A dos años de la detención de 93 estudiantes de la Mactumactzá, exigen investigar el procedimiento judicial

*Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los Hogares (ENDUTIH), Chiapas es uno de los estados con el mayor rezago educativo y la brecha digital más grande en el país, sólo el 24.8% de las viviendas tiene acceso a internet.

*Las escuelas normales rurales constituyen un espacio fundamental para la formación de docentes que impartirán clases en zonas marginadas y comunidades indígenas.

José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello A. C., comunicó que este 18 de mayo, se cumplen dos años de un acto de represión ideado por el Gobierno de Chiapas; en donde fueron detenidos y procesados de manera arbitraria a 93 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Mactumactzá».

Lo anterior, durante el desarrollo de una protesta estudiantil, por medio de la cual se solicitaba a las autoridades gubernamentales a través de un volanteo pacifico que los exámenes de ingreso para el nuevo ciclo escolar fueran de manera presencial y no en línea, ello en virtud que la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a internet en sus comunidades.

Estudiantes detenidos. Fotografía: Gobierno de Chiapas

Desde aquel fatídico día “donde se rompió el endeble Estado de Derecho en Chiapas”, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia ha brindado acompañamiento jurídico a dichos estudiantes: con el fin de garantizar una defensa adecuada con la presentación de denuncias por los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual y abuso de autoridad, sufridos durante su arbitraria detención.

El camino no ha sido fácil puesto que, a dos años de aquellos sucesos, nos hemos topado con la negligencia de las autoridades estatales, dijo Velázquez Florencio.

Además, de luchar con las secuelas y consecuencias que ha dejado la causa penal 146/2021, en la que se responsabilizó a las y los estudiantes de los delitos de robo con violencia, daños, motín atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado y pandillerismo.

La misma se encuentra en proceso de revisión debido al Juicio de Amparo 752/2021-11, promovido por el apoderado legal de la Concesionaria de Autopistas del Sureste S.A. de C.V.

Salen libres 74 mujeres normalistas de «El Amate».
Foto: Cortesía

Por lo que, seguirán lidiando para que la misma sea sobreseída y evitar que se giren ordenes de reaprehensión en contra de las juventudes por delitos y actos que no cometieron.

Así mismo, combatirán una carpeta de investigación “armada y justificada” para condenar a inocentes, con ellos las autoridades de Chiapas demuestran su falta de ética y nulo compromiso a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la función pública.

Hemos sido testigos de un Estado opresor que se niega a escuchar las demandas de los jóvenes chiapanecos, jóvenes de escasos recursos, jóvenes indígenas, jóvenes vulnerables, jóvenes estudiantes, cuyo único delito ha sido el intentar crear oportunidades y sobre todo igualdad de condiciones para las generaciones futuras, en el marco de los ideales de justicia social, dijo el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia.

Sin embargo, enfatizó que desde la presentación de sus denuncias no se ha señalado a un solo culpable, ante la falta de acción de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, en especial la Fiscalía de la Mujer.

Las y los fiscales del Ministerio Público han hecho hasta lo imposible para que los registros de atención sen archivados con argumentos endebles como la atipicidad, agregó Velázquez Florencio.

Pues, basan sus determinaciones en argumentar que la detención y posteriores abusos fueron en el marco de los protocolos de investigación ministerial y policial con perspectiva de género para la violencia sexual, resultando en acciones arbitrarias y faltas de toda investigación, con el único propósito de negar el acceso a la justicia.

Fotografía: Gaspar Romero

Por ello, desde el Centro de Derechos exigió a las autoridades que se investigue y procese a los culpables, se judicialicen las carpetas de investigación que aún se encuentran activas y se acepten la presentación de nuevas denuncias iniciando los actos de investigación que sean necesarios. Con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos, procurando que los culpables no queden impunes, además de solicitar en el momento procesal oportuno la reparación del daño al que tienen derecho los estudiantes.