Contaminación al río Vicente viola derechos humanos de habitantes de Comitán, Tzimol y Socoltenango

Río Vicente
Foto: Turismo Chiapas

*La información y evidencias valoradas por la Comisión acreditan la responsabilidad institucional por violaciones a los derechos humanos al saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, para la población que habita y transita por los municipios referidos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 159/2022 al director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Germán Arturo Martínez Santoyo; a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Blanca Alicia Mendoza Vera; a los presidentes municipales de Tzimol, José Joel Altuzar Jiménez; de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez; y de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández, por violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, en agravio de los habitantes de los municipios mencionados.

El 19 de mayo de 2021 y 11 de mayo de 2022, se recibieron quejas en las que se detalló que el río San Vicente, ubicado en el municipio de Tzimol, tiene graves índices de contaminación debido a las descargas de aguas residuales que se vierten sin tratamiento previo y a los residuos sólidos urbanos que se desechan inadecuadamente por la ausencia de infraestructura.

Esta problemática se incrementa por el arrastre de los sedimentos de cambios de uso de suelo que ocasionan las actividades pecuarias y agropecuarias, además de la filtración de residuos tóxicos provenientes del relleno sanitario que se localiza en Comitán de Domínguez, cuyas operaciones contravienen lo establecido en la normatividad ambiental.

Por parte de las personas servidoras públicas adscritas a la CONAGUA, a la PROFEPA y a los ayuntamientos mencionados que resulten responsables, puesto que por acción y omisión no garantizaron los citados derechos humanos, en perjuicio de la población afectada y del interés público.

Por lo anterior, la CNDH solicitó a las personas titulares de CONAGUA, PROFEPA y a los presidentes municipales de Tzimol, Comitán de Domínguez y Socoltenango que celebren un convenio marco de coordinación interinstitucional para la protección ambiental, restauración y reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación del río San Vicente.

Asimismo, pide que se elabore un programa anual de visitas de inspección calendarizado, para la vigilancia de las descargas de aguas residuales vertidas en el río. En caso de detectar irregularidades, deberá iniciar los procedimientos administrativos y sancionatorios correspondientes. Si advirtieran hechos probablemente constitutivos de delitos ambientales, deberán presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

A CONAGUA y PROFEPA en específico, se les pide colaborar con la Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control en la CONAGUA y en la SEMARNAT contra las personas servidoras públicas responsables de las probables faltas administrativas que han originado la recomendación.

La CONAGUA, por su parte, deberá realizar los estudios técnicos necesarios y un inventario de los puntos de descarga de aguas residuales que se vierten en el río, y garantizar que las estaciones de monitoreo en los cauces del río cuenten con las condiciones necesarias para detectar eficazmente la presencia de contaminantes fuera de los límites permisibles.

De igual forma, se le pide que durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024 se hagan ante la SEMARNAT las solicitudes de ampliación presupuestaria para que se asignen recursos suficientes para el Organismo de la Cuenca, con el objetivo de que ejerza debidamente sus atribuciones en materia de inspección y vigilancia.

Por su parte, los presidentes municipales de Tzimol, Comitán de Domínguez y Socoltenango deberán realizar un proyecto que mejore los sistemas de alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales en localidades urbanas y rurales y que garantice su sostenibilidad.

Además, que verifiquen el estado de la infraestructura asociada y que efectúen las reparaciones, adecuaciones y mantenimiento necesarios para dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable, y realizar ante la CONAGUA las gestiones de apoyo económico para estudios y proyectos que permitan la óptima operación de estos sistemas.