Latinoamérica, la región con mayor número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos del mundo
*En México, se registró el homicidio de 18 líderes indígenas.
Juan Carlos Granados y Pilar Puentes de Mongabay, retomando la información de Front Line Defenders en su informe 2022, documentó a situación de personas que han dedicado su vida a la defensa de la tierra, medio ambiente, pueblos indígenas, mujeres y la comunidad LGBTIQ+. En ese año, 401 defensores fueron asesinados en 26 países.
Así mismo, el informe analiza el alcance y la gravedad de las violencias contra las personas defensoras, también describe la resiliencia de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones.
Granados y Puentes afirmaron que, Latinoamérica sigue siendo la región con mayor número de muertes de personas defensoras de derechos humanos, como lo afirmó también Olive Moore, directora interna de la organización. Al ser el lugar en donde observan “un panorama más peligroso para los y las defensoras de derechos humanos, sumándose a la guerra de Ucrania y Rusia”.
De los cinco países del mundo que concentraron más del 80% de los asesinatos de defensores de derechos humanos, cuatro son latinoamericanos: Colombia (186), México (45), Brasil (26) y Honduras (17). A ellos se suma Ucrania con 50 casos.
El informe sostiene que el ámbito de defensa del derecho a la tierra, medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas fue el más atacado, representando casi la mitad (48 por ciento) del total de asesinatos.
Población indígena, la más afectada
En México, los estados más afectados por la violencia son Oaxaca, Guerrero, y Chiapas.
Francisco Cerezo, coordinador de la organización mexicana Comité Cerezo, expresó que en estos tres estados se encuentra una cantidad de población indígena más alta que en el resto del país. Además, mencionó que sólo en Oaxaca se presentaron 10 de los 22 casos de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el 2022.
Actualmente los conflictos que se viven en estos estados responden principalmente a lógicas estatales y municipales, donde los grupos paramilitares al servicio de empresas mineras son los que cometen las más graves violaciones a los derechos humanos, explicó el investigador.
El informe menciona los casos de Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle, defensores ambientales y miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), que fueron asediados por grupos ilegales durante el 2022.
Flores Solís, junto a los integrantes de la organización, se oponen al llamado Proyecto Integral Morelos, el cual contempla la construcción de un gasoducto y dos termoeléctricas. El defensor fue acusado de motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica, por lo que pasó 10 meses en la cárcel.
Cerezo afirmó que la violencia en torno al Proyecto Integral Morelos ha provocado “una ejecución extrajudicial y varios ataques y amenazas de muerte en contra de los activistas que se oponen a este proyecto”.
Sin comentarios aún.