En julio, más de 850 familias fueron desplazadas de forma violenta en Chiapas

Narcotraficantes se enfrentan durante más de 24 horas en municipios fronterizos de Chiapas con Guatemala.
Foto: Cortesía

*En julio de 2022, registraron nuevos desplazamientos por violencia en Chiapas.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dio a conocer que durante el mes de julio de 2022, ocurrieron al menos dos eventos de desplazamiento interno por violencia en México: ambos en Chiapas.

Dichos desplazamientos afectaron 850 familias —un estimado de 3 mil 396 personas— fueron expulsadas de forma violenta de los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria.

Lo anterior, como consecuencia de la violencia generada por la irrupción de grupos armados y por los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad pública. Así mismo, en el municipio de Larráinzar, 15 personas de dos familias se vieron obligadas a desplazarse de la comunidad de Chuchiltón. Dicho evento, se dio tras recibir amenazas por no haber pagado la multa que les impusieron: esto por no cooperar para la realización de una fiesta religiosa, ya que pertenecen a otra religión.

Visita de la CIDH a Aldama, Chiapas, para verificar cumplimiento a medidas cautelares que resguarden la vida de los habitantes de este municipio indígena acosado por personas armadas. Foto: Ángeles Mariscal

Por otra parte, indicaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a comunidades indígenas chiapanecas para supervisar la implementación de las medidas cautelares otorgadas en 2017 y 2018, a favor de familias indígenas tsotsiles de 22 comunidades en los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama.

En la visita, estuvieron presentes la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, y Tania Reneaum Panszi, secretaria Ejecutiva del organismo.  Pues, las medidas cautelares (No. 882-17 y No. 284-18) fueron otorgadas para proteger la vida e integridad de las comunidades beneficiarias ante hechos de violencia y desplazamiento forzado.

De acuerdo con Arosemena de Troitiño, dicha visita les permitió verificar una positiva colaboración y cooperación para buscar la resolución de los conflictos en el territorio. Así como la labor de la sociedad civil e iglesia en la atención humanitaria y labores de pacificación.

Durante los recorridos recibimos con preocupación los testimonios de que la población vive con miedo por la violencia, la cual impacta en la vida de mujeres, niñas, niños. El Estado tiene la obligación de continuar desplegando el máximo de sus esfuerzos para poner fin a la violencia, reparar a las víctimas y reconstruir un tejido social que está demandando paz, indicó la comisionada.

Así mismo, el CMDPDH reportó que debido a los hechos de violencia que se llevaron a cabo a mediados de junio en el Mercado del Norte en San Cristóbal de Las Casas, miles de personas indígenas de Zinacantán se vieron obligadas a abandonar los negocios de flores que tenían en el lugar y regresar a su municipio de origen.

Mientras que hace más de diez años, cuatro familias fueron desplazadas de la comunidad de Banavil, en el municipio de Tenejapa, por un conflicto agrario. Estas señalaron que no han recibido ningún apoyo por parte de las autoridades, por lo que exigieron justicia por el asesinato de uno de sus familiares y al gobierno estatal que esclarezca los hechos y las apoye para retornar con seguridad a sus hogares.