Omisión del Estado en la frontera Chiapas-Guatemala, sin atender  59 denuncias penales relacionadas con crimen organizado

El 27 de abril pasado en el ejido Sinaloa del municipio Frontera Comalapa, colindante con Guatemala, el agente ejidal Roberto Gómez Hernández y sus hijos Aric Adonai Gómez Cruz y Josefa Gómez Cruz, fueron secuestrados por un grupo de personas armadas, a quienes la población del lugar identifica como integrantes de uno de los cárteles de droga.

En este poblado de menos de mil habitantes han sido secuestrados, y luego desaparecidos, nueve personas, tres de ellos autoridades de la comunidad. Todo de septiembre de 2022 a la fecha, y todo por oponerse a que personas vinculadas con grupos del crimen organizado se asienten en la región, les quiten sus tierras y los recluten de manera forzada.

El primero fue Rolando Rodríguez Molares, comisariado ejidal, secuestrado y luego desaparecido. Siguieron Roberto Jiménez Hernández y luego Candelaria Hernández López. De las otras tres personas desaparecidas las familias no quisieron levantar denuncia penal porque tras ello venía su asesinato o su exilio, según narran familiares de los desaparecidos.

Pero en tres casos las familias sí iniciaron denuncias penales ante la Fiscalía General del estado de Chiapas; ninguna de ellas ha prosperado, ni porque la familia de uno de los desaparecidos acudió a la ciudad de México y logró hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente remitió a la familia con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien a su vez -según explicaron a la familia- pidió la carpeta de investigación a la Fiscalía General del estado de Chiapas y pidió se agilizara la investigación. Después de eso vino el silencio y nunca más de se comunicaron.

Los pobladores de este lugar saben quién es el autor intelectual de los secuestros, y también saben que gozan de impunidad, porque a solo 300 metros del poblado está un cuartel del Ejército Mexicano.

“Este señor participa en charreadas y es custodiado por militares (…) nosotros en el ejido vivimos como un Apocalipsis donde todo se va destruyendo, donde no sabemos qué hacer. Quienes tienen familiares en otro lugar se han ido, pero quienes no tienen donde huir se tienen que quedar y estar a expensas de lo que el Cártel diga”, explica una de las personas afectadas.

En septiembre de 2022 la población de Frontera Comalapa se manifestó para exigir la localización de Rolando Rodríguez, Comisariado ejidal del poblado Sinaloa. A la fecha las autoridades no han dado respuesta. Foto: Comunidad

Disputa por el control de esta zona

Lo que sucede en el ejido Sinaloa es solo la punta del iceberg de la situación que viven los municipios ubicados en la frontera entre Chiapas y Guatemala, donde desde mediados de 2021 del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se confrontaron por la disputan del control de esta zona.

La expresión más violenta de esta guerra entre cárteles es el reclutamiento forzado y el secuestro y desaparición de personas. Para este reportaje se hizo un recuento del número de personas que siguen desaparecidas en la región, de 2022 a la fecha hay 63 casos, y de estos en 59 los familiares hicieron las denuncias penales, según las fichas de búsqueda de la Fiscalía de Justicia.

De acuerdo a los datos de esta dependencia, en el municipio de Comitán hay 20 personas desaparecidas, en La Trinitaria 13, en Amatenango de la Frontera 5, en Chicomuselo una, y en Frontera Comalapa 24.

En dos de los casos se trata de mujeres, Josefa Gómez y Karla Johana Soto Ramírez de 30 años. Otro dato que destaca es que en 11 de los casos las personas desaparecidas son autoridades ejidales, y la edad promedio es de 33 años. En febrero de este año también desaparecieron en la carretera que va de La Trinitaria a Frontera Comalapa, los guatemaltecos Luis Alfredo Salmerón, Menfis Walberto Andrino Marroquín y Cesar Aroldo Castellanos; habían cruzado la frontera para comprar mercancía y no se les volvió a ver.

Enfrentamiento en Frontera Comalapa de julio de 201. Foto: Archivo

La que violencia fue creciendo

Además de las 59 denuncias por desaparición forzada relacionada con la presencia de grupos del crimen organizado, la Fiscalía de Chiapas tiene al menos una docena más por homicidios cometidos en los caminos que comunican las comunidades de la zona fronteriza y por enfrentamientos que afectan a la población.

El nivel de violencia ha ido creciendo. En enero de 2022, a través de redes sociales, la misma población empezó a advertir de la presencia de retenes y asesinatos cometidos por grupos de personas que portan uniformes tipo militar y portan armas de grueso calibre, particularmente en la carretera que comunica Frontera Comalapa con la Trinitaria,

“Es mucho el riesgo por las constantes balaceras y retenes que ponen los grupos armados (…) no pasen por la noche ni muy de mañana porque hay levantones y asesinatos que nadie investiga. Tanto en Comalapa como en La Trinitaria, no hay Guardia Nacional ni militares, mucho menos autoridad municipal que pueda cuidar nuestra seguridad”, señalan alertas que coloca la población de la zona.

Incluso, el 15 de enero de este año habitantes de Frontera Comalapa publicaron un video donde supuestos pobladores vinculados a uno de los Cárteles, desalojan del municipio una base de la Guardia Nacional ubicada en San Gregorio Chamic, y corren a los uniformados e hirieron a uno.

La población de la zona se ha ido armado de valor para denunciar los hechos, incluso los habitantes del ejido Nueva Libertad se manifestaron en la capital de Chiapas en marzo pasado, para denunciar la situación que están viviendo.

Antes, en abril de 2022, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  (IEPC) suspendió el proceso electoral extraordinario que se iba a celebrar en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, por la “falta de condiciones de seguridad”.

Es decir, desde hace al menos dos años las fiscalías de Justicia estatal y federal tienen en su poder denuncias penales que le permitirían solicitar al Poder Judicial acciones a los cuerpos de seguridad del Estado, para proteger a la población.

Esto no ha sucedido y desde el pasado miércoles, la violencia en la zona detonó con mayor estruendo cuando integrantes de los dos cárteles se volvieron a confrontar a su paso se llevaron de manera forzada a al menos una decena de jóvenes a los que, según sus familiares, los están obligando a participar en su disputa, lo que también ha provocado que familias estén tratando de huir en medio de los disparos.