Defensores tseltales de San Juan Cancuc cumplen tres meses en detención
*El 29 de mayo de 2022, el defensor indígena tseltal de derechos humanos, Manuel Santiz Cruz, fue detenido de manera arbitraria junto con otras dos personas, por integrantes de la policía municipal en la cabecera municipal de San Juan Cancuc, Chiapas.
A través de un comunicado, los defensores Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, informaron que cumplieron 3 meses encarcelados de manera injusta. Y, al analizar la carpeta de investigación, se percataron que el delito por el que se les acusa es de “muerte bajo custodia de la policía municipal de San Juan Cancuc”.
Los defensores resaltaron que la Fiscalía de Justicia menciona en un oficio que la víctima falleció en una patrulla de la policía y en presencia de elementos policiales. Sin embargo, hasta el momento no han investigado al director de la policía municipal y a sus elementos.
Lo anterior, debido a que conocen de un antecedente, se trata del fallecimiento de una persona dentro de la comandancia municipal de San Juan Cancuc, en el mes de noviembre de 2021, y con el mismo delito “muerte bajo custodia”.
Por ello, solicitaron su libertad inmediata y que investiguen la policía municipal de San Juan Cancuc. Así como, acompañarlos y no dejarlos solos en la exigencia de su libertad.
Así pues, el pasado 06 de junio de 2022, los defensores fueron vinculados de manera injusta a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (frayba), dio a conocer el 04 de junio, sobre la criminalización y detención injusta de los cinco indígenas tseltales, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.
El Frayba señaló que, dicho acto forma parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en ese municipio. Así mismo, indicó que dentro de la audiencia, el Juez de Control fue imparcial ya que los vinculó a proceso, cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez.
A ello, se sumaron las contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos. Pese a que defensores del Frayba hicieron notar tales anomalías, el juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones, las deficiencias de la Fiscalía, lo que corroboró su complicidad.
En ese entonces, exigieron una investigación real, efectiva, científica y que agotara todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Aguilar Pérez. De lo documentado por el Centro de Derechos Humanos, registraron que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación.
Por último, recordaron que las detenciones arbitrarias ocurrieron en un contexto en que habitantes del municipio de San Juan Cancuc se han opuesto a la presencia militar en su territorio y al proyecto de una carretera que conectaría a San Cristóbal de Las Casas con la región de Palenque.
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