Documentan situación de riesgo y violencia que viven las personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas en Chiapas

Simón Pedro.

*Organizaciones internacionales reconocen con preocupación que las personas defensoras de derechos humanos y sus comunidades desarrollan su labor en defensa de los derechos humanos en un contexto de proliferación y diversificación de los grupos armados: lo que ha agudizado una situación compleja heredada del contexto del paramilitarismo de la década de 1990 y la persistencia de la impunidad.

Durante el 27 al 31 de marzo, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders realizaron una visita conjunta a Chiapas para documentar la situación de riesgo y violencia que viven las personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas en ese estado.

Por lo que, se reunieron con 30 defensores y autoridades indígenas en relación con 12 casos de defensores de derechos humanos y procesos comunitarios en los que se enfrentan riesgos en relación con su trabajo de derechos humanos.

Entre ellos, están los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol en los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo.

En esas reuniones recibieron información sobre una nueva ola de violencia contra personas defensoras y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales. Además de los encuentros y entrevistas con organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales con sede en Chiapas.

Realizaron dos encuentros con autoridades gubernamentales: uno con Marisol Gómez Hernández, directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y, un con el Fiscalía General de la Nación, representada por Manuel de Jesús Corado de Paz, director de Atención a Víctimas, y Pedro Sergio Becerra Toledo, director de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Los principales hallazgos, es que ambas organizaciones internacionales identificaron un patrón claro de criminalización en contra de las personas defensoras indígenas que trabajan por los derechos ambientales, territorio, autonomía y la autodeterminación de sus comunidades.

Cristóbal Sántiz Jiménez permanece detenido desde hace nueve meses por defender los derechos de las comunidades desplazadas de Aldama, Chiapas. Cortesía: OMCT

Ese patrón se evidencia en el creciente número de casos, fabricación de delitos y violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y la lucha por los derechos colectivos.

Esto lo observamos en casos como el de Cristóbal Santiz de Aldama y el padre Marcelo Pérez Pérez de San Cristóbal, acentuaron las organizaciones internacionales.

En el contexto actual de criminalización de personas defensoras y comunidades, dijeron que existe un patrón definido de criminalización en contra de quienes se han opuesto a la militarización de sus comunidades y como parte de su lucha en defensa de sus derechos colectivos.

José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano con lesiones y en privación arbitraria de su libertad. Cortesía: FRAYBA.

Resaltaron los casos de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc, César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón, Cristóbal Santiz de Aldama, y en el caso de las recientes investigaciones contra defensores de la comunidad de Taniperla en Ocosingo.

Observamos la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que sigue representando un alto riesgo para las personas defensoras de derechos humanos y sigue perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades, subrayaron ambas organizaciones.

Lo anterior, se ha visto agravado por la situación actual de despojo de tierras en el contexto de la militarización de la región, la disputa por el control territorial y la imposición de actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado.

Faltan intervenciones oportunas de las autoridades del Estado ante las amenazas y riesgos que enfrentan las personas defensoras de comunidades indígenas en Chiapas, resaltaron las organizaciones.

Pues, a pesar de que las personas defensoras en riesgo han denunciado y/o denunciado graves amenazas y ataques, las autoridades no han intervenido antes de que muchas de estas amenazas y ataques den lugar a casos de graves violaciones de derechos humanos.

Con profundo dolor e indignación, Las Abejas de Acteal denunciaron el cobarde asesinato de Simón Pedro Pérez López. Cortesía: Las Abejas de Acteal

Así ha sido el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la junta directiva de Las Abejas de Acteal. Y, la situación de las 5 familias desplazadas de Nueva Palestina de Ocosingo, como consecuencia de una cadena de graves violaciones a los derechos humanos.

Esas violaciones incluyeron: desaparición, tentativa de homicidio, tortura sexual, lesiones, quema y destrucción de sus bienes, lo que provocó el desplazamiento de 25 personas, entre niños y adolescentes. Así como violencia física, hostigamiento y amenazas de muerte contra la defensora tsotsil Pascuala López López del ejido Pinar Cuxtitalli en San Cristóbal de Las Casas.

Por otro lado, recopilaron importantes testimonios que evidencian la existencia de vínculos entre autoridades estatales y municipales y el crimen organizado, lo que genera condiciones para que prevalezca la impunidad.

A esa crisis, se sumó lo que identificaron como un patrón en la dilación y postergación de audiencias en casos relacionados con defensores de derechos humanos, tanto en el proceso de búsqueda de justicia, como en el caso de Simón Pedro, o en proceso de criminalización de defensores de derechos humanos, como en el caso de Manuel Santiz Cruz.

Marcelo Pérez Pérez, parroco del la Diocesis de San Cristóbal de las Casas (foto Ylenia Sina)

Por último, identificaron dentro de las instituciones gubernamentales estatales una falta de reconocimiento al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades indígenas. Esto es claro en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato de Simón Pedro, donde su labor en defensa de los derechos humanos nunca fue incorporada a la investigación ni a la resolución como parte del móvil del asesinato.

La falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y el consiguiente riesgo se suma al contexto de estigmatización y campañas de desprestigio contra las personas defensoras de derechos humanos, como ha sido el caso del defensor Padre Marcelo Pérez Pérez, concluyeron ambas organizaciones.