Pueblo creyente y Modevite marcha para exigir la libertad de los cinco defensores de San Juan Cancuc
*El 29 de mayo de 2022, el defensor indígena tseltal de derechos humanos, Manuel Santiz Cruz, fue detenido de manera arbitraria junto con otras dos personas, por integrantes de la policía municipal en la cabecera municipal de San Juan Cancuc, Chiapas.
*Durante un operativo realizado en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, el defensor de derechos humanos fue trasladado a Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de Las Casas, sin que se le notificara la razón de su detención. Permaneció más de 24 horas sin acceso a un traductor o a un abogado o abogada.
En el marco de la celebración de la Santísima Trinidad, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) se reunieron realizar la peregrinación “Por la paz y la unidad de nuestros pueblos”.
Entre sus exigencias estuvo la puesta en libertad de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes el pasado 06 de junio de 2022, fueron de manera injusta vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.
Dicho esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (frayba), dio a conocer que el 04 de junio, la criminalización y detención injusta de los cinco indígenas tseltales del Pueblo Creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, del municipio de San Juan Cancuc, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.
Lo anterior, como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.
Dentro de la audiencia de vinculación a proceso, el Frayba indicó que el Juez de Control no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aun cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez. Así mismo, existieron serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos.
Pese a que defensores del Frayba hicieron notar tales anomalías, el Juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corroboró su complicidad. Por ello, exigieron una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Aguilar Pérez.
Que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de derechos humanos y de la vida de cuya inocencia existen múltiples testigos. Así como que las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población, agregó el Frayba.
De lo documentado por el Centro de Derechos Humanos, registraron que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación.
Desafortunadamente, esta mala práctica suele incluir la inculpación de personas inocentes. Patrón que a su vez es avalado por el Poder Judicial del Estado. Bajo este contexto se desarrollan los hechos aquí narrados, expuso el Frayba.
Cabe recordar que, las detenciones arbitrarias ocurrieron en un contexto en que habitantes del municipio de San Juan Cancuc se han opuesto a la presencia militar en su territorio y al proyecto de una carretera que conectaría a San Cristóbal de Las Casas con la región de Palenque.
Dicha carretera forma parte del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región que han sido impulsados por el gobierno sin la consulta previa libre e informada y culturalmente adecuada de las comunidades indígenas quienes defienden el territorio y sus derechos humanos.
En ese sentido, indígenas tseltales de 45 comunidades de San Juan Cancuc, se declararon en contra de la “Carretera de las Culturas”, que comunicará a San Cristóbal y Palenque, pues dijeron que no traerá beneficio para ellos, pero sí el despojo de sus tierras y espacios sagrados.
Dieron a conocer, que el pasado 2 de diciembre de 2020, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros de ese municipio para tratar de convencerlos de la construcción de la denominada: carretera de las culturas.
Sin embargo, representantes de las comunidades tseltales e integrantes del Modevite reiteraron su rechazo al proyecto carretero. Así mismo, los líderes de las 45 comunidades que conforman ese municipio se declararon en resistencia civil en contra de esa vía de comunicación prevista por el gobierno estatal y federal.
Las detenciones arbitrarias parecen ser parte de una estrategia más amplia para reprimir a las comunidades que trabajan pacíficamente por el reconocimiento de sus derechos a la consulta para la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, dijo Front Line Defenders, en un comunicado.
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