Minería, coloca en “tela de juicio” los derechos de los pueblos indígenas

Una Nueva Ley, para Renovar la Continuidad del Despojo. Cortesía: Otros Mundos.

*“Firmar los acuerdos de Escazú: entre muchas otros tratados que firma México, no sirven para nada ante los embates del capitalismo”, comunicó PIAP.

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) comunicó que, esta semana a nivel nacional, crece la expectativa para la discusión, cambios y aprobación de la iniciativa de ley que presentó el 24 de marzo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En la que toca aspectos relacionados con cuatro leyes, no obstante, la central es la: Ley Minera.

En Guerrero las comunidades indígenas, afros, mestizas y campesinas integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los municipios de Iliatenco, San Luis Acatlán y Malinaltepec, ubicados en las regiones la Costa Chica-Montaña, mandaron un mensaje a quienes argumenten a favor y en contra de la iniciativa y las reformas que al final acuerden.

Mientras tanto, señalaron que el pasado 15 de abril, el presidente del municipio de San Luis Acatlán, entregó a la representación del CRAADET el acta de cabildo abierto municipal, en donde, de forma unánime prohíben la minería en el lugar.

Pues, saben que los efectos de esa actividad ponen en “tela de juicio” los derechos que los pueblos disfrutan, como el del uso de su territorio y de un ambiente sano, así como el derecho al agua limpia, de calidad y suficiente.

Acá en la Montaña y Costa Chica los pueblos han demostrado que no es necesario defender el territorio con decretos ficticios que hablan de la rectoría, sustentabilidad, consultas usadas como herramienta para el despojo y la salud, indicó PIAP.

Comunidad indígena de Guerrero defiende su territorio y gana lucha contra empresas mineras. Cortesía: Tlachinollan.org

Ya que, en esa región se ejerce la autonomía, libre determinación y autogestión legal de los procesos colectivos que hacen de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, un acto de discusión colectiva permanente, en el que se resuelven ventajas y desventajas no sólo de la actividad minera.

La población sabe que un decreto para el establecimiento de una reserva de biósfera es poner a disposición de las farmacéuticas y de la industria alimentaria el banco genético para que sigan, a través del protocolo de Nagoya, poniendo nuestra biodiversidad como reservas genéticas para patentar y comercializarla, agregó Procesos Integrales.

Sin embargo, apuntaron que la población ha visto proyectos mineros en la vida real y no en papel. Saben que en solo 10 años, un proyecto minero destruye el ecosistema y en consecuencia desencadena una serie de enfermedades y daños irreversibles, tanto a la biodiversidad como a las personas. A ello, suman los daños irreversibles al agua.

Por ello, dijeron que ponerle trabas y reglas ingenuas e inútiles, garantiza que este gobierno y los anteriores siguen siendo sumisos y obedientes al capitalismo, uno que se regula desde lo sustentable, verde y social.