Comuneros de la Lacandona acusan a Julia Carabias de pretender dividirlos y confrontarlos
Las autoridades de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona (BCZL), denunciaron que con artilugios legaloides y tráfico de influencias, la ambientalista Julia Carabias Lillo, através de sus organizaciones civiles, Natura y Ecosistemas Mexicanos, pretende dividir a los comuneros indígenas de la Selva para despojarlos del control del territorio.
Chankin Kimbor Chambor, presidente de los BCZL y decenas de comuneros de Lacanjá Chanzayab, Frontera Corozal, Nueva Palestina y otras comunidades que conforman los Bienes Comunales, viajaron durante varias horas desde la Selva para llegar a la capital del Estado y protestar ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtla Gutiérrez, que pretende favorecer a un grupo minoritario “manipulado por intereses foráneos”.
Los indígena choles, tseltales, tsotsiles y mayas lacandones, miembros de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, ubicado en el municipio de Ocosingo dijeron que desde hace más de 50 años han sido objeto “de múltiples engaños, traiciones, manipulaciones y amenazas por parte de los gobiernos neoliberales” y que ahora padecen lo mismo por parte del actual gobierno estatal que dice haber surgido de la 4T.
“Exigimos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 3, con sede en Tuxtla Gutiérrez, que no se preste para violentar nuestros derechos humanos, en el caso que atiende dentro del Expediente 215/2022, en el sentido de inclinarse a un grupo minoritario (lacandones) que están siendo manipulados por organismos no gubernamentales como Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C., perteneciente a la neoliberal Julia Carabias Lillo, a través de su abogado defensor Roger Eli Díaz Guillén”, dijo Chankin Kimbor Chambor.
Recordó el líder indígena que los comuneros de la zona lacandona, en el año de 1971, mediante decreto presidencial se les reconoció y tituló más de 600 mil hectáreas de terreno, sin que se les proporcionará el plano de dicho territorio que enmarca los límites del mismo.
Posteriormente se encimaron decretos presidenciales para dotar de tierras a ejidos y se otorgaron áreas para reservas naturales, lo que ocasionó que el territorio original que fue reconocido y titulado en 1971 se haya reducido a un poco más de 400 mil hectáreas.
Y que, con ello perdieron “una gran cantidad de territorio, sin que a la fecha se cuente con un plano definitivo.
“¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el gobierno federal se niega a entregar el plano definitivo? La respuesta es sencilla; para que los organismos no gubernamentales como Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C. les resulte en una fuente de negocios, utilizando a un grupo de compañeros maya lacandones para su beneficio”, dijo Chankin Kimbor Chambor.
Pidieron al Tribunal Unitario Agrario que haya imparcialidad en el dictado de la sentencia que se emita en el expediente agrario 215/2022 y que la emisión sea pronta y expedita a favor de la paz, la unidad y progreso de los pueblos originarios.
Demandó también a nombre de todos los comuneros y las comunidades dentro de los Bienes Comunales que hay “respeto absoluto del deslinde y medición del territorio comunal que ejecutó la SEDATU, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional. Además exigió la entrega del plano definitivo de los bienes comunales y que no se manipule a los lacandones que pretenden dividirlos.
Demandaron también que se vaya de la Selva Lacandona las organizaciones civiles Natura y Ecosistemas Mexicanos, así como la ambientalista Julia Carabias, que actualmente poseen 80 hectáreas en la región de Chajul y Tzendales.
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