Misión civil llega a Chiapas para analizar situación de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ venezolanas
*La misión civil informó que tendrán reuniones con organizaciones y albergues de la sociedad civil locales, así como autoridades migratorias y de asilo.
Las organizaciones Apoyo a Migrantes Venezolanos, Women’s Refugee Commission (WRC), Center of Democracy in the Americas y el Instituto para las Mujeres en la Migración A. C. (IMUMI) iniciaron este 6 de noviembre una misión civil a Chiapas y Oaxaca, con el fin de monitorear y documentar la situación de las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ venezolanas.
Lo anterior, par analizar las consecuencias de las políticas migratorias de la región, es decir, expulsiones bajo Título 42, parole humanitario, cierre de frontera de Panamá y solicitud de visa para ingresar a México.
De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, en el mundo 7.1 millones de personas venezolanas son migrantes o refugiadas hasta septiembre de 2022. De ellas, 5.96 millones están en América Latina y El Caribe: 82 mil 900 residen México y 545 mil 234 en Estados Unidos.
El IMUMI detalló que antes de enero de 2022, la mayoría de las mujeres venezolanas y sus familias realizaban el viaje vía aérea buscando establecerse en México o Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno mexicano decidió implementar la solicitud de visas a población venezolana a partir del pasado 21 de enero, lo que trajo como consecuencia el tránsito vía terrestre con impactos en su seguridad personal.
Según el gobierno de Panamá, entre febrero y agosto del presente año, ha registrado el cruce entre su frontera y Colombia de 67 mil 441 personas venezolanas: un incremento del 5800% en comparación con el mismo periodo en 2021.
Mientras que en México, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre febrero y agosto, registraron 33 mil 159 eventos de detención de personas venezolanas, es decir, un 3200% más que en el mismo periodo de 2021.
Por otro lado, el Instituto para las Mujeres en la Migración resaltó que el 12 de octubre, los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron pública una política migratoria bilateral que coloca a la población venezolana en las nacionalidades expulsadas a territorio mexicano bajo Título 42.
Dicha medida, acompañada del anuncio del limitado programa parole humanitario con requisitos de elegibilidad estrictos, lo que obstaculiza el derecho a solicitar protección internacional de las y los venezolanos.
La política entró en vigor el 19 de octubre, y aunque estiman en más de 7 mil las personas regresadas a México, la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha publicado ninguna ruta de apoyo humanitario y estancia migratoria regular para la población recibida desde Estados Unidos.
Lo anterior, provoca separación familiar, saturación de albergues de la sociedad civil, incertidumbre en las personas venezolanas y situaciones de violencia contra esta población.
La misión civil busca recorrer una parte de la frontera sur de México (Tapachula, Chiapas y Tapanatepec, Oaxaca), por ser los lugares donde se encuentra un importante número de mujeres venezolanas y sus familias ante la imposibilidad de regularizar su situación migratoria, solicitar protección internacional o transitar hacia Estados Unidos, concluyó el IMUMI.
Incertidumbre, precariedad y riesgo
Cabe recordar que, desde el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSEM) denunció la situación de incertidumbre, precariedad y riesgo que viven las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en México, esto como resultado de las políticas migratorias implementadas por los gobiernos de Estados Unidos y México.
Ya que se suma a las medidas discrecionales establecidas por autoridades migratorias de México hacía miles de personas solicitantes de refugio: en específico venezolanas, que les obligan a desplazarse a San Pedro Tapanatepec en Oaxaca.
En dicho lugar, indicaron que han establecido un campamento sin condiciones de acceso a agua, saneamiento, alimentación y espacios seguros para descansar, donde las personas en movilidad deben esperar entre ocho y diez días para obtener una Forma Migratoria Múltiple (FMM).
Por lo que, la situación generada por las instancias gubernamentales, orilla a las personas a situaciones de riesgo, precariedad y coloca en riesgo su bienestar físico, mental y emocional. Al no ofrecer opciones claras de regularización y no se garantiza el acceso a sus derechos.
Así mismo, el Colectivo realizó monitoreos en la ruta costera de Tapachula en Chiapas a Tapanatepec en Oaxaca, incluyendo albergues provisionales coordinados por Protección Civil y con presencia de diversas fuerzas de seguridad.
Pese a la falta de claridad sobre vías de acceso a la regularización migratoria y refugio para las personas que ya se encuentran en México, enfatizaron que el retorno por cuenta propia no es una opción por los riesgos al bienestar y la vida, en especial en la selva del Darién.
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