A dos años, analizan impactos del huracán «Eta» para el derecho a la información de las comunidades zoques
*En mayo de 2021, Artículo 19 realizó una solicitud de información al Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas, sobre los planes de reconstrucción para las comunidades zoques. El sujeto obligado respondió que, de las 33 peticiones que había hecho el Gobierno Estatal y Municipal para acceder al Fondo de Desastre Naturales (FONDEN) hasta el 13 de mayo de 2021, solo se habían autorizado tres, todas para infraestructura carretera. Es decir, no se había autorizado ningún monto para los sectores educativo, hidráulico, salud, vial, urbano o vivienda.
A inicios de noviembre de 2020, el huracán «Eta» impactó territorio chiapaneco. Las cifras oficiales reportadas incluyen la muerte de 20 personas, 54 mil 976 más damnificadas, 2 mil 845 viviendas dañadas, 26 tramos carreteros interrumpidos por deslizamiento de ladera inestable, desbordamiento de cinco ríos y tres comunidades incomunicadas por inundación.
De acuerdo con Protección Civil Estatal, los municipios afectados por el huracán fueron Francisco León, Ixtacomitán, Tapilula, Rayón, Ixhuatán, Pantepec, Chapultenango, Tecpatán, y Solosuchiapa, territorios donde habitan comunidades zoques.
Mientras tanto, el Centro de Lengua y Cultura Zoque documentó las afectaciones que vivió el pueblo zoque, entre ellas, 95 puntos colapsados, la muerte de tres personas, pérdida total de viviendas en varias comunidades, tres deslizamientos de laderas de gran magnitud, así como, desplazamiento y reubicación de 26 familias.
En ese contexto, Article 19 en colaboración con el Centro de Lengua y Cultura Zoque, realizaron un informe con el fin de visibilizar cómo se ejerció el derecho a la información al prevenir, atender o mitigar el impacto del Huracán en comunidades zoques del norte de Chiapas, quienes en la actualidad se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno.
Dicha investigación fue realizada a partir de 108 solicitudes de acceso a la información a instancias de los tres niveles de gobierno, entrevistas a personas de la comunidad zoque y la revisión de reportajes periodísticos.
El informe aborda tres temáticas: análisis de estándares internacionales para la protección de las comunidades afectadas en contexto de desastres naturales, antecedentes y contexto del pueblo zoque en Chiapas, y el impacto de «Eta» en las comunidades zoques.
Así mismo, entre los principales hallazgos del informe está: el enfoque de atención frente al desastre fue reactivo, pues dejo de lado las acciones destinadas a prevenir, mitigar y gestionar integralmente los desastres.
Al pasar la urgencia, redujeron la atención de los gobiernos a las acciones posteriores, que incluye prevenir el siguiente desastre e informar a la población sobre planes integrales de mitigación de riesgos.
De todas las solicitudes de información realizadas, ninguna institución gubernamental mencionó fases ni acciones preventivas o de mitigación, previas o posteriores al desastre. Tampoco se respondió de acciones destinadas a cumplir la Gestión Integral de Reducción de Desastres, en sus términos de ley y de política pública, indican en el informe.
¿Qué sigue ahora?
Article 19 y el Centro de Lengua y Cultura Zoque indicaron que una vez que los desastres se hicieron presentes en las comunidades zoques, la población afectada sufrió el desplazamiento y con él, la pérdida de su territorio y de sus propiedades.
Las comunidades desplazadas se dirigieron a las cercanías de la cabecera municipal de Rayón, en donde las autoridades habilitaron un albergue y según la opinión de los afectados, sufrieron condiciones de abandono por cerca de nueve meses.
De acuerdo con los pobladores, durante ese tiempo los gobiernos municipales afectados gestionaron la adquisición de terrenos con una extensión de una hectárea, donde las familias de las comunidades zoques afectadas comenzaron a reconstruir su pueblo a pocos kilómetros de San Antonio Canelar, una comunidad impactada por el desastre.
Tras dos años del paso del huracán, enfatizaron la importancia de plantearse los pendientes que quedan y cuáles son los riesgos que enfrenta la comunidad a partir de la desinformación. Las comunidades zoques afectadas reportan que el proceso de reconstrucción no estuvo acompañado de un plan integral ni de obra pública de servicios básicos, como: red de agua potable, drenaje, escuelas, clínicas o apoyos públicos municipales, estatales o federales para la recuperación productiva y económica.
Aunado a ello, la población no ha recibido información completa, oportuna ni de manera cultural pertinente sobre los procesos de reconstrucción y recuperación después del impacto del huracán. Pues, hay una clara ausencia de políticas de transparencia proactiva, que cubran de manera efectiva las necesidades de la población vulnerable y provean la información necesaria para ese fin.
