Exigen al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente implementada en Chiapas

La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas. Cortesía: Frayba

*“La verdad es necesaria para redignificar a las víctimas y sentar las bases para reconocer la responsabilidad estatal en medio de una espiral de violencia armada en Chiapas” Frayba.

*Al día de hoy, en regiones como Los Altos y Norte de Chiapas aparecen grupos armados que catalogaron como sucesores del paramilitarismo, es decir, descendientes sanguíneos o políticos que heredaron las tácticas de terror.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recordó en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, a las miles de víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas. Así mismo, recalcó el pendiente histórico del gobierno mexicano de reconocer de manera abierta sus impactos y responsables de su implementación.

Pues, tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), impulsaron una estrategia de terror en contra los pueblos que buscó combatir a la insurgencia y sociedad civil simpatizante.

El Frayba indicó que esa política de Estado, llevó a la comisión de diversos crímenes de guerra y lesa humanidad, entre los que destacan: desplazamientos forzados, desapariciones, quemas de casas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Existen bastas pruebas que demuestran que diferentes instancias federales, estatales y municipales se coordinaron para conformar, armar, adiestrar y proteger a grupos paramilitares encargados de los crímenes que el Ejército no podía realizar directamente, entre los que se encuentra la lacerante herida de la Masacre de Acteal cometida en 1997, expuso el Frayba.

A 13 años de la liberación de los responsables materiales de la Masacre de Acteal en 1997, la ausencia de justicia y reconocimiento de la verdad es una prolongada forma de violencia contra las personas sobrevivientes, así como de laceración a la dignidad de las 45 víctimas asesinadas más cuatro no nacidos. Cortesía: Frayba

En dicha Masacre, 45 personas y 4 aún no nacidos, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la presidencia municipal de Chenalhó. No se trató de un hecho aislado, sino el punto más alto de las agresiones paramilitares contra la población maya tsotsil de los Altos de Chiapas.

Nuestro caminar está marcado por las víctimas que dejó el grupo paramilitar Paz y Justicia que operaba al norte de Chiapas, en especial por las 37 personas desaparecidas y 85 asesinadas de este periodo, agregó el Centro de Derechos Humanos.

Entre ellos, está el caso de Antonio González Méndez, miembro de las bases civiles del EZLN, luchador social que se esforzó por construir una economía digna como responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, y cuya visibilidad en la construcción de ese proyecto civil autonómico lo llevó a ser un blanco de la guerra de terror.

El Frayba indicó que la verdad y justicia siguen siendo un pendiente, pese a la alternancia política. Ya que, ningún gobierno ha reconocido de manera formal la existencia de esa política de Estado, incluso se mantienen narrativas racistas que intentan exonerar a gobiernos pasados y estigmatizan a los pueblos como responsables de la violencia gestada desde altas cúpulas.

A paso lento, organizaciones de víctimas como el Colembij y familiares de Antonio González Méndez en la zona Norte de Chiapas o las Abejas de Acteal en la zona Altos, se aferran a la memoria, reclaman verdad, justicia y búsqueda de sus desaparecidos.

En ese camino, un logro importante señaló que fue el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien tuvo por demostrado que en Chiapas se desarrolló una política contrainsurgente, la cual llevó a la formación de grupos paramilitares.

Ofrece Estado mexicano disculpa pública a familiares de Antonio González Méndez. Cortesía: SEGOB

Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, reconoció en el marco de las disculpas públicas por la desaparición de González Méndez, que ésta se suscitó en el marco de una política contrainsurgente. Meses más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dentro del mismo caso, negó de nuevo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la existencia de ese contexto.

Desde el Frayba exigimos al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente probada ante la CIDH. De lo contrario el gobierno en turno será un continuador de sus antecesores en la negación de la verdad y justicia, condición que prolonga los impactos psicosociales para las miles de víctimas, subrayó el Centro de Derechos Humanos.

Además, indicaron que las exigencias para un reconocimiento formal no sujeto a posterior revisión ni negación implican: el reconocimiento por parte del Estado mexicano, mediante decreto, de la existencia de esta política.

Aunado a ello, reconocer de manera formal su responsabilidad dentro de los procesos en trámite ante la CIDH y Corte IDH. Así como, la conformación de una comisión independiente para la verdad, constituida bajo los parámetros establecidos en conjunto con las víctimas y sociedad civil.

“Negar la verdad no la desaparece”, subrayó el Frayba. Pues, mientras gobiernos en turno gastaron recursos, tiempo y trabajo para ocultar el paramilitarismo, esos actores, sus aprendizajes y armas permanecieron en los territorios.

Por último, el Frayba afirmó que la impunidad histórica se convirtió en un mensaje de permisividad que ha llevado a que nuevos grupos identifiquen a las armas como un recurso ideal tolerado para dominar desde lo político, económico y territorial.