Abraham y Germán, el camino por la verdad, justicia y reparación integral continúa
*Los detenidos sobrevivientes de tortura suelen identificarse con patrones como un menor nivel educativo e ingreso económico. En Chiapas, se desempeñan en trabajos como transportistas, pequeños comerciantes y campesinos, y en su inmensa mayoría son indígenas.
El 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en materia penal dictó libertad “por falta de elementos para procesar” a los hermanos Abraham y Germán López Montejo, tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas.
En ese sentido, Violeta Velasco Sánchez, investigadora de Fundación PorCausa, identificó el caso de los hermanos López Montejo como parte del ejercicio de detención arbitraria, que el estado mexicano realiza apoyándose en la “prisión preventiva oficiosa”, mecanismo consagrado en la Constitución.
Dicho sistema, señaló, es respaldado por un proceso que los centros de derechos humanos denominan “fabricación de culpables”, y que termina de facilitar que muchos mexicanos y mexicanas pasen décadas privados de libertad de manera arbitraria y a la espera de un procesamiento judicial que nunca llega.
Una constante en las personas detenidas de manera arbitraria es el carácter marginal e indígena, en especial en los estados con mayor presencia de pueblos originarios, como sucede en Chiapas. Esta condición implica dificultades económicas y lingüísticas para articular su defensa que con frecuencia resultan en la permanencia en prisión por largos tiempos.
Velasco Sánchez enfatizó la necesidad del Estado y los diferentes gobiernos de mostrar la resolución de casos de criminalidad, por tanto la frecuencia constante a este fenómeno. El caso de los hermanos López Montejo ejemplifica ese fenómeno.
El tema que quiero analizar a partir del caso de los hermanos López Montejo es la detención arbitraria como espacio paradigmático desde el cual pensar al Estado (…) Me voy a enfocar en la marginalidad periférica de lo indígena en la ciudadanía mexicana y en particular en la legibilidad del estado, escrita y hablada en lengua española y vehículo del sistema judicial, expuso la investigadora.
Así mismo, explicó dos nociones vinculantes. En la primera, las detenciones arbitrarias abundan las personas indígenas y los migrantes en tránsito. Sin ahondar en el racismo estructural que predomina en el estado mexicano y que expulsa a estos perfiles de la “ciudadanía de pleno derecho”. Por otro lado, en las poblaciones indígenas, al igual que los migrantes de habla no hispana, el no manejo de la lengua y la distancia cultural se convierten en las principales barreras tanto de esos presos como de sus familias para enfrentarse a esas situaciones.
A su vez, la investigadora dijo que la legibilidad es una condición del estado para leer y clasificar a la ciudadanía , pero también para ser leído. La administración, burocracia y la ley en México se escribe y se habla en español, a su vez la presencia de intérpretes de lenguas indígenas es inexistente y no responde a la diversidad lingüística del estado.
En conclusión, Velasco Sánchez mencionó que todo sistema de supervisión o judicial del Estado moderno presupone la sospecha organizada e incorpora márgenes de incertidumbre. En este sentido, la detención arbitraria parece ser la consecuencia de un manejo estratégico de esa sospecha, llevada a su último extremo, con el fin de solventar una problemática de impunidad y fortalecer el poder del estado: donde no está consolidado.
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