Grupos del crimen desplazan a pobladores de la Lacandona

La familia Velasco fue expulsada el 16 de diciembre de 2021, de la comunidad Nueva Palestina, la más grande la Selva Lacandona. El padre de familia, Versaín Velasco García, había denunciado desde meses antes, ante autoridades estatales, el impacto que está teniendo en la población grupos ligados al tráfico de drogas, armas y personas.

“Mi padre lo veía desde los derechos humanos, lo veía desde los abusos que estaban cometiendo, apoyados por las autoridades de la comunidad. Lo último que denunció mi padre fue que detuvieron a unos jóvenes y los tenían encerrados desde hacía 12 días, sin agua y sin comida. Luego de eso se nos vinieron encima”, explicó Moctezuma Velasco, hijo de Versaín, quien en ese entonces tenía 17 años de edad.

El miércoles 16 de diciembre de 2021, cuando Versaín regresó de la cabecera municipal de Ocosingo, a donde acudió para presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el caso de los jóvenes retenidos, un grupo de hombres armados llegó hasta su casa. Ahí estaba él con su esposa, sus hijos e hijas, sus yernos y nietos.

Entraron, los golpearon, abusaron sexualmente de una de las mujeres, a algunos les dispararon, quedaron heridos en el lugar. Otros integrantes de la familia huyeron a las montañas.

Entre los agresores había personas que tienen el nombramiento de policías comunitarios, explicó Isaura Velasco, hija de Versaín, quien quedó herida en el interior de la vivienda. “Me golpearon muy fuerte, me dispararon y me dejaron ahí porque me dieron por muerta”, explicó en entrevista.

A Fredy Gómez Santíz, yerno de Versaín, le dispararon. Hasta ahora su cuerpo no ha sido localizado, por lo que en este caso la familia sobreviviente presentó una denuncia por el delito de desaparición forzada.

En un video que grabó un poblador de Nueva Palestina, se observa que el día de la agresión, vecinos se acercaron al ver  la agresión, pero al escuchar los disparos, se dispersaron y corrieron.

34 personas desplazadas de Nueva Palestina

Moctezuma también quedó herido, sus agresores los dejaron tirados y prohibieron a sus vecinos que los ayudarán. Después de varias horas, «como pudimos nos levantamos y empezamos a buscar a algunas mujeres de la familia, a mis sobrinitos. A las mujeres las tuvieron encerradas en la cárcel que hay al interior de la comunidad», narró el joven.

“Nos juntamos y vimos que teníamos que huir de la comunidad. En total 34 personas salimos, entre niños y adultos. Llegamos a Ocosingo y ahí mi papá dijo que teníamos que denunciar lo que había pasado; pero al llegar a la Fiscalía le pusieron una trampa a mi papá y lo encarcelaron; lo acusaron de homicidio, le fabricaron un delito y ahora está detenido en el penal de San Cristóbal de Las Casas”, explicó Moctezuma.

También su hermana Isaura Velasco y Antonia Aguilar Solorzano, fueron acusadas de robo con violencia agravado; estuvieron encarceladas un año hasta que por falta de pruebas, lograron su libertad.

La familia vio que Ocosingo tampoco era un lugar seguro para ellos, porque ahí transitaban algunos de sus agresores, quienes -señala- tienen vínculos con autoridades del municipio y de la Fiscalía de Justicia de Chiapas.

Decidieron trasladarse a San Cristóbal de Las Casas y buscar en esa ciudad ayuda de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de derechos humanos. Con su apoyo, denunciaron por la vía institucional los agravios cometidos en su contra.

Drogas, armas, tráfico de personas en la selva

–       ¿Cómo es que la población empezó a involucrarse con grupos del crimen, qué es lo que ha cambiado en la selva?

–       No son la mayoría de la comunidad, solo son grupos de personas que tienen el poder en la comunidad, que se han dedicado a este tipo de actividades. Se dedican al tráfico de personas inmigrantes, también al tráfico de drogas y de armas. Pero también están de acuerdo con las mismas autoridades de la comunidad- explicó Moctezuma.

El territorio que está en la frontera entre México y Guatemala ha sido utilizado desde décadas atrás por grupos que trafican con mercancía ilegal y de personas; pero la diferencia con la situación actual -detalla- son los actos de violencia contra la población que no está de acuerdo, es el uso de armas, el control de los caminos y vías de comunicación.

Apenas el pasado 21 de marzo, en la capital de Chiapas, durante su conferencia de prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval, reconocieron que en la zona de la selva Lacandona, donde se encuentra el poblado Nueva Palestina, se ha incrementado la presencia de grupos del crimen organizado.

Detallaron que cárteles de la droga se han apoderado de pistas de aterrizaje que existen en la zona. Estas pistas sirven a la población para salir de comunidades aisladas que de otra manera tendrían que caminar largos trechos por la selva.

Desplazamiento invisible

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la selva han documentado la salida silenciosa de personas desplazadas por la violencia que están generando en la selva los grupos del crimen organizado. La mayoría de estas salidas se han dado en silencio, ante el temor de represalias.

La familia Velasco es una de las pocas que decidió darlo a conocer. Hasta el momento, ha interpuesto tres denuncias: una en la Fiscalía de Justicia Indígena, por los intentos de homicidio, lesiones, amenazas, daños, y los que resulten; otra en la Unidad Especializada de Investigación del delito de Tortura, por la tortura sexual; y la tercera en la Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, por la desaparición Forzada de Fredy Gómez Santíz. En ninguna se ha ejercido acción penal en contra de los probables responsables.

También han solicitado al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, sin que esta instancia haya sesionado para dar respuesta. Desde el ámbito internacional, el 01 de febrero de 2023 el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la Acción Urgente 1569/2023 por la desaparición forzada del indígena maya tseltal Fredy Gómez Sántiz.

Esta medida urge buscar y localizar a Fredy Gómez Sántiz y proteger su vida e integridad personal. La familia también demanda la liberación de Versaín Velasco, cuya audiencia para definir su situación jurídica es este 28 de marzo; y su reubicación en alguna otra región. En la Lacandona dejaron 70 hectáreas de tierra que eran el patrimonio familiar. Ahora viven en calidad de desplazados, hacinados en un par de cuartos, sin un trabajo que les permita comprar alimentos.