CIDH continuará el seguimiento de las recomendaciones para la protección de comunidades tsotsiles
*Integrantes de las comunidades Canalumtik, Chenmut y Pom mostraron los efectos de la violencia y reportaron que con frecuencia escuchan disparos de armas de fuego en los territorios cercanos, lo que tendrían como finalidad intimidarlos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó del 11 al 15 de julio de 2022, una visita de trabajo a México con el objetivo de supervisar la implementación de las medidas cautelares a favor de familias tsotsiles de 22 comunidades pertenecientes a los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, por hechos de violencia otorgadas en 2017 y 2018.
El 12 de julio, la Comisión se trasladó a Aldama, acompañada de autoridades federales y estatales y del Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» (Frayba). En esa ocasión, tanto la presidenta constitucional y el presidente por usos y costumbres manifestaron el trabajo de concertación y diálogo para la resolución del conflicto.
De este modo, la población plasmó sus inconformidades en los siguientes ocho puntos de las medidas cautelares: (1) liberación inmediata de Cristóbal Santiz “preso político”, (2) investigación, desarme, detención y castigo al grupo agresor; carpetas de investigación, (3) apoyo humanitario, (4) base de operaciones mixtas, (5) arreglo de camino Cotzilnam a Xuxch’en y de Yeton a Cotzilnam.
Así como, (6) equipamiento de hospital para heridos, lesionados y población en general. Ambulancia. Atención médica a heridos y lesionados, rehabilitación, física y psicológica, (7) albergue para desplazados en las 12 comunidades, nueva escuela primaria de Tabac. Nueva agencia municipal de Tabac y Coco’. (8) radios de comunicación y teléfonos satelitales.
Dichos puntos fueron entregados y expuestos a los tres niveles de gobierno, sin embargo, no ha habido cumplimientos, a excepción del punto 4. Por ello, ante la visita de la CIDH, exteriorizaron la situación en la que viven desde hace cinco años.
La delegación también visitó las comunidades de Tabac y Coco, donde constató que se retomaron los trabajos de reconstrucción del camino y el puente ubicado entre ambas comunidades, y el avance en la construcción de viviendas. A su vez, observaron vestigios de la violencia en la zona que afectaron la seguridad y el modo de vida de la comunidad y provocaron el desplazamiento forzado de sus integrantes.
Posterior a ello, en San Pedro Cotzilman, recibieron testimonios de personas beneficiarias y víctimas de violencia sobre personas heridas, fallecidas, desplazamientos forzados y la situación de mujeres y niñas, niños y adolescentes.
En San Cristóbal de Las Casas, el equipo de la visita se reunió con autoridades del gobierno estatal, y con presidentes y comisarios de los municipios de Aldama y Chenalhó, donde recibió información sobre las acciones realizadas para erradicar las causas que originan la disputa territorial.
El Estado y la población informaron que en los últimos tres meses no se reportaron hechos de violencia, sin embargo, las personas expresaron temor e incertidumbre porque los ataques vuelvan, subrayó la CIDH.
En Chalchihuitán, la delegación se reunió con personas beneficiarias del grupo chalchihuite, donde observó el avance de la construcción y entrega de viviendas. Mientras que, integrantes de las comunidades Canalumtik, Chenmut y Pom mostraron los efectos de la violencia y reportaron que con frecuencia escuchan disparos de armas de fuego en los territorios cercanos, lo que tendrían como finalidad intimidarlos.
Después, la Comisión recibió testimonios de varias víctimas sobre el constante temor y zozobra que sienten por la percepción de falta de seguridad en la cabecera municipal de Chalchihuitán, la sensación de continuo hostigamiento y el impacto en sus proyectos de vida.
Para el Frayba, la representación de la CIDH constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que prevalece en Chiapas, así como la ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias, manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia.
En Tuxtla Gutiérrez, la Comisión fue recibida por Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado de Chiapas. Después, se celebró una reunión encabezada por la Secretaría General de Gobierno, con la presencia de altas autoridades municipales, donde informaron sobre la atención integral y permanente que el estado mexicano otorga a las comunidades que se encuentran en medio del conflicto.
Lo anterior, a través de acciones centradas en la solución agraria, fortalecimiento de los programas sociales, salud, educación, infraestructura, seguridad e inteligencia. De igual manera, recibieron información sobre avances en las investigaciones de la Fiscalía, las acciones desplegadas por las fuerzas de seguridad para acompañar a las comunidades, el proceso de pago de indemnizaciones a víctimas y familiares de personas fallecidas, y la atención a personas beneficiarias que sufrieron lesiones medulares.
Así mismo, aportaron detalles sobre los proyectos de vivienda que se implementan con el acompañamiento técnico integral y participativo de las comunidades beneficiarias.
Adicionalmente coincidieron en la disminución de la violencia en las comunidades, y resaltaron los desafíos de mantener los avances de seguridad que se lograron, agregó el CIDH.
El último día, la Comisión mantuvo un encuentro con Francisco Javier Estrada Correa, secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para intercambiar información sobre la situación actual en Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.
Por último, llevaron a cabo un evento de clausura de la visita con la participación de distintas autoridades del ámbito federal y estatal.
Esta visita nos permitió verificar una positiva colaboración y cooperación para buscar la resolución de los conflictos en el territorio; así como la labor de la sociedad civil y de la iglesia en la atención humanitaria y labores de pacificación. Durante los recorridos recibimos con preocupación los testimonios de que la población vive con miedo por la violencia, la cual impacta en la vida de mujeres, niñas, niños, señaló Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada, Relatora para México.
Por su parte, Tania Reneaum Panszi, secretaria Ejecutiva de la CIDH indicó que esta visita resalta el rol que cumple el mecanismo de medidas cautelares en la protección de los derechos y la posibilidad que tienen los Estados, en este caso el de México, de proteger a los pueblos indígenas.
Hemos visto una notable coordinación de esfuerzos de los tres niveles de gobiernos, sin ella, los avances no son viables debido a la complejidad de la problemática, destacó la secretaria Ejecutiva de la CIDH.
La Comisión reconoció el compromiso de las autoridades del Estado mexicano para cumplir con las medidas cautelares y adoptar determinaciones con miras a solucionar la problemática de larga data y complejidad, y buscar mejorar el diálogo para retomar la confianza de las comunidades.
Al mismo tiempo, agradeció la aceptación de la visita, y las facilidades, coordinaciones y seguridad que garantizaron e hicieron posible el trabajo de supervisión de las medidas directamente en el territorio.
También, agradecieron a representantes de las comunidades beneficiarias, y al Frayba por su disposición, acompañamiento y esfuerzos en la organización de la visita y el acercamiento de las personas beneficiarias a la Comisión.
Antecedentes
La Comisión otorgó las medidas cautelares 882-17 (Resolución 15/18) por hechos de violencia informados en contra de las comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó.
Después, otorgó las medidas cautelares 284-18 (Resolución 35/2021) y de manera reciente emitió la Resolución 102/2021, que da seguimiento a ambas medidas cautelares.
La CIDH ha identificado en ambos asuntos la existencia de conflictos territoriales de largo plazo entre pueblos indígenas tsotsiles de distintas comunidades, recibiendo información de múltiples hechos de violencia, que han dejado como saldo personas fallecidas, lesionadas, así como varios eventos de desplazamiento forzado de las comunidades en la zona.
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