Exhiben falta de cumplimiento de la ley de legisladores y legisladoras de Chiapas al no publicar sus intereses

Congreso del Estado.
Foto: Congreso del Estado

*La organización civil indicó que, cuando un legislador o legisladora no hace pública la información sobre sus intereses personales incrementa el riesgo de conflicto de intereses durante su mandato, por ejemplo, si participa en empresas, sociedades, fideicomisos, organizaciones, sindicatos o tiene clientes en el sector privado o público. 

Transparencia Mexicana informó que, a partir del próximo 01 de junio, revisará el cumplimiento de los mecanismos para prevenir y evitar conflictos de intereses en el Congreso Federal y los Estatales.

Es decir, revisará la situación de los mil 741 legisladores y legisladoras del país -628 federales y 1113 estatales-. Ésta decisión fue tomada ante un análisis preliminar de su Unidad para la Transformación de los Congresos (UTRAC), quien identificó que sólo el 16% del total de los legisladores del país presentó y publicó sus intereses: como lo establece la legislación mexicana.

Mientras que el 84% de legisladores y legisladoras restantes no publicaron su declaración, la testaron, dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata, o dijeron “no tener intereses”.

Así pues, el análisis preliminar de la UTRAC identificó que en el ámbito federal 433 de 627 legisladoras y legisladores federales de la Cámara de Diputados y de Senadores no revelaron información sobre aquellos intereses personales que pueden entrar en conflicto al momento de tomar una decisión pública.

Sobre el ámbito estatal mil 029 de los mil 112 legisladores y legisladoras de los 32 congresos estatales, se encuentran en los mismos supuestos de no revelar sus intereses.

El mayor riesgo en términos de potenciales conflictos de intereses está en el grupo de 391 legisladores que no cumplieron con su obligación de presentar y publicar su declaración de intereses: 22.5% de los mil 739 legisladores federales y estatales, expuso Transparencia Mexicana.

Dicho grupo, que no publicó su declaración de intereses, se integra por 373 legisladores estatales y 18 federales. El análisis preliminar también señala que no fue posible identificar la declaración de intereses de esos 391 legisladores y legisladoras, en ninguna de las plataformas habilitadas para tal fin.

Ya que, su declaración no fue publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Plataforma Digital Nacional, el sitio web oficial de su Congreso, ni en la Plataforma Digital Estatal. Es decir, estos legisladores y legisladoras están en falta con lo dispuesto por la Constitución y las leyes secundarias aplicables.

Congresos

Sede del Congreso de Chiapas.

Así mismo, la organización civil destacó que en el país, no hay un solo órgano legislativo estatal y federal en el que el 100% de sus legisladores y legisladoras cumplan con las medidas para prevenir y evitar conflictos de intereses.

En el informe preliminar realizado, enfatiza que Aguascalientes es el órgano legislativo del país en el que un mayor número de legisladores y legisladoras publican información sobre aquellos intereses que pueden entrar en conflicto con su función legislativa.

A ese Congreso estatal, le siguen en número de legisladores y legisladoras que publican información sobre sus intereses, la Cámara de Diputados federal y el Congreso de Quintana Roo.

No obstante, en los Congresos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no fue posible conocer los intereses de ninguno de los legisladores y legisladoras, incluso tras revisar las cuatro plataformas de información habilitadas por ley para este fin.

Por ello, Transparencia Mexicana invitó a las mesas directivas, órganos internos de control y las secretarías generales, ejecutivas o técnicas de los órganos legislativos del país, a que contribuyan a que las y los diputados presenten, publiquen y abran sus intereses como lo instruye el marco legal vigente.

Pues, tanto las y los legisladores, como quienes están a cargo de verificar la información presentada en estas declaraciones, deben contribuir al cumplimiento de este mecanismo para prevenir conflictos de intereses en la función legislativa.

Los y las legisladoras toman decisiones fundamentales para la vida y el futuro del país: desde la aprobación de la cuenta pública hasta reformas constitucionales en materia de recursos estratégicos naturales como petróleo, gas, agua, minería y otros. En muchos de estos temas puede existir un potencial conflicto de intereses del o la legisladora, finalizó la organización civil.