Exigen cese al hostigamiento institucional hacia la población en contextos de movilidad

Atrapados en incendio, 40 migrantes mueren en estación del INM en Ciudad Juárez
Foto: La Verdad

*“Las mantas metálicas que cubrieron los cuerpos de personas fallecidas, son símbolo de una política migratoria inhumana, a la cual no se le han impuesto fronteras”, expusieron las organizaciones, redes y personas.

210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual* responsabilizaron al gobierno federal respecto a la muerte de 39 personas migrantes y otras 20 lesionadas derivado del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pues, la situación refleja la ausencia de protocolos y una política de Estado garante de los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo. Para ellos, lo ocurrido es el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de rutas de evacuación para atender ese tipo de siniestros.

Al momento, desconocemos el total de personas que se encontraban dentro de la estación; sin embargo, sabemos que estaba con sobrecapacidad, afirmaron las 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas.

Así mismo, recordaron la estrategia de las autoridades para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las “estancias” migratoria, con palabras como “alojamiento” o “albergue”. De manera respectiva, el INM categoriza los espacios con diferente nombre, pero la finalidad de todos es la misma: privar de la libertad a personas en situación de movilidad.

El uso de eufemismos por parte de la autoridad intentan minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia, agregaron las organizaciones, redes y personas.

Consideraron a las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración, como centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Razón por la cual, afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta o motín es especular y revictimizar, por lo que, hicieron un llamado a no desinformar cuando el hecho está en proceso de investigación.

Peritos revisan los cuerpos de migrantes cubiertos con colchas térmicas de aluminio. Imagen: La Verdad.

Por otro lado, en septiembre de 2022, en el marco de una visita in situ a Ciudad Juárez, organizaciones de la sociedad civil denunciaron las condiciones de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación.

Aunado a ello, expusieron el espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes era reducido y sin ventilación. Mientras que, organizaciones que tienen base en la entidad y realizan visitas regulares, han documentado la falta de atención médica y acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo.

En el caso de la organización Uno de Siete Migrando, se le restringió el ingreso durante todo 2022, a pesar de tener autorización nacional para entrar a documentar las condiciones en las que se encuentran los espacios y personas en situación de movilidad.

Esta lamentable e indignante tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales que son replicadas por los medios de comunicación, dieron a conocer las organizaciones, redes y personas.

Por ello, organizaciones de la sociedad civil han llamado en reiteradas ocasiones a un cese al hostigamiento institucional que la población en contextos de movilidad está padeciendo en la localidad. En 2020, ocurrió una situación similar con un incendio en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco; en donde a la fecha, las medidas implementadas por el Estado no han generado garantías de no repetición.

Así pues, declararon que las acciones de control migratorio y privación de libertad violentan la dignidad y los derechos de las personas, y en conformidad con lo que dice el Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios, la detención debe ser utilizada solo como último recurso.

Migrante Abel Ortega frente al INM en Ciudad Juárez donde buscaba a su cuñado, Orlando. El hombre carga con la carriola con la que moviliza a sus hijos. Fotografía: Rocío Gallegos / La Verdad

Por tanto, pidieron al Gobierno Federal: garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas, adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas bajo los más altos estándares de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Ley y protocolos pertinentes.

Además, de asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas, investigar los hechos ocurridos identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad, y la destitución e inhabilitación inmediata de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM.