Gobierno de Chiapas con “oídos sordos” al esclarecimiento del caso de Noé Jiménez y Santiago Gómez
*El 17 de enero de 2019, un plantón del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común (MPJBC) instalado en la presidencia municipal de Amatán, sufrió un ataque: durante esa agresión los activistas Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez desaparecieron; días después fueron encontrados sin vida y con huellas de tortura.
*A 4 años de la irrupción armada, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA- MN) informó que a pesar de la detención de Manuel de Jesús y Wilber Carpio Mayorga, ambos expresidentes municipales de ese lugar, siguen en libertad y sin juicio.
El Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (MOCRI CNPA – MN) recordó lo sucedido el 17 de enero de 2019, fecha en la que un grupo paramilitar desalojó con la fuerza de armas un plantón instalado en Amatán.
Dicho plantón se oponía a la imposición del grupo caciquil de los Carpio Mayorga, en esa agresión resultaron heridos, secuestrados, desaparecidos, torturados y ejecutados Noé Jiménez Pablo, dirigente de CNPA MN y José Santiago Gómez Álvarez, militante del MOCRI.
A 49 meses de esa agresión, señalaron que tal pareciera que, a pesar de la existencia de la Recomendación 39VG/2020, emitida en octubre de 2020 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la exigencia de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición, no se han cumplido.
No obstante, indicaron que en abril de 2021, el gobierno chiapaneco realizó una declaración pública de “No Aceptación”, siendo su argumento que los tiempos de la recomendación eran demasiado apresurados, cuando el documento se emitió casi dos años después de la agresión paramilitar.
El gobierno chiapaneco ha insistido en darle un enfoque de conflicto poselectoral, y pese a las pruebas del secuestro de nuestros compañeros y posterior hallazgo de sus cuerpos asesinados, la postura oficial fue reportar saldo blanco y enviar a elementos de la policía a Amatán, quienes llegaron a convivir y festejar con los agresores, dándoles tiempo de levantar casquillos, lavar sangre, es decir, limpiar las huellas evidentes del crimen, expuso el MOCRI CNPA – MN.
En ese contexto, el 7 de febrero de 2023, con la finalidad de retomar el diálogo al respecto de la mencionada recomendación y justicia por Jiménez Pablo y Gómez Álvarez, una comisión del MOCRI CNPA-MN asistieron a una reunión con representantes del gobierno del estado de las áreas de atención a organizaciones y derechos humanos de gobierno estatal.
También, estuvo presente personal de la CNDH-Chiapas en calidad de testigo mudo, que se limitó a oír y observar, pero no fue partícipe del diálogo que se entabló, siendo que representa una de las partes implicadas en la recomendación, agregó el Movimiento Campesino.
En dicha reunión, prevaleció una postura que quedó clara desde la “No Aceptación de la Recomendación”: usar la ley para evadir la responsabilidad del estado chiapaneco frente a la imposición de los Carpio Mayorga, quienes actuaron cobijados por alianzas electorales y regionales.
Aunado a ello, agredieron en reiteradas ocasiones a los plantonistas del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común (MPJBC) y que dan un mensaje de impunidad para quien desee perpetuarse en el poder municipal en cualquier región del estado.
Por lo tanto, denunciaron que el gobierno del estado mantiene una política de oídos sordos, pues en vez de mostrar interés en generar vías de solución a la problemática que dio pie a los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos en Amatán, los representantes del gobierno se limitaron a transmitir de varias formas una postura de desprecio a las víctimas e impunidad para los agresores.
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