Llaman a acción global en contra de la militarización en el marco del aniversario del CNI
*El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, con el fin de ser un espacio donde los pueblos originarios encontraran la reflexión y solidaridad para fortalecer sus luchas de resistencia y rebeldía.
El Congreso Nacional Indígena (CNI), junto a organizaciones, colectivos y redes, llevarán a cabo el próximo 12 de octubre de 2022, una acción global contra la militarización, así como en contra de la guerra capitalista y patriarcal hacia los pueblos originarios de México y el mundo, como al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus comunidades.
La fecha señalada marca el inicio de la resistencia de sus pueblos y comunidades contra el genocidio, invasión, conquista, despojo de tierras y territorios, el exterminio de sus instituciones, lenguas, cultura y tradiciones.
EL CNI señaló que el año pasado, mientras que el EZLN denunciaba que “Chiapas se encontraba al borde de la Guerra Civil”; los pueblos zapatistas decidieron surcaron en lo que llamaron “la travesía por la vida”.
Vamos a agradecer a lo otro su existencia, a agradecer las enseñanzas que su rebeldía y su resistencia nos han regalado, a entregar la flor prometida, a abrazar lo otro y decirle al oído que no está sola, soloa, solo. A susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no están, la rabia de que esté impune el criminal, el sueño de un mundo no perfecto, pero sí mejor: un mundo sin miedo. Y, sobre todo, vamos a buscar complicidades por la vida, decían en ese entonces los pueblos zapatistas.
En ese sentido, recordaron que el próximo 12 de octubre se cumplirán 26 años de la fundación del CNI.
La lucha por la vida es nuestra palabra colectiva desde hace 530 años y la guerra en contra de nuestros pueblos siempre ha sido la respuesta de los malos gobiernos, expusieron organizaciones, colectivos y redes.
Por tal motivo, alzarán la voz y se movilizarán para exigir un alto total al cerco militar, los ataques paramilitares y la guerra contrainsurgente dirigida en contra del EZLN y las comunidades zapatistas. Así como de los pueblos originarios de México a través de la militarización y paramilitarización, crimen organizado, megaproyectos y el despojo de tierras y territorios.
Además, rememoraron que el año pasado el CNI denunció que, hasta esa fecha, habían documentado 33 asesinatos de sus integrantes, entre ellos: seis mujeres y dos desapariciones. Un año después, dichas cifras se han incrementado de manera considerable siendo la impunidad, el común denominador.
Desde siempre México enfrenta flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos que se han agudizado en el actual régimen de la 4T. Los homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones masivas, así como la represión a estudiantes, mujeres, campesinos, campesinas, maestras, maestros, trabajadoras, trabajadores, jóvenes, defensoras y defensores de los derechos humanos y de la madre tierra, expusieron organizaciones, colectivos y redes.
Tal es el caso de Samir Flores Soberanes, periodistas, activistas y pueblos originarios, casos que van desde el hostigamiento, acoso, amenazas, hasta el despojo, desplazamiento, tortura, prisión política, desaparición, homicidio y feminicidio. Pues, son innumerables las formas de guerra que enfrentan los pueblos de México.
Al mismo tiempo, enfatizaron que los malos gobiernos utilizan la militarización, paramilitarización, ataques y agresiones del crimen organizado para imponer la extracción de minerales e hidrocarburos o megaproyectos de muerte como el Tren Maya, Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos.
Lo anterior, institucionaliza el despojo del agua en todo el territorio nacional y se destinan elementos de la fuerza pública para defender a empresas transnacionales, aumenta la contaminación de ríos, mantos freáticos, aire y tierra, dan prioridad a la explotación minera, narcotráfico, tala de árboles e industrias.
Por esa razón, las comunidades, pueblos y organizaciones denuncian que la imposición de los proyectos de infraestructura y extractivismo se da con la participación directa de la Guardia Nacional (GN), lo que aumenta la militarización de la vida cotidiana en muchas regiones y pueblos indígenas.
Por otra parte, mencionaron que hace poco la Cámara de Diputados y Senadores aprobaron modificaciones legislativas para pasar el control operativo y administrativo de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Es decir, pretenden prolongar el tiempo en que el Ejército y la Secretaría de Marina (Semar) pueden intervenir en las tareas de seguridad pública no sólo hasta 2024, plazo que tenían pactado para fortalecer a las policías estatales y municipales, sino hasta 2028, imponiendo así un esquema transexenal.
Tal como lo acreditan matanzas como la del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971, la llamada guerra sucia, la supuesta guerra contra el narcotráfico, desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el día de hoy, o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con la participación central del Ejército Mexicano.
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