Más de 110 mil personas exigen justicia para Simón Pedro

Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos asesinado en Chiapas el 5 de julio de 2021. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

*El 5 de julio de 2021, un individuo se le acercó a Simón Pedro en motocicleta y lo asesinó de un disparo en la cabeza. Esto, sucedió en Simojovel; cuando se encontraba en el mercado con su hijo.

*Hasta el momento, se han acumulado más de 115 mil firmas, quienes no olvidan el asesinato del defensor. Aquí Puedes firmar la petición aquí.

A través de la plataforma de Salva la Selva, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, solicitan a la sociedad firmar una carta con la convicción de no olvidar el asesinato de Simón Pedro Pérez López y exigir justicia.

La situación es compleja y, describe la plataforma, lo es aún más por la pandemia. Por lo que, observan con preocupación las amenazas crecientes que se filtran contra las personas que trabajan en primera línea en defensa de sus territorios.

En dicha carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, solicitan a las autoridades de Chiapas y a las federales mexicanas que dispongan los medios para investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial el asesinato de Pérez López, integrante de las Abejas de Acteal y del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Ya que, con los asesinatos se pretende transmitir un mensaje de que nadie está a salvo y el horro no tiene fin. Por tanto, es urgente identificar a los responsables intelectuales y materiales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicar las sanciones previstas por la Ley.

Tal y como establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la investigación deberá priorizar la hipótesis de que ese crimen esté relacionado con las actividades de Simón Pedro en defensa de derechos humanos.

Simón Pedro (centro) en una reunión de MAPDER, red en defensa de los ríos. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Así mismo, requieren que se tomen las medidas necesarias para asegurar la vida, integridad física y psicológica de los familiares del activista, así como la seguridad de los integrantes de la organización Las Abejas de Acteal. Además, de una prevención integral de la violencia que se registra contra las personas y comunidades indígenas en Chiapas, en especial los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón y Pantelhó.

Ocúpense de que cese de inmediato todo tipo de hostigamiento contra personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el estado de Chiapas y en México, indican en la carta.

Y, como firmante del Tratado de Escazú, Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en vigor desde abril 2021, México se comprometió de manera formal a proteger a las personas defensoras de la naturaleza.

Por lo que, es el momento de actuar con decisión acabando con la impunidad en el país para con las y los defensores ambientales, como en el caso particular de Simón Pedro y otros como el de Mariano Abarca Roblero.

Esperamos su pronta respuesta, y se asegure de que haya justicia cumpliendo con la legislación mexicana vigente y los tratados adheridos por su país, subrayan en la carta.

Por otro lado, recordaron que Simón Pedro de 35 años, era papá de 7 hijos y miembro de Las Abejas de Acteal, de cuya mesa directiva fue presidente. En esa organización de la sociedad civil desempeñaba su labor como defensor de los derechos humanos, acompañando a comunidades indígenas que denuncian proyectos extractivos y la violencia estructural y continuada en la región de Los Altos de Chiapas.

También, formaba parte del: Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).

Simón Pedro, ayudaba y animaba a los pobladores a organizarse contra la violencia en el municipio de Pantelhó, dominado por grupos armados que controlan el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la zona, como el tráfico de personas y venta de armas, lo que provoca despojos y desplazamientos forzados. Por estos hechos, han denunciado la inacción por parte de las autoridades policiales y el “mal gobierno”.