Complejidad del trabajo infantil en hogares de San Cristóbal y Tapachula
*Tanto en San Cristóbal de Las Casas como en Tapachula, dijo que hay una naturalización sobre el tipo de actores que ordenan, limpian y procuran el bienestar ajeno. Entre estos trabajadores se encuentran NNA provenientes de regiones rurales con pocas posibilidades de escolaridad o con presencia de violencias intrafamiliares y comunitarias.
Sarai Miranda Juárez, investigadora adscrita al grupo académico de Estudios de Género de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) presentó su libro “Pagar los platos rotos. Violencias interseccionales contra niñas, niños y adolescentes trabajadores del hogar en Chiapas”, para hablar sobre la vigencia de la práctica del trabajo infantil y adolescente asociada a niños, niñas y adolescentes (NNA) de origen rural que se incorporan a mercados de trabajo locales e internacionales.
En el libro, Miranda Juárez describe la complejidad del trabajo infantil y adolescente en hogares de terceros y las violencias que padecen en el ejercicio de su trabajo, situados en dos contextos urbanos de Chiapas: San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.
Por sus características comerciales son ciudades vinculadas con la economía global: en el caso de San Cristóbal de Las Casas, por su vocación turística dirigida a público nacional e internacional. Por otro lado, Tapachula al ser el nodo económico de empresas cafeticultoras y de otros productos agroindustriales que se exportan y se cotizan en dólares.
En ambos contextos, la investigadora indica que se circulan divisas y existe una vasta riqueza de recursos naturales. Sin embargo, es solo una cara de la moneda. Detrás de las experiencias turísticas y económicas vinculadas con la exotización de los pueblos indígenas y las ganancias millonarias de la agroindustria, coexisten desigualdades sociales.
Dichas desigualdades, hacen que los hogares más pobres movilicen a la mayoría de sus miembros hacia el mercado de trabajo: incluyendo a niñas, niños y adolescentes. Así mismo, empujan a las y los adolescentes a buscar estrategias para enfrentar la escasez material y de oportunidades escolares y laborales en sus comunidades de origen.
Además, la especialista señala que Chiapas es uno de los estados con mayores niveles de pobreza a nivel nacional. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL), 83.8% de su población de 0 a 17 años vive en algún nivel de pobreza; de los 18 municipios más pobres del país: cinco de ellos se encuentran en la entidad, misma que encabeza la lista de los estados con menor ingreso mensual por persona.
Lo anterior, afecta en particular a las NNA, quienes ven limitado el acceso a derechos básicos como la alimentación, salud y educación. Al mismo tiempo, la pobreza y marginación que afecta a las infancias y adolescencias compromete el desarrollo presente y futuro de las nuevas generaciones, les expulsa del sistema escolar, reduciendo así sus probabilidades de incorporarse a empleos dignos y de buena calidad.
Miranda Juárez señala que una particularidad de la entidad es su ubicación fronteriza, pues la vuelve el paso y destino de miles de NNA centroamericanos, haitianos y africanos que buscan escapar de contextos de extrema violencia y carencias materiales que les empujan a migrar.
En ese contexto, la especialista propuso seguir investigando como cómo afectan las violencias según la clase social, género, etnia, edad y el origen migratorio, así como las relaciones que se configuran entre estas categorías.
Así pues, las violencias ejercidas vulneran de varias formas los derechos de NNA consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que buscan generar ambientes libres de explotación, malos tratos y violencias.
Por lo que, la investigación sobre violencia contra las mujeres y niñas aún enfrenta considerables caminos por indagar, por ejemplo, la intersección entre el género y otros factores sociales, así como el análisis a partir de enfoques locales “que permitan incluir el papel de los factores estructurales en el nivel regional”.
De ahí, el interés de la investigadora por examinar la práctica del trabajo infantil doméstico en hogares de terceros en dos contextos urbanos con similitudes y diferencias en una misma entidad federativa.
En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, expuso que fue fácil obtener la confianza de los actores sociales involucrados, en particular de las y los empleadores. Abrieron las puertas de sus viviendas y le permitieron observar sus modos de vida y no tuvieron reparo en expresar sus percepciones, prejuicios y estereotipos frente a NNA que realizan trabajo doméstico en sus hogares.
