Alcaldesa indígena de Aldama es destituida, ella acusa que fue por ser mujer, ayuntamiento dice que fue por desvío de 13 millones

Angelina Díaz Méndez, presidenta constitucional de Aldama, y Alonso Pérez Sántiz, presidente municipal por el sistema de usos y costumbres, en reunión con autoridades de los gobiernos estatal y federal. Foto: Ángeles Mariscal

Su esposo es presidente municipal por el sistema de usos y costumbres

Angelina Díaz Méndez, alcaldesa constitucional del municipio indígena de Aldama, fue obligada a renunciar al cargo y, según relata, sufrió amenazas de violencia sexual.

Ella llegó al cargo en 2021, a través del registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); de forma paralela, su esposo, Alonso Pérez Sántiz, es presidente por el sistema de usos y costumbres que se aplica en el municipio con una población en su mayoría tsotsil, ubicado en la zona Altos de Chiapas. Ambos son acusados del desvío de 13 millones de pesos destinados a obras públicas.

El pasado fin de semana, Angelina Díaz y su esposo Alonso Pérez Sántiz, llegaron a la capital de Chiapas para denunciar la destitución de ella. Fue el 30 de enero pasado, cuando el cabildo la citó y obligó a firmar su renuncia -según relató- tras ser amenazada con ser quemada y sufrir agresiones sexuales.

En las elecciones municipales de 2021, por las leyes de paridad el PVEM debía presentar en Aldama a una candidata mujer. Para saldar este requisito, Alonso Pérez Sántiz, quien se perfilaba como candidato de ese ayuntamiento -donde se vive desde hace al menos cinco años un conflicto armado que ha dejado decenas de personas muertas y heridas-, acordó que para cumplir la normatividad, Angelina Díaz ocupara la titularidad del cargo.

Él, a su vez, ocuparía el cargo de “presidente municipal por usos y costumbres”. Bajo estos acuerdos, formalmente ambos ocuparon los puestos de poder, ambos presiden reuniones con los gobiernos estatal y federal, y ambos toman decisiones de gobernanza.

Por ello, ambos, Alfonso Pérez y Angelina Díaz, fueron acusados en diciembre pasado de desviar 13 millones de pesos destinados a la construcción de caminos, la acusación vino de 22 agentes rurales de Aldama.

El 22 de diciembre de 2022, tras la acusación en su contra, tras una asamblea que se llevó a cabo ese día en el municipio, los pobladores inconformes se trasladaron a la capital de Chiapas para demandarlos formalmente ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Congreso del estado.

De forma paralela, el Cabildo le exigió a la alcaldesa que aceptara trabajar con un auditor externo, a lo que ella y su esposo se negaron.

En este marco, el 30 de enero el Cabildo la destituyó y obligó a firmar su renuncia, en un contexto de amenazas, según relató Angelina Díaz. Por este hecho, la alcaldesa interpuso una denuncia por violencia política en razón de género ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Chiapas, contra Gilberto López Lunez, síndico municipal de Aldama, y contra quienes resulten responsables.