Dictan sentencia condenatoria a mayas tseltales por defender su territorio de la militarización
*Ambos defensores de derechos humanos fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados.
*Además, once personas más resultaron heridas durante la manifestación pacífica.
El pasado 24 de abril de 2023, inició el juicio oral de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, mayas tseltales de Chilón y defensores de derechos humanos, quienes fueron reprimidos el 15 de octubre de 20202. por una manifestación pacífica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en San Sebastián Bachajón.
Durante el desarrollo de las distintas audiencias, intentaron demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas les ha acusado desde 2020.
Además, los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020, cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la GN en su territorio indígena sin que hayan sido consultados de manera previa.
De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios.
Por esa razón, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), se solidarizaron y lamentaron la decisión de Agustín López Martínez, juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo.
Lo anterior, por haber dictado una sentencia condenatoria de dos años que criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en el perjuicio de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios.
Hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida, expusieron las organizaciones.
Libertad y justicia
Cabe recordar que la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”, solicitaron el pasado 20 de abril. apoyo de la solidaridad estatal, nacional e internacional, organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, medios de comunicación y periodistas, para continuar manifestándose a favor de ambos defensores.
Por las perpetraciones a violaciones a derechos humanos que el Estado mexicano les ha ocasionado y de la situación de supuesta justicia que acontece en Chiapas, con la permisibilidad de tortura y fábrica de culpables.
Así mismo, mencionaron que los tseltales enfrentan un proceso bajo libertad condicionada desde 2020: lo que ha ocasionado un rompimiento al tejido familiar. Aunado a ello, el encarcelamiento en Chilón ha causado a las familias sufrimiento, gastos para ir a firmar al Juzgado Ocosingo por más de 2 años, donde han tenido que vender frutos de su trabajo como el maíz y frijol.
Por último, pidieron a la sociedad civil, organismos de derechos humanos y solidaridad nacional e internacional, medios de comunicación y periodistas, pronunciarse sobre este caso. Además, exigieron al Poder Judicial del Estado de Chiapas, ser un ente que respete los derechos humanos de los defensores.
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