Las autoridades tienen la responsabilidad de brindar información clara, oportuna y en lengua indígena, a partir de las necesidades específicas que tienen las comunidades zoques, resaltó Article 19, la Oficina para México y Centroamérica junto al Centro de Lengua y Cultura Zoque.
También, expusieron que es necesario mencionar que los mapas estatales y municipales de riesgo o los atlas de peligros de Chiapas. En teoría, servirían para regular y ordenar los asentamientos humanos de forma segura ante las amenazas de los elementos de la naturaleza como los huracanes.
Sin embargo, ese tipo de instrumentos requiere la participación de las comunidades en los procesos de elaboración y el reconocimiento por las autoridades municipales o estatales en la toma de decisiones. Ya que, las comunidades pueden aportar información de suma relevancia en el conocimiento sobre su entorno territorial.
En medio de ese panorama, señalaron que el huracán Eta ocurrió durante la pandemia por Covid-19, declarada como tal el 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de Salud (OMS) quien detuvo, limitó y determinó mucha de la respuesta pública y comunitaria en México.
Impacto de «Eta»
Durante los primeros días de noviembre de 2020, Eta recorrió una amplia región de Centroamérica, México y de Florida en los Estados Unidos. El día 2 de ese mes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó que el huracán había incrementado su intensidad a categoría dos en la escala Saffir-Simpson, a 785 kilómetros al este-sureste del Puerto Costa Maya en el estado mexicano de Quintana Roo.
Para ese entonces, los vientos generados llegaban a los 175 kilómetros por hora (km/h)) con rachas de 210 km/h, y el huracán avanzaba a territorio mexicano a una velocidad de 15 km/h. En cuanto el huracán tocó territorio zoque, las comunidades se enfrentaron a los procesos de remoción en masa por inestabilidad de laderas, comúnmente conocidos como deslaves de tierra y caídas de roca.
De acuerdo con el Colectivo para la Evaluación y Prevención de Riesgos Geológicos, se trató de un tipo de desastres de origen geológico por las características del terreno y nivel de inclinación, detonados por el impacto hidrometeorológico del huracán.
Así pues, ocurrieron tres grandes desastres de este tipo que provocaron la muerte de tres personas y ocasionaron la pérdida total de viviendas en varias comunidades de los nueve municipios antes mencionados.
Los desastres se resintieron con mayor fuerza en San Vicente y San Antonio Las Cruces, San Antonio Canelar, Carmen Tonapak, San Antonio Acambak y la comunidad de Candelaria de Francisco León, donde el terreno quedó imposibilitado para ser habitado de nuevo.
Lo anterior, forzó el desplazamiento y la reubicación de 26 familias, en una clara vulneración a sus derechos humanos, en particular al derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que de manera tradicional ocupaban.
Otros derechos humanos del pueblo zoque que se vieron vulnerados por el impacto del huracán fueron el de la educación, a la alimentación y seguridad alimentaria. Artículo 19 entrevistó a Fermín Ledesma Domínguez del Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C., quien detalló que hubo al menos 95 puntos del territorio zoque afectados por el paso del huracán.
Estos puntos representaron el colapso de caminos y puentes que comunicaban a sus comunidades y que al momento de lo ocurrido las dejaron incomunicadas. Las escuelas sufrieron afectaciones importantes, dejando a la niñez y a jóvenes estudiantes de las comunidades sin acceso a la educación.
Este derecho hace explícito que la población no solo debe recibir información, sino también solicitar, investigar, difundir y buscar cualquier información que sea de su interés y que le permita tomar decisiones, así como garantizar sus derechos y protección.
Por otro lado, nueve meses después del huracán, las comunidades zoques continuaban en incertidumbre informativa, por lo cual tomaron la iniciativa de realizar una rueda de prensa para expresar su preocupación sobre la falta de atención brindada por las autoridades, sobre todo en contraste con la atención que recibieron las zonas urbanas de Tabasco y Chiapas.
Dichos vacíos de información impidieron que la población accediera a las medidas oficiales de prevención, mitigación y recuperación. En consecuencia, las comunidades se valieron de sus procesos organizativos comunitarios para afrontar el desastre.
Según Ledesma “Son como dos caras de un mismo problema. Por un lado, la potencia de las comunidades para sobreponerse ante un fenómeno natural, y por el otro lado la debilidad institucional. […] las comunidades tienen una gestión del riesgo propio que no se mira pero que ahí está. La institución no tiene información, se ve rebasada por estas circunstancias y lo que tiene es un apoyo mínimo, pues con despensas resolvieron el problema”.
Sin comentarios aún.