Ex funcionarios son responsables de diversos delitos en el caso del Fraude Sobre el Río Gualcarque

El COPINH denuncia exclusión ilegal del caso Fraude sobre el Gualcarque, el origen del asesinato de Berta Cáceres. Imagen: COPINH

*En julio de 2022, inició el Juicio Oral y Público del caso “Fraude sobre el Gualcarque”, en el que comunidades lencas denunciaron corrupción e ilegalidad en el otorgamiento de tierras, permisos, licencias y contratos en beneficio del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque.

Tras culminar el proceso de juicio en el caso del Fraude Sobre el Río Gualcarque, y haber evacuado decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) consideró por demás demostrada la responsabilidad penal de seis personas imputadas en los delitos de Fraude, Violación de Deberes de los Funcionarios, Falsificación de Documento, Uso de Documento Falso y Usurpación de Funciones.

En el juicio, ha quedado demostrado todos los delitos realizado bajo una articulación criminal y corrupta de funcionarios del Estado para beneficiar a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) creada por David Castillo y después de la familia Atala Zablah, en violación de los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco.

Se estableció claramente que la constitución de dicha empresa y sus actuaciones fueron abiertamente corruptas con el objetivo de obtener millonarios financiamientos internacionales, dijo el Consejo Cívico.

Los actos de corrupción fueron realizados entre los años 2009 y 2012, para otorgar de manera ilegal la concesión del Río Gualcarque a la empresa DESA, en fraude al Estado de Honduras y la comunidad Lenca, por parte de Roberto David Castillo Mejía, asistente de la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano, gerente de la ENEE.

Así como, Carolina Castillo Argueta, asistente de la gerencia de la ENEE, Raúl Pineda Pineda, alcalde de San Francisco de Ojuera, Luis Espinoza Mejía, director de recursos hídricos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y José Carbajal Flores, jefe de hidrología de SERNA.

Se ha comprobado en juicio que David Castillo, urdió y articuló, en el marco del Golpe de Estado de 2009, una estructura criminal para obtener beneficios del Estado de Honduras en un contrato con la ENEE que implicaría un perjuicio de por lo menos 174 millones de lempiras entre 2014 y 2021, subrayó el COPINH.

Por lo que, reiteraron que estos actos de corrupción fueron el origen de la violencia en la comunidad de Río Blanco y del asesinato de Berta Cáceres. Este caso es “emblemático y su decisión tendrá implicaciones al tratarse de un caso inédito en Honduras”.

Es la primera vez que las víctimas, a través del COPINH y el Consejo Indígena de Río Blanco, pudieron constituirse como parte en un proceso de corrupción por la afectación de sus derechos humanos y ejercieron sus derechos en el proceso.

También, mencionaron que este juicio está procesando a funcionarios públicos que fueron parte del fraude, sin embargo, queda pendiente el juzgamiento de quienes se beneficiaron de esa corrupción: la familia Atala Zablah.

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Por todo lo anterior, el COPINH demandó al Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, presidido por Nilser Jasmín Ramírez Carvajal, declare culpable de los delitos a todas las personas acusadas.

Aunado a ello, a la Fiscalía especial de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupcion (UFERCO) continúe en la investigación y enjuiciamiento de todas las demás personas involucradas en los delitos de corrupción de la empresa de los Atala Zablah que llevaron al asesinato de Cáceres.

Reiteramos al Estado de Honduras la urgencia de cancelar de manera responsable e inmediata la ilegal, violenta y corrupta concesión sobre el sagrado río Gualcarque, finalizó el Consejo Cívico.