Implementar un programa inconstitucional, la respuesta gubernamental frente a intoxicación en estudiantes
*Pondrán en marcha el Protocolo de Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales en el nivel de secundaria, iniciando en planteles de Bochil, luego Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Palenque y Comitán. Posterior a ello, en las más de dos mil escuelas del Estado.
*El programa “Mochila Segura” no puede convertirse en la respuesta del Estado a los problemas de seguridad y violencia en el territorio: REDIM.
En conferencia de prensa, autoridades del Gobierno de Chiapas dieron a conocer las acciones interinstitucionales que han realizado para atender el caso de intoxicación en estudiantes de secundaria en Bochil y Tapachula.
Al respecto, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, la secretaria de Educación, indicó que con el fin de prevenir la introducción de objetos o alimentos en las escuelas, que pongan en riesgo la salud e integridad de las y los adolescentes, realizarán el Operativo Mochila, en acuerdo con docentes, madres y padres de familia.
Por lo que, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) se pronunció ante las acciones tomadas por el Gobierno de Chiapas para atender a las y los adolescentes intoxicados. Además, reiteró la exigencia de una investigación urgente y eficiente sobre casos de intoxicación que se registran en el país.
Dado que el Estado mexicano y sus autoridades tienen la obligación de proteger a las infancias contra toda forma de violencia. Así mismo, afirmó que es deber de las instituciones informar sobre los avances de la investigación respecto a las causas de ese evento.
Rechazamos, una vez más, la postura de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de atender la situación desde una mirada que criminaliza a las infancias, a través de la implementación del programa Mochila Segura, cuando lo que se requiere es una política de seguridad y prevención que incluya a la niñez, expuso la Red.
Así mismo, recordaron que dicho programa fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pues, no sólo carece de un marco legal que lo sustente, sino que viola los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Federal al atentar contra los derechos humanos de las infancias.
Lo anterior, incluye el derecho a la intimidad y la privacidad, pues presupone que todas las personas jóvenes tienen la disposición de cometer algún delito. Por ello, cualquier acercamiento a un programa así, es improcedente e incorrecto.
Acciones
Es de importancia mencionar que, Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno, enfatizó durante la conferencia de prensa, que desde el primer momento se atendió el caso en coordinación con las secretarías de Educación y Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Fiscalía General del Estado (FGE) y gobiernos municipales.
Por otro lado, José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud, detalló que respecto al caso de la Escuela Secundaria Federal No.1 en Tapachula, resultaron afectados 21 estudiantes, todos recuperados física y mentalmente. En el segundo caso, fueron 18 afectados, 15 recibieron alta médica y tres se encontraban hospitalizados, pero estables.
Con relación a la Escuela Telesecundaria 388 Ricardo Flores Magón, se registraron cinco afectados, todos se han recuperado de manera adecuada, agregó el secretario de Salud.
Mientras que, en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje en Bochil, informó que resultaron 72 afectados, 11 se encontraban hospitalizados, 10 estables y una persona con estado delicado, pero con diagnóstico estable.
La atención se está brindando de manera conjunta entre todo el sistema de salud, incluyendo a las instancias privadas, para garantizar una plena recuperación de las y los jóvenes afectados. Así mismo, estamos colaborando con las instancias correspondientes para identificar las causas de estos acontecimientos, dijo Cruz Castellanos.
En tanto, Olaf Gómez Hernández, fiscal general del Estado, dio a conocer que en dichos planteles escolares han tomado muestras toxicológicas, declaraciones correspondientes y han llevado a cabo las acciones correspondientes de protección y atención de la salud de las y los jóvenes, con el acompañamiento y autorización de madres y padres de familia.
Para finalizar, agregó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) su intervención para la aplicación de un tercer peritaje toxicológico en el caso de Bochil, toda vez que existen discordancia en las pruebas aplicadas a dos estudiantes en laboratorios particulares y las efectuadas por la FGE.
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