Gobierno federal abandonó a su suerte a las personas migrantes durante la pandemia: investigadores

No hay estadísticas oficiales que indiquen cuántos migrantes se han contagiado de Covid-19, durante su tránsito por México/Ángeles Mariscal

*Eligieron estas entidades por su carácter transfronterizo y por las características de la población migrante que de manera regular transita por su territorio. 

Jorge Culebro Moreno, Carlos González Zepeda y Zoila Román Espinal, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa (UAM-C), a través del articulo “Migración, gestión de crisis y el papel de los gobiernos subnacionales ante la COVID-19: los casos de Baja California y Chiapas, México” analizan las políticas dirigidas a reducir el impacto de la crisis originada por el brote de Covid-19 en dos gobiernos subnacionales en México que comparten fronteras como son Baja California y Chiapas.

Con base en la literatura sobre gestión de crisis y mediante el análisis comparativo, mostraron las acciones, programas y políticas implementadas por los gobiernos subnacionales, en específico aquellas dirigidas a la población migrante durante la pandemia.

Así mismo, contribuyen a la discusión sobre gestión de crisis y migración en el contexto del brote de Covid-19. Concluyen que el tipo de crisis, las características político-administrativas, así como las trayectorias históricas y la coordinación con la estrategia federal influyen en la implementación de las acciones destinadas a disminuir el impacto de la crisis en un contexto de migración.

Es así como los investigadores indicaron que por su ubicación en la frontera sur, Chiapas juega un papel relevante respecto al fenómeno migratorio, al convertirse en el punto de encuentro de miles de personas en movilidad, en especial aquellas de origen centroamericano, que intentan cruzar el país de forma irregular con el propósito de llegar hacia los Estados Unidos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) declaró que hay 60 mil 437 personas residentes en Chiapas nacidas en otro país, de las cuales 33 mil 177 son de origen guatemalteco, 9947 de Honduras y 5 mil 024 de El Salvador. Esto es congruente, pues la mayoría abandona su país desde Centroamérica, y este estado del sur se convierte en un lugar de tránsito migratorio importante dentro de sus trayectorias.

Esa situación ha implicado una vulneración constante de los derechos de las personas migrantes y hechos violatorios, que van desde la violación de sus derechos a la seguridad jurídica, trato digno, legalidad, igualdad, petición, libertad, educación, trabajo, protección de la salud, hasta la vida misma.

Dicha condición, subrayaron que se ha agravado por la pandemia ya que migrantes se han visto forzadas a permanecer en el estado, bajo condiciones de hacinamiento en estaciones migratorias o albergues, y sin las condiciones de higiene y demás medidas sanitarias establecidas por el gobierno de la entidad para contener la pandemia.

Por otra parte, expusieron que en la línea divisoria fronteriza con Guatemala se encuentran siete cruces “formales” con presencia de autoridades migratorias: Ciudad Hidalgo, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Nueva Orizaba, Frontera Corozal y Sueños de Oro. Sin embargo, las personas prefieren utilizar los cruces “informales” para evadir la declaración del ingreso de mercancías y, desde luego, la presentación de documentos migratorios para ingresar al país.

Ahora bien, sobre las acciones del gobierno subnacional ante la Covid-19, Culebro Moreno, González Zepeda y Román Espinal señalaron que desde el 02 de abril de 2020, el gobierno de Chiapas a través de su portal electrónico, publicó información sobre las diferentes acciones emprendidas y puestas en marcha para combatir la pandemia por Covid-19.

Programas en los que observamos la coordinación con el gobierno federal y municipal para implementar medidas de diversa índole. Estas políticas se relacionan con los resultados en la gestión de la crisis, añadieron los investigadores.

Al igual, se centraron en programas y acciones enfocadas en atender a la población mexicana y chiapaneca, mientras que, para la población migrante, en especial aquella que permaneció varada en esta entidad fronteriza, no hubo evidencia de que hayan existido programas en la gestión de crisis que atendieran sus necesidades y requerimientos.

Migrantes han sorteado los efectos de la pandemia por el Covid-19, y transitan en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, donde el gobierno asegura que pueden vacunarse, pero les pide trámites y documentación que les genera desconfianza/Ángeles Mariscal

Desde que se declaró la pandemia, en el estado no observaron programas o políticas concretas por parte de los gobiernos municipales para la protección y apoyo a las personas más vulnerables: migrantes, solicitantes de asilo, y/o refugio. Más que la implementación de medidas para contener el virus, como el cierre parcial de la frontera, suspendiendo así viajes no esenciales y trámites administrativos para regularizar su estancia, quedando varadas sin acceso a derechos básicos.

No obstante, una de las primeras acciones del gobierno ante la declaratoria de la pandemia fue la instalación de 162 filtros sanitarios, a partir del 06 de abril de 2020, en puntos fronterizos y carreteras de Tapachula. Mientras que, a partir del 28 de mayo de ese año, en coordinación con el gobierno de Tuxtla Gutiérrez, instaló 10 filtros más, al ser la capital un foco rojo de contagios.

De acuerdo con la información que les proporcionó el gobierno estatal, en términos de la reducción de contagios en la capital chiapaneca, señalaron que la instalación de los filtros arrojó resultados efectivos para la mitigación de contagios, por lo que también se implementaron en el primer cuadro de la ciudad de Tapachula.

