Exigen la implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz en Chiapas
Desplazamiento forzado interno en Frontera Comalapa. Cortesía: ACNUR México
El Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A. C. (CEPAZDH) de San Cristóbal de Las Casas, pidió a través de la plataforma Change.org, detener la barbarie en Chiapas.
Nos negamos a ser testigos mudos de la destrucción social, económica, política, ambiental y cultural de nuestro estado. Ya se dejó crecer la podredumbre por demasiado tiempo, expuso la asociación civil.
Así mismo, indicó que el Estado lleva años envuelto en una espiral de violencia creciente que se ha recrudecido de manera alarmante en los últimos días. Y, las causas no se atribuyen solo a la pobreza, exclusión, desigualdad e injusticias endémicas que han caracterizado a la entidad a lo largo de toda su historia.
Lamentablemente, por su ubicación geográfica y por el aislamiento en el que Chiapas vivió por años, la presencia del crimen organizado en el estado no es nueva. Desde hace décadas, se trafica de todo, desde personas hasta armas y drogas, apuntó CEPAZDH.
Por años, señalaron que esos fenómenos operaron sin mayores daños para la población local: aunque las consecuencias de los delitos han ido penetrando lento en el tejido social comunitario.
Sin embargo, en los años recientes la disputa territorial entre diferentes grupos delincuenciales ha derivado en una escalada alarmante de violencia e inseguridad que hoy tiene su escenario más dramático en los municipios como: Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Amatenango de la Frontera.
Por lo que, las faltas de respuesta institucional dijeron que tiene que ver con la ambición desenfrenada y la corrupción de muchas autoridades que, concentradas en mantener su poder político o incluso acrecentarlo, han dejado abandonada a una población que se debate entre los fuegos de los grupos delictivos rivales.
Esta situación, aunada al alarmante aumento del tráfico de armas en todo el Estado, con la consecuente proliferación de grupos armados de todo tipo, ha convertido a nuestra entidad en tierra de nadie, donde el diálogo y la negociación han sido cruelmente desplazados por la fuerza de las balas, expreso el Colectivo.
Acerca de la zona fronteriza con Guatemala, es hoy la manifestación más aguda de la situación de violencia e inseguridad que se padece en Chiapas, pero no es la única. En toda la entidad ha crecido de manera acelerada el tráfico ilegal de todo tipo.
En los últimos años, diversos grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, se han apoderado de territorios completos a los que dominan a través del terror, amenazas, extorsiones, desapariciones y la muerte.
No obstante, existen otros grupos armados que se mueven desde la frontera y en regiones como Teopisca, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, hacia los Altos y Norte de la entidad.
Ante la total inacción de las autoridades, esos grupos han ido ganando poder y territorio, en medio de una violencia nunca antes vista en el estado. Aunque la crisis se concentra en tres regiones de la entidad -Frontera, Sierra y Centro-, las repercusiones se padecen en todo el estado.
Una muestra de la violencia generalizada en otras regiones del estado ocurrió la noche del 02 de junio, cuando un grupo armado proveniente desde Santa Martha en Chenalhó, atacó a balazos a desplazados de dicha comunidad que se encuentran refugiados desde octubre de 2022, en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio: con un saldo hasta ahora de 7 muertos y 3 heridos.
Sin embargo, la situación más alarmante está ubicada en la Zona Fronteriza. Desde el 25 de mayo, la violencia se ha desbordado particularmente en el municipio de Frontera Comalapa, a raíz de los enfrentamientos entre grupos antagónicos presumiblemente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, principalmente en las proximidades de las comunidades Nueva Independencia (conocida como Lajerío) y Candelaria, señaló el Colectivo.
Aunque no tienen cifras precisas, se habla de entre 3 mil 500 y 4 mil personas desplazadas, con un número indeterminado de heridos, desaparecidos y muertos. Durante varios días, no se hizo presente autoridad alguna por lo que la población se defendió como pudo.
Para el 31 de mayo, el Ejército Mexicano logró ingresar al municipio, después de enfrentar la resistencia de pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, mejor conocido como Quespala. Algunos pobladores han iniciado el retorno a sus hogares, pero la situación es de incertidumbre y miedo.
Ante este panorama, exigieron la presencia de las instituciones encargadas de la seguridad de la población: Ejército, Marina, Guardia Nacional (GN), Fiscalías estatal y federal, para restablecer el orden y realizar las investigaciones de rigor que determinen la magnitud de los daños causados y su reparación.
Pobladores sometidos por cárteles, se enfrentan con el Ejército en la frontera de Chiapas con Guatemala. Foto: Ángeles Mariscal
Además, la atención integral a la población en situación de desplazamiento forzado, que debe incluir garantías para un retorno seguro. Ya que, la gente merece vivir sin temor a perder a sus seres queridos y a ver arrebatado el patrimonio de toda una vida.
También, la implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz permanente en toda la región fronteriza, para lo cual es indispensable proceder, en la forma que se requiera, contra los grupos delincuenciales que han afectado la vida de la población.
Sin embargo, el esfuerzo será inútil si el resto del estado sigue atrapado en una espiral de violencia sin fin. Exigimos que el restablecimiento de la paz se haga extensivo a todo Chiapas, resaltó CEPAZDH.
Así como, el reconocimiento de parte de las autoridades estatales y federales de la grave situación que se vive en la entidad. Pues, seguir con el discurso negacionista que pretende aparentar que todo está bien y que los innegables hechos de violencia son brotes aislados, es una falta de respeto a las y los chiapanecos que a diario constatan la violencia y descomposición social acelerada.
La insistencia en negar la gravedad de la situación pone en altísimo riesgo a la población, como lo demuestran los hechos ocurridos en Chenalhó y en la Zona Fronteriza, que se vienen denunciando desde hace meses y ante los cuales, las autoridades han sido absolutamente omisas, detalló la asociación civil.
Por último, la aplicación irrestricta de la ley, que significa poner fin definitivo a la complicidad de muchos políticos con el crimen organizado. “Es un verdadero insulto para las y los chiapanecos que conocidos miembros de la clase política chiapaneca, enlazados con la delincuencia, aspiren a cargos de elección popular como la gubernatura o presidencia de la República.
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