Prevención y eliminación del trabajo infantil debe de ser llevada del discurso a la realidad: OIT
La problemática tiene mayor prevalencia en los sectores agropecuario, de servicios y comercio, y en los estados de Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Cortesía: Save the Children
*Este año el tema del Día Mundial contra el Trabajo Infantil es: Justicia social para todas las personas. ¡Poner fin al trabajo infantil!
De acuerdo con las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo, uno de cada 10 niñas y niños está en situación de trabajo infantil. En México, la cifra alcanza los 3.3 millones de niñas y niños, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019.
Durante casi dos décadas, el mundo había realizado progresos constantes en la prevención de ese fenómeno. Pero, en los últimos años, los conflictos, crisis y la pandemia del Covid-19, han sumergido a más familias en la pobreza: obligando a millones de niñas y niños a recurrir al trabajo infantil.
Lo anterior, tiene severas consecuencias, ya que el trabajo infantil compromete la asistencia de la niñez a la escuela, así como su rendimiento. En los peores casos, les obliga a abandonar sus estudios.
Mientras tanto, en el mundo del trabajo, donde cada vez hay mayor demanda de mano de obra y mejor calificada, el trabajo temprano termina reduciendo la oportunidad de que las y los infantes puedan tener en el futuro una trayectoria laboral con trabajo decente.
Cada 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, lo que representa una oportunidad para reflexionar sobre las múltiples implicaciones que se articulan alrededor de este fenómeno social. Cortesía: Centros conacyt
En este sentido, la OIT a través de su Oficina País para México y Cuba, emprendió el proyecto “AccioNNAr. Combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso” que se implementa a nivel federal y en tres estados: Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
Dicha iniciativa cuenta con la colaboración de autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones de empleadores y personas trabajadoras, así como con la contribución del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
Así mismo, tiene tres objetivos principales: generar un mayor uso de datos para el desarrollo de leyes, políticas y programas para prevenir y combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en México.
Aunado a ello, incrementar el desarrollo e implementación de leyes, políticas y programas en la materia; y mejorar la cooperación regional para prevenir y eliminar esos fenómenos en el contexto migratorio en la frontera sur de México.
También, colaborarán con El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice para la protección de la niñez migrante en riesgo de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas, y para promover mayor intercambio de datos sobre esos fenómenos.
Chiapas a la cabeza en trabajo infantil
Al respecto, Pedro Américo Furtado, director de la Oficina País de la OIT para México y Cuba señaló la necesidad de estar conscientes de que tolerar el trabajo infantil no termina con la pobreza, ni la exclusión.
Por el contrario, aumenta las probabilidades de que niñas y niños que se encuentran en esa situación, no consigan ingresos decentes y un empleo estable cuando sean adultos.
La prevención y eliminación del trabajo infantil a través de la justicia social debe de ser llevada del discurso a la realidad. Se deben emprender políticas públicas, programas y acciones que se vuelvan herramientas para prevenir y eliminar el trabajo infantil; y que todas ellas, le brinden a las niñas, niños o adolescentes una oportunidad para que vivan plenamente su niñez y adolescencia, dijo Américo Furtado.
Como parte de las actividades del 12 de junio, la Oficina de la OIT en México y Cuba a través de esta iniciativa acompaña diversas sesiones de las Comisiones Intersecretariales para la Prevención y Erradicación del Trabajo (CITI).
Y, presentará el primer documento generado desde el proyecto AccioNNAr, realizado de la mano de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal y las autoridades de Chiapas, Quintana Roo, y Yucatán.
Ese documento es el Manual de Operación de las CITIS y la Caja de Herramientas. Servirá para optimizar la instalación, operación y sostenibilidad de esas comisiones en el país a nivel estatal, además se podrá utilizar a nivel municipal.
Protocolo de 2014
Por otro lado, la oficina de la OIT para México y Cuba se congratuló del depósito por parte del Estado Mexicano del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) realizado en Ginebra, Suiza por Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación del gobierno mexicano
El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) fue adoptado en Ginebra durante la 103ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.
Ese instrumento actualiza y adopta nuevas disposiciones para hacer efectiva la aplicación del Convenio núm. 29 sobre el trabajo forzoso, ratificado por México en 1934, y tomar medidas urgentes en un contexto donde las formas del trabajo forzoso u obligatorio han cambiado y se vinculan a otros fenómenos como es la trata de personas.
Lo anterior, ante el número creciente de personas en situación de trabajo forzoso u obligatorio, además de la vulnerabilidad de ciertos grupos, como son las personas migrantes.
Dicho Protocolo reafirma la necesidad de implementar medidas de prevención y de protección, acciones jurídicas y de reparación para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio.
Así mismo, señala que las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones contenidas en ése y en el Convenio, deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.
El Estado mexicano se suma a la lista de 59 países que han ratificado este Protocolo. Se trata de un paso trascendental, ya que, por tratarse de un instrumento jurídico vinculante, el Estado mexicano se compromete a adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar el trabajo forzoso; proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces; así como a sancionar a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.
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