Según en el segundo informe de gobierno, Rutilio Escandón Cadenas con el apoyo de autoridades federales y municipales, a través del “Plan Estratégico Filtros Sanitarios Emergencia Sanitaria SARSCoV-2”, se instalaron filtros sanitarios para ingresar a la entidad.

Migrantes han sorteado los efectos de la pandemia por el Covid-19, y transitan en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, donde el gobierno asegura que pueden vacunarse, pero les pide trámites y documentación que les genera desconfianza/Ángeles Mariscal

Acerca de las políticas y programas para la población migrante en Chiapas durante la pandemia, los investigadores afirmaron que si bien el estado mexicano de manera oficial no cerró su frontera sur derivado de la pandemia, los puertos fronterizos fueron resguardados por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y por más de mil 700 elementos de la Guardia Nacional. Lo anterior, con el objetivo de restringir el paso de personas o vehículos de un país a otro y evitar la propagación del contagio. En el caso de Guatemala, el gobierno decidió cerrar sus fronteras, disposición que ha motivado decisiones críticas por parte del gobierno mexicano y de Chiapas.

Mientras que el gobierno federal ha utilizado estrategias de control interno y ha abandonado a personas migrantes a su suerte en las calles, el gobierno chiapaneco ha promovido políticas de aislamiento social sin tomar en consideración la composición y características de los movimientos migratorios en municipios como Tapachula, expusieron los investigadores.

Por ejemplo, en la entidad existen cuatro estaciones migratorias y seis provisionales. En total, tienen capacidad para recibir a mil 395 personas migrantes, no obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha evidenciado en recientes informes que incluso antes de la pandemia habían encontrado irregularidades en estos espacios, que incluyen hacinamiento, sobrepoblación, mala alimentación y carencia de servicios médicos.

A la par, encontraron que los guardias de seguridad ejercían funciones que no les correspondían, como la revisión de las pertenencias de las personas migrantes que ingresaban y el reparto de medicinas. Además de la falta de protección sanitaria como de insumos básicos: cubrebocas, gel antibacterial, incluso “numerosas irregularidades en estas instalaciones.

Por ejemplo, no hay servicios de luz y agua, las condiciones de higiene son malas, y lo más grave: detectaron a mujeres y niñas detenidas y que no presentaban síntomas aparentes conviviendo con otras personas migrantes contagiadas. Precisamente ante estas circunstancias, el INM fue acreedor a seis recomendaciones emitidas por el órgano garante, la gran mayoría enmarcadas por la pandemia de coronavirus, subrayaron los especialistas.

Sobre lo anterior, un ejemplo más de las omisiones fue el caso de 480 personas migrantes centroamericanas procedentes de las estaciones migratorias de Acayucan, Veracruz, y Matamoros, Tamaulipas.

Personas migrantes y solicitantes de asilo esperando poder tener cita en el Instituto Nacional de
Migración. Imagen: Cortesía.

En un principio, las personas serían deportadas a través de la frontera de Talismán, pero ante el cierre de la frontera guatemalteca resultó imposible, y agentes del INM los abandonaron en la carretera Tapachula-Tapanatepec, para que por sus propios medios intentaran ingresar a su país.

Tal decisión fue tomada en virtud de dos problemas a los que se enfrentó el personal del INM. Por un lado, dichas autoridades intentaron abandonar a las personas migrantes en Talismán, pero la población residente no permitió el ingreso de las personas migrantes a la localidad por temor al contagio, situación que alimentó las acciones xenófobas y su vulnerabilidad.

Por otro lado, integrarlos a la “Estación Migratoria Siglo XXI” resultaba imposible, a pesar de tener una capacidad para albergar a 960 personas, se encontraba rebasado en su capacidad antes de la pandemia.

En ese sentido, indicaron que era evidente que el INM actuó en plena violación de los derechos humanos de las personas migrantes y sin ningún tipo de coordinación consular para remediar la situación, al mismo tiempo, no buscaron los espacios para reubicar a las personas migrantes en albergues o espacios provisionales dentro de la entidad en tanto se resolvía su situación migratoria.

Otro escenario en el que las personas migrantes se vieron afectadas debido a las decisiones por parte del gobierno, se dio en el espacio público, ante las políticas de aislamiento social y cierre de espacios públicos dictados por el gobierno estatal, impidió la movilización y actividades de la población migrante, principalmente en Tapachula.

En ese municipio, una gran cantidad de migrantes han tenido que permanecer entre uno y tres meses, incluso más, residiendo en especial las áreas urbanas, por la espera ante la resolución del INM sobre su estatus migratorio o su resolución por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) sobre su solicitud de la condición de refugiado en el país.

El proceso de la solicitud se amplió por la suspensión de trámites, en virtud de que en Tapachula se encuentran las cuatro oficinas en México de dicha Comisión. Como referencia 74 mil 597 personas han ingresado solicitudes de refugio en la delegación chiapaneca de 2018 a abril de 2020.

El hecho de que la población migrante, en una situación normal tuviera que esperar hasta 90 días para que su solicitud de refugiado fuera resuelta, y por la pandemia, el tiempo se haya ampliado hasta por más de cinco meses, torna el panorama altamente crítico, mencionaron Culebro Moreno, González Zepeda y Román Espinal.