“Antonio González Méndez vs. México”, el primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia en Chiapas

Caso Antonio González Méndez vs. México: un crimen de estado ante la Corte Interamericana. Cortesía: Frayba

*El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

El próximo 21 de junio, se celebrará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del “Caso Antonio González Méndez vs. México”, quien fue desaparecido en 1999, por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hecho realizado el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte de Chiapas.

Dicha audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado indicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

El Frayba, quien acompaña y representa a la familia de González Méndez, espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal.

A la fecha, indicó que no se ha realizado ninguna acción para buscar a González Méndez, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido de manera internacional

Por otro lado, Zonia López, esposa del ahora desaparecido, asumió desde la desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales.

El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol, agregó el Frayba.

Ante la falta de búsqueda e investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000.

Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicada en San José, Costa Rica. Cortesía: Corte Interamericana de Derechos Humanos/Facebook

Por lo que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad.

Ya que, reconoce la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo ese contexto de terror y criminalidad.

Sin embargo, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH.

La disculpa pública en 2022, de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación.

Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos.

Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas, afirmó el Frayba.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en su “Plan de Campaña Chiapas 94”, dijo que incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994.

El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros.

Dichas agresiones eran dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Por ello, exigieron que el gobierno de México reconozca la responsabilidad y responda a esa demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de González Méndez.

Por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno.

También, debe cumplir en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado.