CIDH finaliza visita a Aldama y Chalchihuitán
* “Agradecemos la solidaridad de la Comisión Interamericana por esta visita y esperamos que su visita funcione y se dé la verdadera solución al conflicto y vivir en paz” representante de Aldama.
*El Frayba ha registrado siete asesinatos en Aldama y uno más en Chalchihuitán, más otras 10 personas que fallecieron por las enfermedades y la situación derivadas del desplazamiento forzado (en su mayoría personas ancianas, niñas y niños). Además, en ambos municipios existe 5005 personas que se encuentran en desplazamiento forzado intermitente y/o permanente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representada por la Comisionada y Relatora para México Esmeralda Elizabeth Arosemena Bernal de Troitiño y Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva, así como personal a cargo de las medidas cautelares, finalizaron su visita a territorio chiapaneca con el fin de hacer un análisis del cumplimiento del Estado mexicano sobre dichas resoluciones.
Ante ello, representantes de las 22 comunidades tsotsiles de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, junto a personal del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” ofrecieron una conferencia de prensa.
Silvia Santiz, en representación del municipio de Aldama, recordó la implementación de las medidas cautelares 35/2021 por el CIDH a favor de 12 comunidades el 23 de abril del 2021. En dichas medidas, se les exigía al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la vida e integridad física de las personas beneficiarias. No obstante, consideró no existen avances contundentes al respecto.
Por ello, la población plasmó sus inconformidades en los siguientes ocho puntos: (1) liberación inmediata de nuestro compañero Cristóbal Santiz “preso político”, (2) investigación, desarme, detención y castigo al grupo agresor; carpetas de investigación, (3) apoyo humanitario, (4) base de operaciones mixtas, (5) arreglo de camino Cotzilnam a Xuxch’en y de Yeton a Cotzilnam, (6) equipamiento de hospital para heridos, lesionados y población en general. Ambulancia. Atención médica a heridos y lesionados, rehabilitación, física y psicológica, (7) albergue para desplazados en las 12 comunidades, nueva escuela primaria de Tabac. Nueva agencia municipal de Tabac y Coco’. (8) radios de comunicación y teléfonos satelitales.
Dichos puntos fueron entregados y expuestos a los tres niveles de gobierno, sin embargo, Santiz mencionó que no ha habido cumplimientos, a excepción del punto 4.
Las comunidades de Aldama, ante la visita de la CIDH el 12 de julio, exteriorizó la situación en la que viven desde hace cinco años.
El riesgo que tenemos a la vida por las agresiones armadas (…) Se llevo a cabo un recorrido hacia nuestras comunidades, visitaron las comunidades de Tabak y Coco, visitaron casas dañadas, agencias municipales, escuelas, escucharon testimonios de niños, mujeres y ancianas respecto a la situación de violencia que se vive, vieron y escucharon de la propia voz del pueblo la violencia, comentó Santiz.
Además, durante la visita de la representación se reunieron la representación, de forma privada, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam con víctimas de los desplazamientos, permanentes, desplazados intermitentes, familiares de asesinados, heridos, mujeres, niñas y familiares del preso político Cristóbal Santiz.
Esta visita es importante, porque el gobierno ha hecho caso omiso y ha simulado las situaciones en la que estamos viviendo por lo que la CIDH se percató de estas situaciones y el incumplimiento de las medidas cautelares, culminó la representante.
Simulación del mecanismo
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” consideró existe una simulación por parte del Estado mexicano de la ejecución del mecanismo manteniendo la situación de gravedad y urgencia.
Para el Frayba, la representación de la CIDH constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que prevalece en Chiapas, así como la ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias, manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia.
La raíz del problema sigue sin atenderse violando el derecho a la no discriminación de los pueblos indígenas. La “ayuda humanitaria” ofrecida por el Estado mexicano es insuficiente y no aborda las cuestiones de fondo que atraviesa la población desplazada, externó Jorge Gómez, abogado del Centro.
Por último, el CDH hizo un llamado al Estado mexicano a cumplir con su obligación internacional en materia de protección de derechos humanos y evitar que las violaciones de éstos se sigan cometiendo en las comunidades de Aldama y Chalchihuitán. Por tanto, es necesario que deje de lado la actitud de simulación frente al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
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