A 27 años de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, la violencia hacia los pueblos indígenas y afromexicanos se profundiza y la reforma constitucional sobre sus derechos permanece en el olvido
Mujeres zapatistas: nos vamos a defender a todas. Foto: María Fernanda Ruiz.
Este 16 de febrero se cumplirá un aniversario más de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, con los cuales el Estado mexicano reconoció ante el Ejército Zapatista de Liberación Nacional la situación de injusticia y discriminación histórica hacia los Pueblos indígenas, comprometiéndose a entablar una relación igualitaria, en la que el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y el respeto y garantía de sus derechos a la libre determinación y a la autonomía y sobre sus tierras y territorios, serían la piedra angular.
Sin embargo, esos acuerdos fueron traicionados en la contra reforma constitucional de 2001, en la que el ejercicio de los derechos indígenas quedó supeditado al control e interpretación de las entidades federativas y los pueblos fueron relegados a la condición de “sujetos de interés público”. En pocas palabras, se mantuvo la visión tutelar y colonial por parte del Estado mexicano.
En paralelo, en el país siguieron avanzando las políticas y leyes para imponer el modelo neoliberal. Ejemplos representativos de estos instrumentos legales del despojo son: la Ley Minera, la Ley de Aguas, la Ley Agraria y más recientemente la Reforma Energética, entre otras. Bajo este andamiaje se impusieron un sinnúmero de megaproyectos en territorios ancestrales y en propiedad social, lo que, que como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido la principal causa de violaciones a derechos humanos, de la violencia, la conflictividad social y las agresiones y crímenes hacia las poblaciones indígenas en México.
Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la promesa de “primero los pueblos indígenas”, se generaron grandes expectativas de cambio. Unas de las principales apuestas era la de retomar los pendientes de San Andrés Larráinzar para materializarlos en una ambiciosa reforma constitucional. En agosto del 2021 el presidente recibió de manos de la Tribu Yaqui dicha propuesta de reforma, y hasta la fecha se mantiene congelada en la Consejería Jurídica de Presidencia sin ser presentada en el Congreso.
Desde la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), integrada por pueblos, comunidades y organizaciones de 18 estados, hemos hecho reiterados llamados a este gobierno para la presentación de la reforma constitucional, sin éxito alguno. Hoy vemos con enorme preocupación e impotencia que han transcurrido ya más de cuatro años de este gobierno y queda poco tiempo para impulsar el tema en el Legislativo, tiempo que se irá acortando aún más si no se destraba esta reforma y se envía inmediatamente a las cámaras para su aprobación. Esta medida, que solo requiere voluntad política, contribuiría a saldar la enorme deuda de la nación mexicana con sus pueblos indígenas y afromexicanos, además de que generaría mejores condiciones para el ejercicio de la autonomía, la libre determinación y la defensa de los derechos colectivos.
Es importante resaltar que, de la misma forma, aún no se concretan otras modificaciones legales en materia de minería, agua, prohibición del fracking y consulta indígena, a pesar de los importantes esfuerzos, liderados por congresistas del partido gobernante y la actual Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Albores.
Frente a las promesas incumplidas, vemos como los megaproyectos prioritarios del Gobierno Federal se han venido implementando a toda marcha, a pesar de las denuncias de diversas organizaciones y comunidades indígenas por violaciones a derechos humanos. Incluso, se facilitó aún más el avance de estas obras por el “decretazo” de noviembre de 2021, que les otorgó carácter de “seguridad nacional” y se autorizó a pasar por encima de obligaciones internacionales en materia ambiental y sobre derechos de pueblos indígenas, siendo a todas luces una normativa inconstitucional.
La suma de atropellos hacia los pueblos sigue escalando sin diferenciar colores políticos y resulta hoy más violenta. Tan solo en enero de este año, la organización ALUNA registró incidentes verdaderamente alarmantes en contra de defensores indígenas y del territorio, “el 5 de enero, en Guerrero, fue asesinado Remigio de la Cruz, defensor de los derechos del pueblo Ñomndaa, y el día 12, en Michoacán, los comuneros nahuas Isaúl Nemecio, Miguel Estrada y Rolando Magno, integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria de Aquila. El 15 de enero, en los límites de Michoacán y Colima, fueron desaparecidos los defensores de la comunidad de Aquila, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, sin que hasta la fecha hayan sido localizados. Tan sólo dos días después, David Hernández Salazar, defensor del territorio binnizá, fue detenido arbitrariamente en Oaxaca y finalmente liberado tras la presión social que se ejerció. El 11 de enero, esta vez en Campeche, fueron detenidos Joel Jiménez y Naín Camacho durante una protesta contra el Tren Maya, la cual fue reprimida por policías y militares, quienes arremetieron también contra infantes y personas de la tercera edad.”.
El caso más reciente se registró la mañana de este 14 de febrero, cuando Fernando Diego Jurado, de Nahuatzen, Michoacán, fue detenido por policías municipales; durante horas no se supo nada de él y hasta la noche trascendió que está en la cárcel, acusado (falsamente) de asesinato. La causa de esta detención es en realidad su lucha por defender el territorio del imparable avance de la siembra de aguacate.
Frente al prevaleciente sistema de violencia, despojo y discriminación hacia nuestros pueblos y comunidades, desde la ALDEA, seguimos alzando la voz para exigir al Estado mexicano:
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Hacer cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y en consecuencia, que la reforma constitucional pendiente sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, sea presentada por el Ejecutivo en el actual periodo de sesiones del Congreso.
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Concretar las reformas legales pendientes a la Ley Minera vigente promovidas desde la Colectiva Cambiémosla Ya6 y en discusión en la Cámara de Diputados.
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Subsanar de manera inmediata la grave omisión legislativa respecto a la promulgación de una Ley General de Aguas que respete el derecho sobre las aguas y los territorios de pueblos y comunidades.
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Continuar con la búsqueda y presentación con vida de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
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Poner un alto inmediato a las agresiones, asesinatos y la criminalización en contra de defensores del territorio y de derechos humanos, asegurando todas las medidas de protección y política pública a su alcance.
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, (ALDEA) es una articulación de pueblos, comunidades y organizaciones civiles con presencia en 18 estados de la República. Quienes la integramos, nos unimos por una necesidad compartida de transformar las estructuras de desigualdad e injusticia que durante años han mantenido en la marginación y la pobreza a los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país.
Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, párr., 254 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
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