Tampoco mostraron problema alguno en reconocer su interés y preferencia por reclutar niñas y niños frente a mujeres y personas adultas para realizar actividades domésticas. Ello es una muestra de la naturalización de esta práctica social, sobre todo, es una manifestación de la vigente colonización traducida en racismo y discriminación que enfrentan las y los indígenas en esa ciudad.
Solo por mencionar algunos casos, Miranda Juárez dijo que al tocar una puerta donde había un letrero que decía “se solicita muchacha” y ser atendida por la dueña de la vivienda, le preguntó si ella podría brindar informes sobre el letrero, a lo que la entrevistada contestó: “Pero no es un trabajo para muchacha tan bonita, ¿eeehhh?”.
En otra ocasión, al finalizar la entrevista, la empleadora expresó: “Ahora ya entendí, se me hacía raro que vinieras a pedir informes, por lo general quienes vienen no son así como tú”. Esto, más que de características individuales, habla del rostro social del trabajo doméstico y de cuidados asociado a personas indígenas empobrecidas y racializadas.
Así, para las y los empleadores entrevistados en San Cristóbal de Las Casas, el trabajo doméstico y de cuidados está asociado a lo feo, moreno, pobre y en muchos de los casos, a lo que aún debe ser educado y civilizado, así que si se trata de NNA es una mejor opción.
En esta circunstancia, la autora tuvo oportunidad de observar de primera mano las interacciones entre empleadoras y empleadores y NNA trabajadores del hogar, los tratos y maltratos propinados, incluyendo las formas de encierro e inmovilidad de que son objeto.
Para Tapachula el panorama fue distinto, las caminatas por la ciudad y observación en los mercados estuvieron marcadas por la desconfianza de los habitantes. En una visita al mercado San Juan, solicitó una reunión con la asociación de locatarios para poder estar en las instalaciones sin problemas de desconfianza.
Durante la reunión, una de las locatarias expresó que debían tener cuidado con la investigadora, “tiene tatuajes como la gente extranjera que anda por ahí robando”. En Tapachula el trabajo de campo estuvo marcado por la criminalización cotidiana de las personas migrantes.
No obstante, el privilegio racial y de clase social facilitaron hablar con empleadas y empleadoras, incluso observó un trato preferencial en oficinas gubernamentales y consulares. En ambos contextos notó la constante etnitización y racialización del trabajo doméstico, en contraste con la abundancia de un estilo de vida donde domina la blanquitud y servidumbre de tiempo completo para la satisfacción de las necesidades de las clases sociales aventajadas.
La presencia de NNA indígenas, migrantes y empobrecidas son el correlato perfecto para la asociación de esas relaciones jerárquicas de poder. Las entrevistas a NNA resultaron más complejas de lo que parecía de manera inicial..
La investigadora indicó que esta experiencia de investigación puso en evidencia las relaciones de poder entre los actores que participan en el intercambio de servicios domésticos y de cuidados, quienes aportan el trabajo -una NNA— y quienes los reciben: adultas y adultos que se hacen llamar madrinas, tías, señoras, patrones.
Dichos actores están dispuestos a dar alojamiento, manutención y en ocasiones un salario para que se solucionen las necesidades diarias de limpieza, preparación de alimentos, cuidado de niñas, niños y adultos mayores, y todo lo relacionado al mantenimiento de la vivienda y de quienes ahí habitan.
Si bien en el Estado mexicano hay una preocupación por cumplir con los convenios adheridos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la erradicación del trabajo infantil, este tipo de empleos que se desarrollan en la esfera privada y a puertas cerradas, no están en el centro de la atención de la política pública, expuso la investigadora.
Así mismo, agregó que la Comisión Estatal para la Erradicación del Trabajo Infantil de Chiapas se reúne dos veces al año con las autoridades en turno y presenta políticas públicas para atender la problemática del trabajo de niñas y niños, pero siempre enfocado en políticas de limpieza social en las principales ciudades turísticas.
Pues, su postura racista, clasista y adultocéntrica genera que se incida solo en aquellos niños y niñas insertos en el comercio ambulante y dejan en completa desprotección a quienes laboran en minas, cultivos intensivos y a trabajadores y trabajadoras domésticas en hogares de terceros.
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