Es una estrategia de represión: Front Line Defenders condena la detención de cinco tseltales
*Manuel Santiz Cruz es defensor de derechos humanos indígena tseltal y presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia San Juan Evangelista en San Juan Cancuc. Su trabajo, se enfoca en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la autonomía y libre determinación.
La organización internacional Front Line Defenders, condenó la detención arbitraria del defensor de derechos humanos tseltal Manuel Santiz Cruz junto con otras dos personas, por miembros de la policía municipal en San Juan Cancuc, Chiapas. Esto, durante un operativo realizado en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, el pasado 29 de mayo de 2022.
Al mismo tiempo, indicaron que el defensor de derechos humanos fue trasladado a la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de Las Casas, sin ser notificado del motivo de su detención y estuvo retenido por más de 24 horas sin acceso a traductor ni abogado.
Posterior a ello, las autoridades presentaron cargos falsos de “posesión de drogas” contra el defensor. El 31 de mayo, fue puesto en libertad. Sin embargo, fue detenido de nuevo por la Fiscalía de Justicia Indígena, ahora por el delito de “homicidio agravado”.
Para el 1 de junio, familiares y compañeros de Santiz Cruz acudieron al Juzgado de Control, donde fueron detenidas dos personas más sin orden de aprehensión: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes declararon a favor del defensor y han sido imputados por homicidio agravado.
Aunado a ello, en la sala del tribunal, miembros del equipo legal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y observadores internacionales de derechos humanos de la organización SweFOR fueron amenazados por la policía estatal.
Por ello, Front Line Defenders subrayó que las detenciones arbitrarias se dieron en un contexto en el que habitantes de San Juan Cancuc se han opuesto a la presencia militar en su territorio y a la construcción de un proyecto carretero que conectaría a San Cristóbal de Las Casas con la región de Palenque.
Dicha carretera, es parte del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región que han sido impulsados por el gobierno sin una “consulta libre, previamente informada y culturalmente adecuada” a las comunidades indígenas que defienden su territorio y derechos humanos.
Cabe recordar que, indígenas tseltales de 45 comunidades de San Juan Cancuc, se declararon en contra de la “Carretera de las Culturas”, que comunicará a San Cristóbal y Palenque, pues dijeron que no traerá beneficio para ellos, pero sí el despojo de sus tierras y espacios sagrados.
Dieron a conocer, que el pasado 2 de diciembre de 2020, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros de ese municipio para tratar de convencerlos de la construcción de la denominada: carretera de las culturas.
Sin embargo, representantes de las comunidades tseltales e integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reiteraron su rechazo al proyecto carretero. Así mismo, los líderes de las 45 comunidades que conforman ese municipio se declararon en resistencia civil en contra de esa vía de comunicación prevista por el gobierno estatal y federal.
Además, denunciaron que por medio de amenazas y condicionamientos, operadores políticos del gobierno estatal y federal, estuvieron presionando a los líderes de todas y cada una de las comunidades para que acepten el proyecto carretero. Y, señalaron que la supercarretera, autopista o carretera, sólo es la punta de lanza de una embestida para imponer proyectos de despojo que reconfiguren el territorio de los pueblos indígenas.
Por esa razón, la organización internacional reiteró su profunda preocupación por la detención arbitraria de Santiz Cruz y otros miembros de la comunidad, que parece estar relacionada de manera directa con el trabajo colectivo legítimo a favor de los derechos de los pueblos indígenas, en particular la autodeterminación y autonomía.
Las detenciones arbitrarias parecen ser parte de una estrategia más amplia para reprimir a las comunidades que trabajan pacíficamente por el reconocimiento de sus derechos a la consulta para la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, concluyó Front Line Defenders.
No comments yet.