá no investigó su propio papel en el periodo previo al asesinato.

En 2018, la familia del defensor y sus aliados canadienses presentaron una queja oficial ante el Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá. El Comisionado se negó a investigar la conducta de la embajada en este caso, y la Corte Federal de Apelación de Canadá confirmó la decisión. En enero de 2023, la Corte Suprema de Canadá denegó el recurso de apelación.