Habrá justicia cuando enjuicien a los autores materiales: COPINH

El pueblo Lenca exige la captura de los autores intelectuales de su asesinato. Cortesía: COPINH.

*El asesinato de Cáceres ocurrió el 02 de marzo de 2016, en manos de un ex militar y empresario hondureño -según ha documentado el COPINH-, para así, terminar con la lucha del pueblo indígena lenca por defender los recursos naturales de la explotación de empresas.

La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa en Honduras condenó a 22 años y 6 meses de prisión al ex militar y personero vinculado al Grupo DESA, David Castillo, por su responsabilidad en el asesinato en calidad de coautor de la líder ambientalista Berta Cáceres Flores. Esto después de cerca de un año de espera y 4 postergaciones injustificadas.

Por lo anterior, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) dio a conocer que solo habrá justicia completa cuando capturen, enjuicien y condenen a los autores intelectuales del crimen.

En ese sentido, indicaron que las investigaciones de expertos internacionales han evidenciado que existe una autoría intelectual en el asesinato de Cáceres Flores. Dicha autoría, está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah, junto a Daniel Atala Midence.

El pueblo Lenca exige la captura de los autores intelectuales de su asesinato. Cortesía: COPINH.

Hasta el momento el Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla y en específico de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida no han realizado ni un solo avance real en esclarecer la autoría intelectual en este caso. Exigimos que se cumpla con el deber del Ministerio Público de enjuiciar a los autores intelectuales, expuso el COPINH.

Así mismo, subrayaron que la justicia hondureña falló una vez más en dar justicia a las víctimas. Pues, ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima en contra de uno de sus asesinos. Y, a pesar de acciones simbólicas como la declaración la líder ambientalista como Heroína Nacional o del uso de su imagen en eventos oficiales, no hay ningún avance concreto en la obtención de justicia por parte del estado de Honduras.

Dicho esto, el COPINH junto a hijas e hijo de Cáceres Flores han realizado propuestas concretas para el avance en la justicia integral para la activista, las cuáles serán entregadas a las autoridades competentes, incluyendo la presidencia de la República de Honduras, con el objetivo de garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Fallo condenatorio

El pasado 5 de julio de 2021, el COPINH junto al equipo legal, hijas, hijo y madre de Berta Cáceres comunicaron que la sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró culpable a Castillo Mejía por el asesinato de la activista.

El fallo condenatorio emitido por dicho tribunal, significó que las estructuras de poder no lograron -en este caso- corromper al sistema de justicia y que la estructura criminal de la familia Atala Zablah, de la cual es instrumento Castillo Mejía, no logró sus objetivos.

Por ello, reafirmaron que la Causa Berta Cáceres de Justicia en Honduras no termino con la resolución, sino que se encamina a llevar ante la justicia a los autores intelectuales del crimen. Así mismo, reconocieron este paso de justicia como una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado dicho proceso, de la comunidad solidaria y derechos humanos.

El pueblo Lenca exige la captura de los autores intelectuales de su asesinato. Cortesía: COPINH.

Cabe recordar que la culpabilidad del ex militar en la planificación, coordinación y supervisión del asesinato de la activista se establecido con la evacuación de más de 70 pruebas. Donde demostraron los patrones de comunicación a través de llamadas y mensajes con el condenado Douglas Bustillo.

Así como los mensajes de WhatsApp de sus propias comunicaciones con la estructura criminal DESA de la familia Atala Zablah y, el patrón de corrupción y criminalidad seguido por el imputado desde el año 2009.

Castillo Mejía fue detenido, casi dos años después de las detenciones de los autores materiales: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, empleado de DESA; Douglas Geovanny Bustillo, sargento retirado; y Mariano Díaz Chávez, mayor de las fuerzas armadas, quienes ya fueron sentenciados a 30 años y 6 meses de prisión cada uno.