Capital canadiense acapara el 73% de las empresas mineras con inversión extranjera en México

Hay un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio. Foto: Cortesía

*Dado el contexto de las 23 mil 453 concesiones mineras vigentes a nivel nacional, la REMA ve urgente seguir reforzando y fortaleciendo los procesos de defensa del territorio; pues tendrán que estar más preparados para ejercer sus derechos a la vida, salud y autodeterminación.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) dio a conocer que, a principios de junio, participó en la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar a la embajada canadiense en México por haber incrementado el peligro que corría la vida de Mariano Abarca, defensor chiapaneco, esto antes de su asesinato el 27 de noviembre de 2009.

Esa petición se enfoca en la práctica del gobierno canadiense llamado “diplomacia económica”, a través de ella, Canadá dirige esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero, sin importar los daños que sufren las y los afectados.

Hoy queremos volver a denunciar a Canadá por esta misma práctica, misma que ahora sucede con relación a una Ley federal en México, en tiempo real, y con la aquiescencia de la Secretaría de Economía, expuso la REMA.

Agregaron que gracias a la “diplomacia económica canadiense” las empresas mineras canadienses tendrán una silla importante en las mesas técnicas sobre las reformas a la ley minera en México.

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Foto Especial

Lo anterior. fue el acuerdo logrado entre las ministras de Comercio de México y Canadá a fines de mayo, y “seguramente figuraba en la agenda del diálogo bilateral entre los dos países, realizado en Ottawa entre el 12 y 13 de junio”.

Aunque poco ha salido en los medios oficiales de ambos gobiernos, la Red indicó que un medio canadiense registró que el 19 de mayo, Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, Promoción de las Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, “le agradeció a la secretaria Raquel Buenrostro que aceptara involucrar a las empresas mineras en México con capital canadiense en consultas técnicas”.

Lo antes expuesto, como parte del proceso para redactar los reglamentos de aplicación de la reciente reforma minera, y así ayudar a asegurar que aborden las preocupaciones de Canadá.

La presencia de empresas canadienses en el sector minero ha sido múltiples veces señalado por organizaciones sociales y ha sido reconocido por el propio sector minero.

Imagen: Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.

Hasta 2021, la Cámara Minera de México (Camimex) estimó que 73% de las empresas mineras en México con capital extranjero corresponden a capital canadiense. Hasta este año, el Departamento de Recursos Naturales de Canadá reportó la presencia de 132 empresas mineras canadienses en México con activos de un valor de 9.8 miles de millones de dólares canadienses, lo que equivale a unos 127 miles de millones de pesos mexicanos.

La injerencia de Canadá en las leyes mineras de América Latina no es nueva, afirmó la REMA. Pues, ha sido un esfuerzo de tiempo completo de su cuerpo diplomático cada vez que países de la región han intentado realizar reformas.

Por ejemplo, en Colombia, fondos de la cooperación internacional de Canadá fueron canalizados para pagar una asesoría técnica para el código minero aprobado en el año 2001, con lo cual se dio paso a un despliegue tremendo de nuevas concesiones mineras en el país.

Como se dijo antes, en beneficio de la élite colombiana, grupos armados y empresas transnacionales, y con afectaciones profundas para pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, así como asociaciones de pequeños mineros.

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En Ecuador, la embajada canadiense realizó trabajo “incansable” para asegurar una silla privilegiada a las empresas mineras canadienses que dominaban el sector en la mesa de diálogo sobre reformas al código minero.

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Por otro lado, en Honduras, el cuerpo diplomático canadiense se puso en acción con el golpe de Estado militar de 2009. Antes de que el presidente Manuel Zelaya fuera sacado del país en pijama por las fuerzas castrenses, el gobierno hondureño había interpuesto una moratoria sobre la entrega de concesiones mineras desde 2006, y “estaba contemplando la prohibición de la minería a tajo abierto”.

Por ello, denunciaron la injerencia canadiense y la servil apertura que el gobierno mexicano ha dado a las empresas mineras canadienses en la mesa de reformas.

Nos parece claro que, frente a la consolidación de condiciones claramente desventajosas y asimétricas para los pueblos afectados por la minería, la exigencia que varias organizaciones han hecho al gobierno mexicano por un reglamento a esta ley, debe ser reconsiderada, dado que hay una alta posibilidad de que esto resulte contraproducente y solo legitime un proceso de complicidad entre el Estado y las corporaciones mineras, finalizó la Red.