Masacre de Viejo Velasco, 16 años en impunidad
*La masacre ocurrió en la comunidad tseltal y ch´ol de Viejo Velasco en Ocosingo. En un operativo de corte paramilitar, ya que más de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab, todos de la llamada “Comunidad Lacandona”, armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, irrumpieron en la comunidad de manera violenta.
A 16 años de la Masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene una total impunidad en el caso. Al mismo tiempo, continúan 36 personas en desplazamiento forzado: la mayoría mujeres, niñas y niños.
La Masacre provocó el desplazamiento forzado de 36 personas, la ejecución extrajudicial de seis de ellas, la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida. Aunado a ello, cuatro desapariciones forzadas
Cabe señalar, con la ayuda de familiares e integrantes de la Misión civil, se encontraron los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, enterrados en un paraje cercano a Viejo Velasco.
A 16 años ya de esa masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño, indicaron las organizaciones.
De acuerdo a investigaciones realizadas por el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) XINICH, apoyada por una Misión Civil de Observación, mencionaron que los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas. Algunas de estas personas, contaban con armas de alto calibre conocidas como cuernos de chivo.
También, documentaron la presencia de cinco fiscales del ministerio público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando. Por último, un representante de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Durante ese tiempo, familiares y organizaciones han denunciado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas por no realizar una investigación completa y efectiva de estos hechos. Mientras que el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.
Agregaron que la FGE nunca contó con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron en estos hechos.
Esto, sumado a la criminalización hacia Diego Arcos, promotor indígena de salud, quien junto otros cinco personas dieron auxilio a las víctimas de la masacre. Todos ellos, continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros.
La sangrienta masacre se dio en un contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, resaltaron las organizaciones.
Lo anterior, debido a que enfrentaron una agresiva política de despojo territorial y social de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y un atractivo escénico y turístico del país.
Así mismo, informaron de manera pública, que el pasado 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de admisibilidad No. 264/20 de la petición 1594-10 del caso Pedro Núñez Pérez y otros, México.
En donde, señalaron la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, tortura, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares que tuvieron lugar durante la agresión violenta de la comunidad Viejo Velasco.
Desde Palenque, reiteraron una vez más la exigencia al Estado mexicano de justicia para las 36 personas en desplazamiento forzado, así como justicia por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez Gonzales, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.
Por último, la desaparición forzada de Pérez Guzmán y Peñate López, el secuestro y tortura de Núñez González, así la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la CDLI XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerles responsables de asesinar a sus propios compañeros.
*Firmantes del pronunciamiento:
Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco
Coordinadora de la Organización Social XINICH
UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC
Organizaciones acompañantes:
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) XINICH
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Maderas del Pueblo del Sureste A. C. (MPS)
Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC)
Casa de la Mujer Ixim Antsetic A. C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos Los Derechos Para Todas y Todos”
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Comunidades de los Pueblos Indígenas de la Santísima Trinidad
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
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