Arranca juicio oral contra César y José Luis, quienes defendieron su territorio contra de la militarización
César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización. Cortesía: Frayba
*Organizaciones hicieron un llamado al Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres del Distrito Judicial de Ocosingo, pues en su próxima resolución representa una oportunidad de demostrar que los pueblos indígenas pueden confiar en el sistema de justicia.
El 15 de octubre de 2020, durante las acciones de manifestación pacífica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados.
Por lo anterior, 11 personas más resultaron heridas.
Desde entonces los defensores se encuentran vinculados a proceso por el delito de motín y en libertad bajo proceso, esto les impide salir y realizar actividades más allá del municipio de Ocosingo. Bajo este panorama, este lunes se resolvería la situación jurídica, indicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Así mismo, en conferencia de prensa visibilizaron la deficiente integración de la carpeta de investigación, incorporación de pruebas obtenidas de manera ilícita y construcción de informes policiales a modo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) Chiapas.
Así como diversos retrasos en el proceso por parte de Agustín López Martínez, juez de Enjuiciamiento de la Región Tres del Distrito Judicial de Ocosingo. Por lo que, esperan que en la audiencia de juicio oral puedan poner fin al proceso injusto al que se les ha sometido.
Es importante señalar que como parte del proceso de resistencia pacífica del pueblo indígena tseltal de Chilón se inició en noviembre de 2020 un juicio de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Tuxtla Gutiérrez con número 717/2020 el cual igualmente sigue pendiente de resolverse, informaron ambos Centros de Derechos Humanos.
Las organizaciones ven con preocupación la respuesta del Estado ante el ejercicio del derecho a la protesta, resaltaron que este hecho de criminalización no es aislado en Chiapas, y que el patrón suele ser la vinculación a proceso por parte de autoridades judiciales sin tomar en cuenta que se trate de una medida desproporcional que busca criminalizar acciones de protesta social.
Libertad y justicia
Familias Unidas contra la Tortura por la libertad de César y José Luis. Cortesía: Frayba
Por otro lado, la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”, solicitaron apoyo de la solidaridad estatal, nacional e internacional, organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, medios de comunicación y periodistas, para continuar manifestándose.
Lo anterior, por las perpetraciones a violaciones a derechos humanos que el Estado mexicano les ha ocasionado y de la situación de supuesta justicia que acontece en Chiapas, con la permisibilidad de tortura y fábrica de culpables a sus familiares.
Hoy nos pronunciamos por la libertad absoluta de nuestros compañeros de lucha César Hernández Feliciano y José́ Luis Gutiérrez Hernández, tseltales defensores de derechos humanos, de su comunidad y de la tierra y territorio, quienes fueron reprimidos, detenidos arbitrariamente y torturados en octubre de 2020, por agentes institucionales de seguridad de Chiapas, expuso la organización.
Mencionaron que, los tseltales enfrentan un proceso bajo libertad condicionada desde 2020: lo que ha ocasionado un rompimiento al tejido familiar.
Aunado a ello, el encarcelamiento en Chilón ha causado a las familias sufrimiento, gastos para ir a firmar al Juzgado Ocosingo por más de 2 años, donde han tenido que vender frutos de su trabajo como el maíz y frijol.
Es por ello, que pidieron a la sociedad civil, organismos de derechos humanos y solidaridad nacional e internacional, medios de comunicación y periodistas, pronunciarse sobre este caso. Además, exigieron al Poder Judicial del Estado de Chiapas, ser un ente que respete innegablemente los derechos humanos de los defensores.
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